Existe un riesgo público de sufrir daño patrimonial que crece al mezclar inseguridad e innovación tecnológica con lagunas judiciales y que se cuantifica en robos de identidad y fraudes bancarios.
El uso de credenciales expedidas por el IFE/INE para cometer estos delitos, aunado a la ausencia de una norma que permita cancelar la validez de ese documento oficial, útil instrumento para obtener tarjetas de crédito y líneas de financiamiento de forma expedita, agrava la situación.
Denuncias diarias en la CDMX por asalto a mano armada (tarjetas y credenciales incluidas), que no se atienden, investigan, persiguen ni castigan. Mercados negros a la vista para traficar con plásticos bancarios, tarjetas clonadas y apropiación de identificaciones oficiales imposibles de cancelar.
Clientes bancarios son al mismo tiempo víctimas de un sistema que suma complicidades en todos los niveles con la más absoluta de las impunidades. Interminable, la lista de personas que, tras retirar efectivo en ventanillas de sucursales, son asaltadas afuera; son la punta del iceberg.
Las víctimas, incluso mortales por estos ilícitos, se acumulan muy por encima de las sentencias que se logran. Ausencia del Estado de Derecho, inseguridad e impunidad puras.
Falsificación de cheques que se pagan fuera del promedio del cliente, supervisiones internas llenas de observaciones y sistemas de seguridad para clientes que no reciben inversión acorde a las comisiones que cobran a sus usuarios son norma en algunos bancos.
Banco Azteca, bien. La institución dirigida por Alejandro Valenzuela, integrante de Grupo Salinas, fue considerada por Brand Finance dentro de las 500 marcas financieras más valiosas a nivel global y como el tercer banco en México. Distinción que apela a su potencial, seguridad interna y manejo financiero sólido y profesional.
HSBC, mal. En México HSBC se distingue por lo opuesto, la mala atención a sus clientes, sistemas de seguimiento y bases de datos desarticuladas, estándares expuestos a quejas por arbitrariedades.
HSBC trabaja aquí con altos niveles de rentabilidad y mínimos de servicio; su gobierno corporativo queda rebasado, ajeno a la actividad operativa de sus sucursales y ejecutivos de piso.
Condusef, peor. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que preside Mario di Costanzo, se debilita sistemáticamente por su falta de capacidad para incidir a favor de aquellos clientes que han sido abusados por sus bancos, víctimas por doble partida ante su pobre papel de conciliador.
La luz mediática que Condusef reclama para sí cuando anuncia nuevas métricas, estadísticas y recomendaciones generalistas contrasta con el volumen de casos resueltos a favor de clientes, no de las instituciones.
Si bien la ley ha dotado a la Comisión de facultades limitadas, resulta cierto que la vocación de su presidente se ha cargado del lado de la exposición, la grilla y el poder ante instancias bancarias y no al de la defensa de los usuarios, que, en los tiempos actuales, es más necesaria que nunca.
Este artículo fue publicado en La Razón el 14 de febrero de 2017, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.
