Bajo la administración actual , que se presenta como la “Cuarta Transformación”, la salud pública atraviesa por una de las peores etapas de su historia reciente, y lo hace sin que hasta el momento exista un reconocimiento claro de la magnitud del problema ni una estrategia efectiva para enfrentarlo.
Los datos son contundentes. La mortalidad materna, un indicador que refleja no solo la calidad del sistema de salud sino también el nivel de desarrollo de un país, ha registrado incrementos preocupantes en los últimos años. México, que durante décadas logró avances sostenidos en este rubro, hoy muestra retrocesos que nos devuelven a cifras de hace más de una década. Cada muerte materna no es una estadística fría; es una tragedia evitable, una falla del Estado en su obligación más elemental.
A esto se suma el desabasto crónico de medicamentos. Millones de recetas no surtidas se han convertido en una constante, no en una excepción. Para el discurso oficial, se trata de “ajustes”, “transiciones” o “problemas heredados”. Para los pacientes, significa suspender tratamientos, racionar pastillas, recurrir al endeudamiento o, en el peor de los casos, resignarse a empeorar. En oncología pediátrica, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión o VIH, la falta de medicamentos no es un inconveniente administrativo; es una sentencia.
La desaparición del Seguro Popular y su sustitución por modelos improvisados, mal planeados y deficientemente financiados dejó a millones de personas en un limbo institucional. El INSABI fue anunciado como una solución universal, gratuita y eficaz; en la práctica resultó un experimento fallido que agravó la fragmentación del sistema. Hoy, la promesa de un acceso universal a la salud contrasta brutalmente con hospitales saturados, personal exhausto, equipos obsoletos o descompuestos y pacientes que deben llevar desde gasas hasta medicamentos básicos.
El problema no es únicamente presupuestal, aunque los recortes son evidentes. Es, sobre todo, un problema de prioridades. Mientras se destinan recursos multimillonarios a proyectos faraónicos de dudosa rentabilidad social, la salud pública sobrevive con mentiras, discursos y propaganda. En la 4T la narrativa importa más que los resultados, y admitir errores es imposible. “Nosotros nunca nos equivocamos” dirían al igual que sus maestros de la URSS.
El personal médico y de enfermería enfrentan condiciones laborales precarias, contratos temporales, falta de insumos y una carga laboral y emocional creciente. Muchos profesionales trabajan en condiciones que rozan lo inhumano, sosteniendo con vocación lo que la política pública ha abandonado. No es casual que aumente la renuncia de médicos o el desgaste profesional; cuando el sistema colapsa, quienes lo sostienen también se rompen.
Lo más grave es el efecto social de esta crisis. La ciudadanía percibe que enfermarse se ha vuelto un riesgo económico y vital. El miedo ya no es solo al diagnóstico, sino al sistema mismo: ¿habrá medicamentos?, ¿habrá camas?, ¿habrá atención oportuna? Esa incertidumbre erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la desigualdad, porque quienes pueden pagar atención privada lo hacen, mientras los más vulnerables quedan atrapados en un sistema que no responde.
La continuidad de la 4T en materia de salud parece haber apostado por la negación, la inercia y la resignación de los ciudadanos No hay autocrítica, no hay evaluación, no hay rectificación. Se insiste en un modelo ideológico mientras los indicadores empeoran y la experiencia cotidiana de millones de mexicanos confirma lo que los datos ya advierten.
La salud no admite dogmas ni experimentos prolongados. No es un campo para la improvisación ni para la propaganda. Un Estado que no garantiza atención médica digna está fallando en su razón de ser. México necesita, con urgencia, una política de salud basada en evidencia, planeación, financiamiento suficiente y respeto al personal médico. Cada día que se posterga esa corrección se traduce en sufrimiento y muertes innecesarias.
La pregunta ya no es si el sistema de salud está en crisis. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a soportarla antes de exigir un cambio real, mientras vemos con indignación la aparición de multimillonarios dentro del sistema.
