I. Actividad político financiera ordinaria

Con mucha frecuencia las personas de los partidos políticos pierden de vista que, además de su función eminentemente política de estos organismos, un partido político también es un ente económico de cobertura nacional.  La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que será su obligación el participar en los comicios electorales en todo el territorio nacional.  Incluso una de las causales de pérdida de registro, es no participar en ellos o cometer faltas altamente graves, que por lo general se identifican con el financiamiento.

Luego entonces, un partido político nacional debe contar con presencia en los 300 distritos electorales federales, distribuidos en toda la República Mexicana. Cada uno de esos distritos se convierte en una unidad económica generadora de ingreso y gasto, ya que como cualquier ente económico, requiere forzosamente de personal altamente calificado para hacer realidad su encomienda constitucional y legal, si es que no quiere correr riesgos sancionatorios; de un espacio físico con servicios y dimensión suficiente; mobiliario y equipo de oficina; de transporte; de cómputo; contratar y pagar bienes; servicios en general, y muchos etcéteras, de tal suerte que esté debidamente equipado y avituallado para responder eficiente y eficazmente a los retos de su operación político-electoral en toda la amplia planicie mexicana.

Además, los partidos políticos son entidades reguladas y, en algunos casos, me parece que incluso hasta en exceso.  Un ejemplo de ello son las disposiciones legales en torno al ejercicio del gasto en actividades específicas y para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, programado y reportado a través del “Programa Anual de Trabajo” del gasto programado (PAT), que requiere hasta cierto punto, de un alto grado de especialización en estas dos materias, toda vez que se planea y se programa a través de proyectos concretos y precisos con estos perfiles alineados a la temática normativa, con el establecimiento de objetivos, indicadores y metas precisas para cada uno de ellos.  Todavía hay en los partidos, a quienes, por la dinámica de la política, y ante la ausencia o errática normatividad que antes existía, que les cuesta trabajo o se resisten al cambio cultural en estos renglones, para ajustarse a los nuevos lineamientos normativos que regulan estas dos tareas en lo particular.

Finalmente, de lo que se trata en este circuito, es de que estos recursos se destinen exclusivamente a mejorar la calidad de la democracia; de formar mejores ciudadanos y de coadyuvar a empoderar a las mujeres mediante el impulso y creación de más y mejores liderazgos femeninos, de tal suerte que con la debida preparación y capacitación, aspiren a ocupar cargos públicos, ya sean de elección popular o en la administración pública, y porque no, también en el círculo judicial como en la esfera de los órganos autónomos.  En pocas palabras, en el servicio público.

Sin duda esta es la mejor inversión, si se quiere más y mejor democracia, pues en un país realmente la calidad de la democracia se mide por la calidad de sus ciudadanos; y no tanto por la cantidad de sus ciudadanos.  Ciudadanos de papel o solo útiles para el voto en los procesos electorales, ya no.  Hoy se requieren ciudadanos informados, activos, participativos, efectivos y responsables todo el tiempo; consientes y responsables verdaderamente en su toma de decisiones, pues lo que siempre estará en juego es el futuro del país.  El país no es una cosa menor, sino de la suprema trascendencia y valor.  Con el país no se juega, por eso se requieren auténticos, consolidados, comprometidos y responsables ciudadanos.

Por lo mismo, estos institutos políticos deben contar con una estructura suficiente, apropiada y preparada, como lo puede ser, en este modelo esquemático, el cual sería variable de acuerdo al tamaño del partido político de que se trate, instaurar una Secretaría de Administración y Finanzas o equivalente, apoyada por las siguientes áreas sustantivas: contabilidad federal, contabilidad de los estados, tesorería, ingresos privados, servicios generales, impuestos, jurídico, administración de personal, gasto programado y control interno, entre otras importantes vetas que no se deben descuidar.

