En los años noventa, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del PRD, ofreció una perspectiva lúcida sobre cómo el PRI mantenía su poder a pesar de sus errores y corruptelas. Acusó al régimen de querer ‘ganar a la mala’, según él, el método del fraude electoral había evolucionado: en lugar del robo de urnas o la falsificación de actas, se empleaba el presupuesto público para crear una ilusión de prosperidad, ofreciendo ayudas personalizadas para captar votos. Esta estrategia, según López Obrador, constituía la esencia de la nueva dominación del PRI.
Sin embargo, la ironía del destino ha llevado a López Obrador, ahora presidente de México, a emplear estrategias similares a las que criticaba. La utilización del erario para distribuir ayudas personalizadas con el fin de obtener votos, táctica antes criticada, se ha convertido en el arma letal de su gobierno. Esta estrategia ha probado su eficacia; más allá de los sesgos, Claudia Sheinbaum lidera las encuestas presidenciales.
Las encuestas muestran una división significativa entre beneficiarios de programas sociales y quienes no los reciben, revelando una correlación entre el apoyo gubernamental y la intención de voto. López Obrador ha logrado vincular su imagen personal con los beneficios de estos programas, fortaleciendo su posición política.
Según la encuesta de El Financiero del 1 de abril, Sheinbaum aventaja a Xochitl Gálvez por 17 puntos porcentuales. Esta misma encuesta evaluó las preferencias electorales de los beneficiarios de programas sociales, resultando en que el 64% de ellos indicó que votaría por la candidata de López Obrador, frente al 36% de quienes no reciben dichos programas.
Esta práctica perpetúa una cultura política donde la dependencia del Estado y la lealtad partidaria se convierten en el medio para acceder a beneficios sociales, erosionando los principios de una democracia saludable en la que el voto es libre y no está influenciado por la distribución de recursos.
Lo cierto es que los programas sociales del gobierno actual no son una concesión del presidente. Por mandato constitucional, el gobierno está obligado a ejecutarlos, y los recursos de los que emanan provienen de los impuestos de los ciudadanos, incluyendo los de aquellos que reciben estos apoyos.
El adoctrinamiento de los beneficiarios de programas sociales para convertirlos en votantes acríticos del oficialismo no es suficiente para ganar una elección presidencial; sin embargo, sí crea condiciones de inequidad en la contienda.
Corresponde a los ciudadanos informarse y votar conscientemente, perder el miedo y romper el círculo perverso que tanto denunció López Obrador como opositor y que ahora pone en práctica como gobernante.
La verdadera medida de un gobierno no reside en su habilidad para ‘ganar a la mala’ y mantenerse en el poder, sino en cómo utiliza ese poder para el bienestar y progreso de sus ciudadanos. López Obrador y su movimiento político enfrentan la dureza de la realidad, y la historia habrá de juzgarlos más temprano que tarde.
