El Decreto del presidente López Obrador que reduce el tiempo fiscal del Estado en radio y televisión es un obsequio indebido, innecesario e inoportuno a esas empresas privadas.
El Decreto se expide precisamente cuando nos encontramos en medio de la pandemia y el Estado requiere, más que nunca, de espacios para comunicarse con la sociedad. Esa decisión que ratifica la torpeza con la que el gobierno está enfrentando la peor crisis sanitaria en décadas.
El presidente López Obrador les regala 7 minutos diarios a cada empresa de televisión y 14 minutos diarios a cada radiodifusora. Se trata de una reducción del 40% respecto del tiempo fiscal que había hasta ahora.
El tiempo fiscal se emplea para difundir mensajes del gobierno federal, los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos. El presidente había dicho que su gobierno dejaría de emplear ese tiempo. Era una decisión cuestionable.
El único argumento que ofrece el Decreto es que “la carga regulatoria y fiscal que el Estado ha impuesto a los concesionarios… se considera que es excesiva”. El presidente le debe a la sociedad una explicación (¡otra más!) por esa inopinada afirmación.
Al dejar sin una parte de esos espacios al resto de las instituciones del Estado el presidente López Obrador atenta contra derechos del Congreso, de la Suprema Corte, del INE y la UNAM, entre otras instituciones.
Sobre todo, al hacer ese regalo a los empresarios de la radiodifusión el presidente dilapida recursos del Estado mexicano. No hay justificación económica, legal ni política para ese obsequio.
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