• Contabilidad federal. Debe administrar la información que se deriva de los ingresos y gastos ejercidos por el Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente, del partido político de manera centralizada.
• Contabilidad estados. Debe administrar el registro contable de los ingresos y gastos ejercidos en los estados, cuyo origen es la prerrogativa pública federal, además de vigilar el correcto ejercicio del financiamiento estatal que por separado reciben.
• Tesorería. Administra ingresos y egresos, flujos de efectivo y pagos.
• Ingresos privados. Es el área que planea y administra las aportaciones de militantes, simpatizantes y candidatos, las que pueden ser ordinarias y extraordinarias, ya sea en efectivo a través de transferencias bancarias o en especie, lo cual requiere de un procedimiento cuidadoso sobre su origen, registro, destino e informe al órgano electoral, para no poner en riesgo al partido político, con la aplicación de sanciones o la pérdida del registro en el ámbito estatal.
• Atiende los temas relacionados con la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya sea por la operación cotidiana del partido, como los correspondientes a los procesos electorales.
• Servicios generales. Atiende lo relativo a la correcta administración de los servicios necesarios para el buen funcionamiento del partido político en todo el territorio nacional, o por lo menos, según sea el caso, en el círculo de su sede nacional.
• Es un área novedosa. Se considera necesaria derivado de las elevadas sanciones que los partidos políticos han tenido que enfrentar, con motivo de una deficiente administración de la retención y entero de impuestos a la autoridad hacendaria.
• Jurídico. Es un área de vital importancia que debe atender la parte jurídica, contenciosa en materia laboral, mercantil, civil, penal, administrativa y amparo. Considero que por cuerda separada debe existir otra área altamente especializada para atender los temas puramente electorales.
• Administración y desarrollo de personal. Atiende las altas, bajas, incidencias, administración de nómina y en general, las labores relacionadas con el recurso humano y su adecuada capacitación, así como lo relativo a seguridad social, tal es el caso del IMSS e INFONAVIT, así como atender lo dispuesto por la Norma 32 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Es el área responsable de administrar todo el sistema informático de toda la estructura orgánica del partido; el diseño de páginas electrónicas, así como el de otros procesos electrónicos, como pueden ser también la realización de cursos y conferencias en línea, de Consejos y Congresos a través de las herramientas digitales y, a veces, hasta la renovación y elección interna de sus diversos órganos centrales y territoriales.
• Gasto programado. Administra conforme a los lineamientos normativos especiales que existen para estos dos espacios, el correcto ejercicio del gasto en actividades específicas y para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
• Finalmente, el área de control interno. También es un área novedosa, que se considera necesaria para la mejor supervisión del gasto realizado en los estados, tanto de la inyección que hace el partido a su estructura territorial del recurso económico federal, como del recurso local que reciben los partidos en los estados donde tienen representación legal, y que por este hecho reciben financiamiento de los órganos electorales estatales para el desarrollo de su actividad político-electoral en cada uno de los estados.

Esto es así, ya que las deficiencias en los estados que deriven en sanciones, pueden ser repercutidas y cobradas por el INE a los partidos políticos en su terreno nacional, mermando con ello la integridad de los recursos financieros disponibles.

Es una actividad que, en coadyuvancia con la administración central del partido político nacional, bien puede ser realizada por la Auditoría Externa, con la que normativamente los partidos políticos deben contar.  Valga decir, que erróneamente los partidos han contratado a despachos externos sólo para cumplir con el requisito legal, sin recibir o exigir a cambio valores agregados preventivos y/o correctivos antes que se presenten los informes del gasto ordinario como del etiquetado al INE, o bien, durante la etapa procesal administrativa de errores y omisiones, de tal suerte que representen disminución de riesgos y, por lo tanto, disminución o eliminación de sanciones, lo cual, con el mismo fin, esta coadyuvancia debe ampliarse su participación a los procesos electorales, cuya participación, además de ayudar en una apropiada capacitación, orientación, planeación, programación y supervisión del gasto y topes de campaña de los candidatos, puede encender el foco amarillo o rojo del semáforo de cada candidato, para que no pongan en riesgo el perder su candidatura por el indebido registro y uso de los recursos, así como por su rebase de los topes de campaña de los candidatos.

