El fracaso del GIEI en el caso Iguala mella el prestigio de la CIDH: su periplo mexicano estuvo marcado por la falta de sensibilidad hacia los familiares de las víctimas y el irrespeto a la sociedad:
1- Primero (página 345, informe septiembre 2015) basó sus recomendaciones en buscar muertos a los 43 estudiantes en hornos crematorios y fosas clandestinas.
2.- Después generó expectativas de que viven. Su último informe afirma: “no hay evidencia de que en el basurero de Cocula se incendiaron a 43 estudiantes”.
¿A qué se debió este cambio? A que enrumbó su trabajo según los intereses de su jefe, el político mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Porque jamás le interesó encontrar la verdad, sino incidir en la política doméstica: ni siquiera se preocupó por entrevistar a alguno de los 120 aprehendidos por su vinculación con el crimen.
Es curioso que a unos investigadores no les importe preguntar a testigos encarcelados, sobre todo cuando una integrante del GIEI, la colombiana Ángela Buitrago, encarceló ocho años a un coronel, justo con base en un testigo.
Aunque fue un testigo cuyo nombre Buitrago, siendo Fiscal de Colombia, sustrajo de un archivo en un cuartel, por lo que no pudo presentarlo físicamente en juicio. Al ver su nombre en la prensa, el “testigo” apareció y el coronel condenado debió ser puesto en libertad.
Fue por eso que los únicos “testigos” que buscó entrevistar el GIEI aquí fueron militares y, en su informe final, acusa al Ejército. Pero no recomendó investigar y fincar responsabilidad en el robo de los autobuses por parte de los normalistas.
Al contrario, recomendó investigar a… los dueños de los camiones, pese a que en la Normal de Ayotzinapa existe un centenar de autobuses robados. Sin embargo, el GIEI denomina a esto en sus informes “toma de autobuses”.
Es decir, no es delito que los normalistas roben: lo es que los propietarios posean autobuses. Ésa fue la “objetividad” y la “imparcialidad” del derecho a la verdad y del derecho al acceso a la justicia que consideró el GIEI para todas las víctimas del caso Iguala.
Ningún bien hicieron estos expertos al prestigio de la CIDH cuando en el subcontinente urge el concurso de un organismo serio que defienda los derechos humanos: el año pasado asesinaron en Brasil a 29 ecologistas, 25 en Colombia y 101 en Honduras de 2010 a 2014.
El caso más sonado es el de la indígena hondureña Berta Cáceres. Veremos si Honduras deja entrar a la CIDH a investigar el crimen, le paga un millón de dólares cada seis meses y cumple casi el 100 por ciento de sus recomendaciones… como hizo México.
¡Para nada! Porque el caso Iguala fue el Waterloo de la CIDH.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de Abril de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
