Justicia anormal. El círculo de la estancia del GIEI para asistir a la PGR en la investigación del caso Iguala se cierra con la fiscalía en el banquillo de los acusados. El grupo de expertos de la CIDH se despide en abierta confrontación con la dependencia y la inusual petición de que el responsable policiaco de las pesquisas sea apartado del caso por “tergiversar los hechos” sobre la desaparición de los normalistas. Si su trabajo exhibe las deficiencias en la procuración de justicia en México, el titular de la AIC, Tomás Zerón, se ofrece como crisol de las prácticas negras de las fiscalías en el país que incluyen desde la construcción de casos hasta confesiones con tortura. Más allá de la confrontación con el gobierno, lo cierto es que el trabajo del GIEI no es muy distinto del que deberán hacer policías y ministerios públicos con las nuevas reglas y estándares de la Reforma Penal. ¿Cómo aplicar esta reforma sin fiscalías transparentes? ¿Están capacitados para el resguardo del lugar de hallazgos de un crimen? ¿Documentación de pruebas y evidencias para dar certeza a la investigación sin invención de culpables y declaraciones con tortura?
El mayor desafío que deja el GIEI es saber si la Reforma Penal será capaz de romper con el modelo de opacidad y discrecionalidad en la investigación policiaca y el trabajo de las fiscalías. Su actuación está en el centro de la falta de credibilidad en la justicia por operar sin el debido respeto a los derechos humanos. La lista de casos desde el juicio a Florence
Cassez hasta el de Los Porkys en Veracruz revela las irregularidades que operan en un MP. El trabajo de investigación y documentación del GIEI es un duro golpe para la credibilidad de la fiscalía.
La mayor aportación de su trabajo, más allá del caso Iguala, es servir como cuadro plástico de los obstáculos para la aplicación de la Reforma Penal en puerta: desmontar un viejo sistema construido sobre la potestad de la autoridad de actuar libre y prudencialmente en la construcción de casos judiciales, aunque afecte sus competencias y las reglas que protegen los derechos de todo acusado o detenido. Es plástico porque es distinto conocer diagnósticos sobre el talón de Aquiles de la justicia en unMP, que mostrar (se) en público las posibles omisiones sobre el respeto a las garantías del debido proceso del propio encargado de la investigación del asunto de violación a los derechos humanos. Ya no se trata del desencuentro con el GIEI, sino de la duda sobre la legalidad de la actuación del fiscal.
La PGR abre una investigación interna a los agentes del caso Ayotzinapa encabezados por Zerón, un vuelco del caso que deja mal parada a la justicia del país y refuerza la desconfianza en sus prácticas y modos de operar. El posible “manoseo” de la investigación sin cuidar los procedimientos de “estándares mínimos internacionales” en la actuación del MP, como acusa el GIEI; vacíos u ocultamiento de información de diligencias donde se encontraron pruebas “clave” de toda la investigación; respuestas de defensa que desmiente la ONU y la constatación de que el gran reto de la transformación que espera a la justicia comienza en el MP. En el país está a la puerta de la mayor transformación de la impartición de justicia en su historia moderna con la entrada en vigor de la Reforma Penal y la transición hacia el modelo de juicios orales. La actuación de la PGR en Ayotzinapa no es diferente a la de casos que pone tras las rejas a acusados con los dichos de la policía como pruebas condenatorias. Investigaciones sin cuidar el resguardo y documentar pruebas y evidencias para dar certeza al acusado, omisiones y ocultamiento de información, confesiones arrancadas por tortura como los 17 expedientes que se investigan del caso Iguala por esta práctica.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 01 de Mayo de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