Temas de riesgo del gasto ordinario

Por lo menos, son siete los principales puntos de riesgo a controlar, ya que su omisión genera multas muy significativas, derivado de los montos:

1. Cuentas por cobrar. Es una partida que se origina fundamentalmente por la falta de un instrumento normativo, que permita la comprobación del gasto en actividad política, en que los partidos incurren a la entrega de recursos con el ánimo de que sean comprobados con documentación que cumpla con requisitos fiscales, además de los específicos establecidos por el INE, hechos que en ocasiones no ocurre. El incumplimiento se considera grave porque representa salidas de dinero no comprobada o sin objeto partidista. Valga anticipar, que todo tipo de gasto que realice, necesariamente debe tener un objeto partidista.
2. Cuentas por pagar. Representa bienes o servicios efectivamente recibidos que, por razones imputables al partido, no son pagados. La sanción es significativa porque representa ingresos de origen prohibido.
3. Impuestos y derechos por pagar. Son retenciones de impuestos no enterados al fisco federal o local, incluidos los derechos de seguridad social correspondientes al IMSS y al INFONAVIT.  Se asimila a actos de defraudación fiscal.
4. Errores o insuficiencias en el ejercicio del recurso para el gasto programado (PAT). Derivado de que el gasto en actividades específicas (cursos, tareas editoriales o investigaciones), así como el gasto para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, se considera un recurso etiquetado, su ejercicio incorrecto o insuficiente se sanciona. Algunos de los errores frecuentes es no incluir correctamente los proyectos en el PAT, no documentar debidamente el gasto ejercido y gastar menos de lo que establece la ley (5% para actividades específicas: 3% entregado por la federación y 2% aportado por el partido, y 3% para promover el liderazgo político de las mujeres).

Así como no contar con los testigos o evidencias idóneas correspondientes u omitir registrarlas en el SIF, puede representar sanciones de hasta el 200%, además de la devolución del remanente no ejercido al órgano electoral. También omitir presentar el PAT en los tiempos normativos que establece el INE, se puede correr el riesgo de que dicho Instituto deje sin el recurso anual de esta naturaleza al Partido Político.

5. Gasto sin objeto partidista. Es una falta que se origina porque no se documenta correctamente el destino del gasto. Por ejemplo: el concepto de respeto a la vida interna de los partidos políticos, permite que múltiples conceptos de gasto sean permitidos, siempre que se justifique fehacientemente el efecto del mismo, en la vida democrática del país.
6. Financiamiento privado. Este renglón requiere de especial atención, ya que se debe cuidar que no provenga de personas morales ni de los entes prohibidos por la ley, así como que no se rebase el tope permitido a los partidos políticos, lo cual debe informarse periódicamente al INE, así como también, en el mismo sentido, del que reciben los candidatos para la promoción política de su campaña.
7. Omitir presentar los informes trimestrales conlleva sus riesgos, pero aún más trascendente lo es no presentar los informes anuales, en tiempo y forma al INE, ya que se corre el riesgo que, en un momento dado, el INE como medida sancionatoria pudiera dejar sin financiamiento al partido político omiso, lo cual sería catastrófico, toda vez que prácticamente se dejaría sin operar al partido político durante el año de que se tratara.

 II. Campañas electorales 2021

El proceso electoral ya empezó, por lo que el inicio de las precampañas y campañas, ya están a la vuelta de la esquina.  Este proceso electoral es el más grande en la historia de México, por el elevado número de cargos públicos a elegir.  Ello implica, por obvias razones, una carga de trabajo mucho mayor y complejo para las áreas administrativas financieras de los partidos políticos, por lo que ya deben estar tomando las medidas preventivas que el caso amerita, para que, si es el caso, redimensionarlas y ponerlas a tono con la nueva demanda de trabajo, mucho del cual amerita especial atención, con el propósito de evitar mayores y elevadas multas a los partidos.

