Para estar en posibilidades de triunfar en las elecciones de 2024, la oposición debe denunciar y atajar la inconstitucional operación de clientelismo electoral con la que López Obrador pretende imponer el triunfo del continuismo. Mantener la iniciativa y la unidad de las oposiciones, enarbolar una propuesta de política social en favor de la igualdad de oportunidades, son elementos tan importantes como lo es poner presión alta al ejército electoral de AMLO para contrarrestar su operativo.
López Obrador comanda la coacción masiva del voto que hacen coordinada y sistemáticamente los mal llamados servidores de la nación. Es una de sus estrategias principales para 2024, junto a las inauguraciones de obras faraónicas (aunque no estén terminadas), la descarada intromisión gubernamental en las elecciones y la recurrencia de acuerdos con los poderes fácticos, los militares y las bandas criminales. Pero, sin duda, es la estrategia más directamente electoral y de control político para intentar la imposición y eternización de su proyecto transexenal.
Lo denuncié desde 2019: un ejército electoral de 20 mil elementos, pagado con recursos públicos (su costo de nómina es de 6 mil millones anuales), bajo la dirección del propio presidente a través de una Coordinación General, los superdelegados de cada estado y 266 coordinadores regionales. Tal es la legión que opera el plan faccioso de control del voto. Ejerce discrecional y arbitrariamente los recursos públicos destinados a los programas sociales de la Federación en montos crecientes: si en 2019 los servidores de la nación manejaron 220 mil millones de pesos por concepto de pensiones, becas y otros apoyos, para el año 2024 se cuadruplicó, pues habrán de ejercer 733 mil millones de pesos no para erradicar la pobreza, sino para condicionar el voto de los beneficiarios.
Uno de los frentes de esta batalla es la exigencia de reglas para evitar la injerencia de los “servidores de la nación” en las campañas y durante la jornada electoral. Con motivo de las elecciones de gobernador de Tamaulipas en 2022 denunciamos la presencia en las casillas electorales de servidores de la nación que portaban nombramientos de representantes de casilla expedidos por Morena y sus rémoras. Por orden del Tribunal electoral, el INE expidió una primera versión de Lineamientos en la materia, pero ese acuerdo fue impugnado por Morena y por López Obrador a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Al resolver esa impugnación, el TEPJF confirmó que el INE tiene competencia para emitir tales regulaciones, pero revocó la primera versión de las mismas al considerar que el INE se excedió en el cumplimiento de la primera sentencia. Es por ello que el máximo Tribunal electoral ordenó la emisión de una nueva versión, cosa con la que el INE cumplió este 21 de septiembre.
Finalmente, el INE ratificó su acuerdo para evitar la injerencia en las campañas y durante la jornada electoral por parte de la burocracia vinculada con la ejecución y otorgamiento de programas sociales. Les ordenó conducirse en apego a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. Se les prohibió difundir que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político y, también, que la continuidad de los apoyos depende del triunfo del partido oficial.
Les quedó prohibido a los servidores de la nación ser funcionarios de las casillas y ser acreditados como observadores, lo mismo que ser registrados para representantes generales o de casilla de los partidos.
Exigir que los nuevos Lineamientos del INE se cumplan en los hechos, denunciar el condicionamiento ilegal de los programas sociales y ofrecer una política social para mitigar la desigualdad social, son aspectos de una estrategia opositora que puede neutralizar la de compra y coacción masiva del voto en la que la 4T cifra sus esperanzas de triunfo en las próximas elecciones.
Cincelada: “Toma lo que te den y vota libre”, decía Maquío y también nosotros, con Heberto Castillo, contra la compra de votos décadas atrás. El obradorato le da renovada vigencia a esa consigna.
