Recientemente, dos propuestas legislativas discutidas en el Congreso de la Unión revivieron el debate sobre la seguridad pública, los derechos humanos y el rol que las Fuerzas Armadas deben desempeñar en un Estado democrático de derecho.
En primer lugar, la iniciativa presidencial –aprobada por el oficialismo en ambas cámaras– para incorporar a la Guardia Nacional a la SEDENA y, con ello, colocar una institución de seguridad civil bajo el control de las autoridades militares.
En segundo lugar, la propuesta de ampliar de cinco a nueve años el periodo para que el titular del Ejecutivo pueda disponer de las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, mediante una reforma constitucional. Su discusión se aplazó en el Senado de la República, donde la mayoría parlamentaria estimó que no contaría con los votos necesarios para su aprobación.
Independientemente de su objetivo particular, ambas propuestas se inscriben en un contexto de militarización, en el que se pretende normalizar cada vez más la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en las calles, así como su creciente uso para realizar tareas que no les corresponden: desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la gestión de aduanas.
Es cierto: la crisis de inseguridad y violencia sigue cobrando víctimas y poniendo en riesgo la seguridad de las personas en gran parte del territorio nacional. Los homicidios han alcanzado máximos históricos en los últimos años, el crimen organizado ha diversificado sus actividades y se ha convertido en un actor cada vez más relevante, que logra incidir hasta en los procesos electorales.
Sin embargo, también es cierto que la estrategia de seguridad pública basada en la participación de militares en activo ha mostrado no ser eficaz para enfrentar la crisis, con altos costos en términos de violaciones a derechos humanos. La razón es muy simple: los elementos de nuestras FFAA no están entrenados para ser policías, sino para ser soldados.
En este contexto, lo más sorprendente es que la iniciativa para ampliar el señalado plazo constitucional para las FFAA no haya salido desde el oficialismo, sino desde el PRI. Un grupo parlamentario secuestrado por su dirigente, quien ha preferido anteponer sus intereses particulares a los intereses de la militancia, de la oposición y hasta de la ciudadanía que le brindó su confianza en las urnas. Concretamente, prefirió salvarse antes que salvar a México.
Con ello, no sólo se traicionó el compromiso de no admitir modificación constitucional alguna hasta el fin de la Legislatura, un acuerdo pactado con el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados; también se puso en riesgo la viabilidad de la alianza parlamentaria y de la eventual coalición electoral entre los tres partidos.
Se argumentó que la ampliación era necesaria porque aún falta tiempo para consolidar a la Guardia Nacional. Pero no se realizó ninguna propuesta para alcanzar ese objetivo. Se insistió en la necesidad de que el Ejército y la Marina sigan respaldando a policías estatales y municipales, pero no se estableció ningún planteamiento para fortalecer a estas instituciones, ni mucho menos una estrategia de coordinación entre órdenes de gobierno.
Y, cuando el mismo Presidente admitió que si se rechaza la volvería a presentar admitiendo con ello la paternidad sobre la iniciativa, ¿por qué habría de ser el PRI quien solicite la prórroga? En todo caso, ello le correspondería a las bancadas oficiales, una vez terminado el plazo que actualmente establece la Constitución.
Con esta propuesta, la dirigencia nacional del PRI estuvo dispuesta a que dicho partido sea quien asuma los costos de una política de seguridad fallida, a minar la confianza de sus aliados opositores y a desgastar aún más la imagen del partido frente a una ciudadanía cada vez más crítica. No sólo. Admitió en la práctica que su dirigente es vulnerable ante las presiones y, con ello, que el gobierno puede romper la alianza de la oposición que es lo que en realidad le preocupa con relación al 2024.
Un dirigente partidista tiene muchas responsabilidades. Le corresponde dar cauce a las distintas expresiones al interior del partido, representar la voluntad de la militancia, garantizar la convivencia armónica de intereses diversos con un propósito en común; traducir los esfuerzos institucionales en victorias electorales. Y, por supuesto, rendir cuentas a las y los militantes. En pocas palabras: todo lo que no ha hecho el presidente nacional del PRI. La iniciativa militarista, cuyo futuro está en manos de la oposición en el Senado, es sólo una muestra más de su irresponsabilidad y de su falta de compromiso y amor por México.