Los partidos políticos, si no quieren que les ganen las prisas, porque todavía hay que programar los cursos de inducción para este personal, deben iniciar ya la conformación de los equipos de trabajo que harán frente a la rendición de cuentas de entre 13 mil y 15 mil informes del gasto de precampaña y campaña a nivel nacional.

El número significativo de informes a presentar, surge del siguiente razonamiento:

1. En el ámbito federal, se elegirá a 300 diputados de mayoría relativa (MR) y 200 de representación proporcional (RP).

Las precampañas durarán 40 días y podrían generar la obligación de presentar 2 informes por cada precandidato registrado. Respecto de las campañas, tendrán una duración de 60 días, temporalidad que origina que se deban presentar 2 informes por cada candidato.

Los candidatos de Representación Proporcional, tienen derecho a realizar campaña electoral, situación que generaría también la obligación de presentar los informes respectivos.

En resumen, para el proceso federal electoral, un partido político podría tener la obligación de presentar 1,600 informes de precampaña y campaña, bajo el escenario ideal, aunque en la práctica no es así, de que sólo hubiese un precandidato por cada distrito electoral federal y de que todos los candidatos por Representación Proporcional realizaran campaña.

Cabe hacer mención que, como lo acabamos de decir, en la práctica en el caso de la etapa de precampaña, se ve casi imposible que solo se registre un precandidato por distrito electoral, ya que la experiencia en los partidos enseña que por lo general se registran varios precandidatos por distrito electoral, con lo cual se eleva el mínimo de informes a rendir.

2. Por lo que hace a la contienda electoral local, el reto es exponencialmente mayor, pues habrá elecciones en las 32 entidades federativas. Se elegirán 15 gubernaturas, 642 diputaciones de Mayoría Relativa, 421 de Representación Proporcional, 1,910 Presidentes Municipales, 16 alcaldías y 22 cargos auxiliares.

Suman 3,026 cargos de elección popular, que igualmente generaría la obligación de presentar, en un escenario ideal, cuando menos 12,104 informes de precampaña y campaña, asumiendo que sólo un precandidato fuese registrado por cada campaña.

Por lo que hace a las estructuras necesarias para rendir cuentas, se considera que un contador con experiencia puede contabilizar entre 15 y 20 candidatos, a excepción de gubernaturas, en donde se requieren cuando menos siete contadores con experiencia para cada candidato, con la particularidad de que invariablemente deberá existir una estación de trabajo en la entidad federativa de que se trate.

Lo anterior significa que, al existir 3,511 campañas, sin incluir a las gubernaturas, un partido político requerirá para el registro contable de los ingresos y gastos cuando menos 175 contadores, más 105 para las gubernaturas; y para la supervisión y toma de decisiones, lo recomendable es 1 jefe por cada 20 contadores y 1 líder de proyecto por cada 4 jefes, además de 1 jefe y 1 líder de proyecto para cada gubernatura.

En resumen, se requerirán 280 contadores con experiencia en materia electoral, 29 jefes y 29 líderes de proyecto con igual especialidad. No necesariamente todos tienen que ser externos; lo recomendable es “echar mano” del personal que ya colabora en los partidos políticos en sus áreas administrativas-financieras, aunque hay que reconocer que su plantilla de personal permanente es magra, para atender apropiadamente el reto de la dimensión del trabajo electoral que se ve venir.

Por lo que hace a la temporalidad de las contrataciones, ese considera conveniente que estás deberán ser de diciembre de 2020 a agosto de 2021; esto es, cuando menos 9 meses, pues los procesos electorales en materia de rendición de cuentas concluyen en fecha posterior al dictamen, toda vez que surge la posibilidad de impugnaciones, quejas y oficios, que deberán ser atendidos por las instancias electorales competentes.

Otro factor que surge, por si el puramente electoral fuera poco, y que debe ser considerado por ser también una obligación legal, es el relativo al personal necesario para la atención de quejas y solicitudes de transparencia, que, al ser inciertas, puede generar estrés en los equipos de trabajo, pues ambos requerimientos tienen plazos fatales.

