Morena dictaminó la contrarreforma electoral iniciada por Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo sumisa y mansamente pero, para aparentar un exhaustivo análisis legislativo, las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentaron el 23 de noviembre un legajo que llenó 938 páginas. En realidad, el sentido del dictamen es el de avalar el dictado presidencial “sin moverle ni una coma”, como ya es costumbre en las legislaturas dominadas por el partido color sangre.
Con todo, es reveladora la lectura del dictamen, comenzando porque reconoce explícitamente que la iniciativa obradorista plantea como su esencia la idea de “suprimir al INE” (página 70). En las últimas semanas, el iniciador y el coro de intelectuales orgánicos del gobierno se habían esmerado en “aclarar” que “nadie propone desaparecer al INE”, pero la iniciativa así lo dice y así lo hizo constar el propio proyecto de dictamen de la diputación oficialista.
Según afirma el documento elaborado por las directivas de las Comisiones Unidas mencionadas, la materia del dictamen son 80 iniciativas turnadas, pero las dictaminadoras ignoraron olímpicamente 79, pues se concentra en descubrir las bondades de la que remitió el inquilino de Palacio Nacional, que es la única que interesó a los h. diputados. Se podía esperar, no justificar, el desprecio a las que presentaron los diputados del PAN (13), del PRI (12) del MC (6) y la que interpuso el Congreso Estatal de Aguascalientes (la diputación perredista decidió, por estrategia, no presentar iniciativas en esta materia). Pero la misma suerte corrieron las 4 iniciativas del PT y hasta las 43 iniciadas por diputados de Morena. Ninguna de las propuestas de los diputados se tomó en cuenta. En cuanto al estratégico artículo 41 constitucional, el dictamen afirma que sólo coinciden con la propuesta presidencial 22 de las 79 iniciativas, sin que se aclare de qué tipo de coincidencias se trata (página 752).
Lo mismo sucede con el llamado Parlamento Abierto, que la mayoría organizó para encubrir la iniciativa de López Obrador con un velo de auscultación. El dictamen dedica su Apartado C a presentar una sinopsis de las ponencias, y consume en ello 291 páginas (la tercera parte de su extensión total). A pesar de que la mayoría de los expertos en materia electoral se abstuvieron de comparecer en este ejercicio dado su carácter unilateral, el dictamen reconoce que se escucharon más opiniones adversas que a favor de la iniciativa presidencial en lo referente a los siguientes temas: la supresión del INE, el surgimiento del INEC, la extinción de los OPLES y los tribunales electorales estatales, supresión del financiamiento ordinario de los partidos políticos y reducción en el acceso de las campañas a radio y televisión. Hubo opinión dividida en cuanto a la eliminación de mayoría relativa para que todos los diputados sean electos por listas plurinominales, en tanto que solo en dos asuntos, voto electrónico y reducción de diputados locales y ayuntamientos, se manifestó mayormente anuencia con la propuesta presidencial. Pero el contenido de todas las ponencias fue ignorado. Habrá que avisar a los ponentes que ninguna de sus ideas se tomó en cuenta para la elaboración del dictamen.
En su Apartado D, el dictamen se funda en la lectura amañada de diversas encuestas de opinión para afirmar que “es el pueblo el que quiere la reforma electoral de López Obrador”, afirmación desmentida por los altos índices de popularidad y aceptación que tiene el INE y por las marchas del 13N, en las que participaron cientos de miles de personas.
Las iniciativas de sus colegas poco interesan a los diputados de la mayoría artificial, igual que las observaciones que vertieron los expertos, así como las opiniones de la población. Tampoco hacen caso de las recomendaciones de organismos internacionales de los que México forma parte, como la Comisión de Venecia y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que censuraron acremente el ataque a la autonomía del órgano electoral.
Los diputados levantadedos votarán por suprimir al INE y por crear un adefesio malhecho llamado INEC, por el abaratamiento de las elecciones, la captura del padrón electoral para que quede a cargo de la Secretaría de Gobernación, la privatización de los tiempos fiscales de radio y televisión, por la despenalización del acarreo y del clientelismo electoral, así como a favor de que se difunda propaganda gubernamental durante las campañas y en plena jornada electoral. Esperemos que, en defensa de la democracia, los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y MC cierren filas y voten en contra (como ya lo anunciaron) de manera que, al no obtener la mayoría calificada, la iniciativa de López Obrador se vaya al cesto de los asuntos desechados por el Congreso.
