El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha dado su tercer informe y ha cimbrado al stablisment de las fuerzas armadas. La Marina y el Ejército no pueden seguir sosteniendo que no sabían, que no vieron, que no participaron, en los acontecimientos de Iguala, Guerrero, esa noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Hoy, a partir de un video tomando por un dron, se muestra que elementos de la marina estuvieron en el basurero de Cocula antes de que llegara el equipo forense argentino. Es como si estuviesen preparando un escenario para el montaje de una obra de teatro: La Verdad Histórica, cuya director de presentarla fue el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
Todo lo hasta ahora investigado, evidencia que las mafias se movieron con libertad, usaron a policías municipales, y los funcionarios y agentes del Estado hicieron mutis dejando se fuese configurando el horror de los acontecimientos, y que derivaron en la masacre y desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Recordemos que el basurero de Cocula fue el centro de la decisión del ex Procurador Murillo, para imponer hechos basados en una confesión, sabemos lograda por tortura, con la pretensión de concluir el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa: “ahí los incineraron, ya no los buscamos, trazamos la ruta para cerrar el caso”; ese fue el guión.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Pero las y los expertos de la CIDH llegaron al país para investigar los hechos y se dieron cuenta de que no hubo incendio capaz de incinerar cuerpos. Recordemos hubo una reacción oficial contra el peritaje del experto internacional en incendios contratado por el GIEI que concluyó no se encontró en el basurero ningún vestigio de que ahí incineraron a alguna persona. La reacción de la procuraduría llevó a integrar otra comisión y nuevamente el debate sobre cuánto tiempo y de qué magnitud deben ser los grados del calor para la desintegración de un cuerpo humano. Era claro y así lo determinó el equipo forense argentino: ese no fue el lugar de destino final de los normalistas desaparecidos. Pura distracción desde el ámbito oficial para imponer una mentira; mientras la crisis que provocaba no saber el paradero y la suerte de los estudiantes desaparecidos, seguía creciendo.
Conviene también recordar entre otras, las demandas de los padres y madres, y del propio GIEI, de que los militares fuesen entrevistados, para saber cómo fue levantada la bitácora de ese hecho y los movimientos de los soldados esa noche. Cuál fue su papel en el C5; ya que desde ahí pudieron comprobar la presencia de los estudiantes en Iguala, y sobretodo lo más importante: los hechos, minuto por minuto. Ni modo no darse cuenta si uno de los eventos de persecución de las patrullas de policías municipales a los autobuses secuestrados por los estudiantes, pasó cerca del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.
En este tercer informe el GIEI señala los estudiantes estaban penetrados desde 2010 y dos agentes estaban entre los estudiantes e informaban lo que acontecía. Toda la población de este municipio se enteró del horror provocado por las balaceras y persecuciones desde que salieron de la central camionera, de la masacre contra el camión de chicos del equipo de futbol Los Avispones y a otros vehículos.
Es importante recordar que la marina ya había sido señalada en el Amparo en revisión 203/2017 del Tribunal Colegiado Decimonoveno Circuito, de Reynosa, Tamaulipas, por actos de tortura contra presuntos participantes del hecho de Iguala, y que denunciaron este delito por parte de marinos cuando los trasladaban a la SEIDO en la Ciudad de México. Entre las resoluciones de este Amparo se señala que todas las autoridades participantes en el caso, habían generado en las víctimas, una ruptura en la confianza de su probidad para la investigación.
En septiembre de 2020, el Presidente anunció que emitiría órdenes de captura de militares presumiblemente implicados en la desaparición forzada de los estudiantes, pero ahí quedó la nota. El involucramiento de corporaciones de los tres órdenes de gobierno quedó demostrado: policías municipales de cuando menos de tres municipios; de estatales, porque no es creíble no supieran lo que acontecía; y de los federales que sabían que los estudiantes estaban secuestrando camiones: ya habían impedido se llevaran dos, en la carretera de Chilpancingo, y además llegaron a la terrible escena de la balacera contra el camión que transportaba a los chicos del club Avispones. Los ministeriales sabían que había heridos, 6 muertos, y un terror en toda la zona; sabían que los sobrevivientes se contaban entre si, para saber quiénes faltaban.
El Estado mexicano ha fallado en garantizar la verdad sobre los hechos de graves violaciones a los derechos humanos en el caso de Iguala/Ayotzinapa; trátese del gobierno de Peña o el de López. El uso de la demagogia es igual; la promesa a los padres y madres de los 43 estudiantes de que se sabrá la verdad y habrá justicia ha quedado sólo en meras promesas.
Hoy los padres y madres exigen que comparezcan el ex presidente Peña y los funcionarios de entonces; lo deben hacer todos los funcionarios de primer orden en los tres órdenes de gobierno. Lo deben hacer quienes por cadena de mando tenían bajo su jefatura, a elementos tanto de la Sedena como de la Secretaría de la Marina. Y esto incluye sin lugar a dudas, al Secretario de la Marina Rafael Ojeda, Jefe de zona naval en Acapulco en septiembre de 2014. No se trató sólo de aquiescencia, lo sabían y lo dejaron pasar y falta saber con nombre y apellido, quienes también participaron.
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Este gobierno se ha tardado en cumplirles a padres y madres de los 43 estudiantes, saber la verdad, acceder realmente a la justicia, reparar el daño y como Estado comprometerse a la no repetición. Increíble, de las 22 personas que han declarado dentro de las diligencias, han muerto; sólo 2 de muerte natural.
Estamos frente a un Estado fallido. Es momento de discutir cómo nos comprometemos todos y todas, a transitar a una justicia transicional, porque no habrá otra manera de construir la paz.