Asimismo, otro componente importante y que con frecuencia al parecer desprecian los institutos políticos, es el relacionado a la presentación de quejas en materia de fiscalización, pues no se debe olvidar que, dadas las condiciones actuales, algunas campañas se podrán ganar o perder en la mesa, y no necesariamente por el voto popular.

Finalmente, otro punto neurálgico y de vital importancia, es el relativo al montaje de la estructura electoral, donde se deben prevenir, atender y dotar de los utilitarios, promocionales y cursos respectivos a los ejércitos de promotores del voto, a los candidatos, a representantes generales y de casilla, así como a los propios representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales distritales federales, así como ante los órganos electorales locales, ya que todo el gasto que se genera en esta etapa es fiscalizable y sancionable.

Es de subrayar que, además deberán realizarse campañas oportunas de capacitación en materia de financiamiento: ingresos, egresos y registro oportuno y correcto de estos, a precandidatos, candidatos, representantes financieros de estos dos últimos, a la estructura orgánica central y territorial del propio partido, y a los representantes ante los órganos electorales, con el objeto de  prepararlos y dotarlos  de las herramientas correspondientes, con el objetivo de evitar infracciones a la normatividad y, por lo tanto, la aplicación de sanciones al partido político y, en su caso, a los precandidatos y candidatos.  Estos cursos propedéuticos en estas ramas, al final del día siempre han sido benéficos y han traído buenos resultados de los servicios profesionales electorales. Por eso, es saludable contar con el respaldo confiable del despacho externo, de tal suerte que coadyuve eficiente y eficazmente en estas tareas y que en principio podrìa participar y apoyar en las siguientes líneas de trabajo.

• Capacitación a precandidatos y candidatos.
• Capacitación a responsables financieros.
• Capacitación a representantes ante los órganos electorales.
• Planeación financiera de cada precampaña y campaña.
• Planeación financiera de adquisiciones centralizadas o por entidad federativa de utilitarios y propaganda.
• Planeación de la estrategia para el financiamiento privado y del público.
• Planeación y registro de la agenda de eventos.
• Planeación de gastos en internet y redes sociales.
• Planeación para la contratación de anuncios espectaculares y para la pinta y anuncios en paredes.
• Elaboración de modelos de contratos.
• Presentación de avisos de contratación.
• Revisión de la inscripción vigente de proveedores en el “Registro Nacional de Proveedores” (RNP) del INE.
• Validación de documentación soporte de operaciones contables.
• Incorporación de registros contables en el “Sistema Integral de Fiscalización” (SIF), del INE.
• Asesoría para la contratación de todo tipo de gastos de precampaña y de campaña.
• Avances informativos sobre el desarrollo de las precampañas y campañas.
• Atención de solicitudes de transparencia.
• Atención de quejas en materia de fiscalización.
• Elaboración de quejas en materia de fiscalización contra contrincantes electorales en campaña.

Temas de riesgo en precampañas y campañas

1. Falta de planeación estratégica de las campañas, que incluya una alineación de la agenda con los eventos realizados, previendo los conceptos de gasto a ejercer, los gastos no permitidos y los ingresos prohibidos.
2. Designación del responsable financiero para cada campaña, con el perfil profesional idóneo, con conocimiento técnico y experiencia probada en el medio.
3. Mala planeación en la obtención del financiamiento privado, que puede derivar en la aceptación de financiamiento de origen prohibido, que incluso puede ser causal de anulación de la candidatura; hecho que resultaría catastrófico para el candidato y el partido político de que se trate, en caso de ser el vencedor de la competencia electoral.
4. La posibilidad del ejercicio del gasto para actividad política es limitada por la norma, por lo que la planeación del gasto operativo para campaña y el que se pague a representantes de casilla y representantes generales, resulta estratégico, no sólo para la rendición de cuentas, sino para la obtención y el cuidado de los votos.
5. Que realmente exista la voluntad del candidato de ajustarse al mandamiento de la norma; reconocer y aceptar el trabajo profesional de su representante financiero y equipo de trabajo; dialogar y aceptar sus recomendaciones sobre la materia, toda vez que siempre tienen el buen propósito de cuidarle la espalda en el terreno de la fiscalización, la rendición de cuentas y de la transparencia. En la política, hay que decirlo, la experiencia enseña que muchas veces los candidatos prefieren ignorar en algunos casos estas recomendaciones que se les formulan y a veces hasta prefieren prescindir de sus servicios, porque consideran que sus recomendaciones y advertencias los obstaculiza y les quita plena libertad para realizar su campaña electoral.

