Los graves remanentes que tiene el país en materia de violencia e inseguridad, y que afectan de manera tan dolorosa a los ciudadanos, requieren de mucho tiempo y de diversas estrategias que puedan revertir el actual orden de las cosas.
Es importante saberlo y reconocerlo, porque permite entender los tiempos y delimitar de la mejor manera responsabilidades y conocer las razones y orígenes de ello.
Efectivamente, las cosas no van a cambiar en cinco minutos. El Gobierno ha sido insistente en esto, pero se le están juntando en el tiempo las promesas hechas en campaña y ha estado apareciendo, como le decíamos la semana pasada, la impaciencia en unos y otros.
El Gobierno no puede lanzar responsabilidades y culpas a diestra y siniestra, porque el tiempo ya le corre en su contra, o en su favor, según se quiera ver, desde hace meses.
Quiere decir que la pelota está en su cancha y que debe asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Esto se ha dado en algunos casos, pero en otros, el silencio o meterse en los terrenos de la guerra de cifras sobre el número de personas muertas tiende a diluir y hasta banalizar el necesario debate.
La agudización de la violencia en estos meses tiene muchas formas de interpretarse. Si bien venimos de situaciones al límite, no se ha visto en este periodo que las cosas estén cambiando.
Lo que si se está padeciendo es una agudización de la violencia. El discurso y los hechos están siendo muy distintos en los terrenos de la llamada “terca realidad”.
Este fin de semana volvió a ser fatal y terrible. Lo de Minatitlán confirma la descomposición. No hubo la más mínima consideración en el ataque de sicarios en una fiesta privada. Todo indica que éstos se metieron a una fiesta en la que entró una persona a la que perseguían. No les importó que el perseguido nada tuviera que ver con la fiesta; dispararon sin ton ni son, incluso contra una mujer que llevaba a su hijo de menos de un año en brazos.
Los hechos merecían una respuesta diferente de la que se ha dado hasta ahora; estamos, además, en medio de un absurda lucha entre el fiscal y el gobernador de Veracruz.
El debate de hace unos días que tuvo el Presidente con el periodista de Univisión-Televisa sobre el número de personas muertas en el país por hechos violentos es más importante y significativo de lo que a simple vista se vio.
Buena parte de la mañanera se centró en cuestiones de forma, más que de fondo. Parte de lo que pasó se limitó a señalar si el periodista se comportó de una manera u otra, y si el Presidente se incomodó.
El tema es de mayor profundidad. Llama la atención porque andamos en medio de filias y fobias alrededor del Presidente. Pareciera que el número de personas muertas por hechos violentos fuera secundario. No es la primera vez, por cierto, que le presentan estas cifras al Presidente; quizá lo que se dio es que estaba en terrenos en que no pudo evitar la controversia con el protagónico periodista.
Si el Gobierno no tiene cifras precisas no va a ser posible que sean efectivas sus políticas públicas; es por ello que éste es, debe ser, uno de los ejes del verdadero debate. Tener información precisa es el fundamento de cualquier acción de gobierno; lo que ha pasado es que el Gobierno es reacio cuando se habla de cifras y estadísticas.
Revertir la violencia e inseguridad requiere de tiempo, todos lo sabemos, incluso quienes despotrican con cualquier pretexto contra el Presidente.
Uno de los problemas está en la forma en que reacciona el Gobierno ante la crítica y ante información que no le gusta o parece.
En el tema de la violencia e inseguridad todos estamos bien metidos. El Presidente debe entenderlo y hacernos partícipes para ir juntos, en esto no hay verdades absolutas; ya se debieron dar cuenta.
RESQUICIOS.
Será la herencia de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, o lo que fuere, pero es un hecho que Veracruz sigue en lo mismo.
Este artículo fue publicado en La Razón el 22 de abril de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
