La reciente comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el marco del cuarto Examen Periódico Universal (EPU), exhibió el retroceso observado en nuestro país en la materia durante este sexenio.
La presentación de nuestros representantes del gobierno mexicano, lejos de reflejar una postura sólida y comprometida, parecía más un intento por desviar la atención hacia temas que poco o nada tienen que ver con los Derechos Humanos, destacando supuestos “logros” como la creación de la Guardia Nacional, el incremento al salario mínimo y los programas sociales.
El aumento en el número de recomendaciones recibidas a través del EPU, de 264 en 2018 a más de 300 en esta ocasión, nos muestra que la comunidad internacional observa con preocupación la situación en México.
Los temas señalados – desapariciones, violencia contra periodistas, derechos de la niñez y adolescencia, situación de grupos indígenas y afrodescendientes, movilidad humana, militarización y discriminación – son áreas en las que resulta urgente un cambio radical.
La militarización del país es un tema que ha llamado especialmente la atención. Las naciones han expresado su preocupación por la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en actividades civiles.
Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá nos hicieron fuertes señalamientos por la pobre fiscalización a las Fuerzas Armadas y la desmilitarización de la Guardia Nacional, los cuales quedaron sin respuesta por parte de la delegación mexicana. Esto es un claro indicativo de que este tema no está siendo abordado con seriedad.
Otra área de gran preocupación es la violencia contra periodistas, especialmente contra mujeres periodistas, cuya situación ha empeorado dramáticamente. La libertad de expresión está bajo asedio en México, y esto es algo que no puede ser ignorado ni minimizado.
La vergonzosa presentación de México en el EPU revela una desconexión entre lo que el Estado informa y la realidad. La falta de datos concretos, la ausencia de resultados medibles y la falta de transparencia en la implementación de programas son claros indicativos del fracaso de este gobierno en materia de derechos humanos.
Es claro que en nuestro país se vive una severa crisis de derechos humanos que se agrava en un clima de corrupción e impunidad, haciendo casi imposible que las víctimas accedan a la justicia.
Paradójicamente, las recomendaciones de la comunidad internacional derivadas del EPU llegan exactamente el mismo día en que Rosario Piedra, titular de la CNDH, propone desaparecer a esta institución bajo el argumento de ser una entidad neoliberal que ya no sirve. Lejos de fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos humanos, se plantea eliminar a la única institución pública dedicada a esa labor.
Los resultados de México en el EPU de este año representan un llamado de atención para la sociedad. No podemos seguir ignorando una realidad que día a día afecta a millones de mexicanos.
Es ahora o nunca: la ciudadanía debe decidir entre seguir por el mismo camino de simulación y autoritarismo o cambiar de rumbo y optar por un gobierno que tome acciones concretas, transparentes y eficaces para garantizar el respeto a los derechos humanos en México.