No es así, hoy las cosas ya cambiaron y la norma hoy es más explícita y puntual sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en las campañas.  Hoy existen tres vertientes normativas que se tienen que observar: fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, en la competencia electoral, a imagen y semejanza del espíritu que prevalece en las justas olímpicas.  Por lo menos esta puede ser una aspiración en el propósito y ánimo de contribuir a mejorar la calidad de la democracia.

Conclusión

La rendición de cuentas de los partidos políticos, tanto en su actividad ordinaria como en sus procesos electorales, son un tema de la más alta especialidad. Hoy así lo exige la norma de una democracia transparente y de avanzada.

Ya no resulta conveniente el designar a los responsables financieros sólo por un tema de amistad y de confianza; la cual ciertamente es importante, sino además debe ser una persona o un grupo de ellas, con conocimiento normativo y técnico suficiente y experiencia profesional probada, que garanticen la correcta administración de los recursos y el cumplimiento normativo en el  origen y destino de los mismos; hechos que benefician al partido no sólo en su imagen pública que debería ser pulcra y de confianza, de tal suerte que permita fortalecer, vigorizar y  relanzar al sistema de partidos políticos, sino también en la anulación de los perjuicios que provocan las sanciones excesivas a sus finanzas, pues no se debe perder de vista que las elevadas multas impuestas, siempre representan la pérdida sensible de recursos económicos que bien podrían emplearse para la intensa actividad política, para la alta competencia político-electoral, de tal suerte que, en la configuración plural democrática, les permita tener una buena presencia representativa, importante voz  que deba escucharse y voto que influya en los órganos de gobierno correspondientes, además de la anulación de candidaturas y, en casos graves de violación a la ley, hasta con el riesgo de la frustrante cancelación del registro al partido político, lo cual significaría su muerte y desaparición del escenario político-electoral del país.

Pues lo que puede estar en juego es el destino del partido que es el valor superior que todos están obligados a cuidar y preservar a toda costa, por una mala administración de los recursos económicos, al no contar con una administración eficiente ni finanzas sanas, rubros estos a los que a veces no se les da la importancia debida, dado que la mayor atención de los actores políticos se centra más, sino es que solo, en la actividad político electoral.  A veces no se le da la importancia que requieren estos expedientes; pero es más común que se minimicen en los procesos electorales, porque partidos, precandidatos y candidatos se concentran prácticamente en los tramos de precampañas y campañas, lo cual es totalmente valido, toda vez que solo con votos se gana y con votos se tiene mayor financiamiento público, así como presencia y fortaleza de los partidos políticos; pero no por ello pueden soslayar o descuidar la salud de los ramos administrativos financieros, pues también son aliento y oxígeno puro en la vida de los partidos políticos.

Nos guste o no, pero es la realidad, con dinero bien habido se hace política.  Por eso, debe valorarse y apreciarse más el escalón administrativo-financiero de estos institutos políticos, aunado a su ya ineludible tránsito por el enramado andamiaje de la fiscalización, de la rendición de cuentas y de la transparencia.

2021 es la hora de los partidos políticos, de la sociedad y de la democracia. De reconciliarse y de reivindicarse con la sociedad; y a través del voto responsable, darle vida y oxigeno puro a la verdadera democracia. El voto debe depositarse razonadamente el día de la jornada electoral, de manera libre, consciente y responsable en las urnas electorales, que son la alcancía y futuro de la democracia, donde deba fijarse el destino de México.