En toda democracia moderna, la justicia debe permanecer lo más lejos posible de la política. La razón es simple: los jueces están llamados a aplicar la ley con independencia, sin presiones partidistas ni intereses electorales. Cuando esa frontera se difumina, el sistema judicial fatalmente pierde su esencia y la duda aparece ¿qué ocurre cuando la impartición de justicia se somete a dinámicas propias de la lucha política?
Durante décadas, el sistema judicial mexicano se construyó , con todas sus imperfecciones, sobre la base de una carrera judicial. Jueces y magistrados ascendían gradualmente dentro del sistema mediante concursos, evaluaciones y experiencia profesional. Este modelo no era perfecto, pero tenía una lógica institucional: privilegiar la formación jurídica, la experiencia y la competencia técnica como criterios fundamentales.
La reciente reforma judicial rompió con ese esquema al establecer un mecanismo de selección basado en una supuesta “elección popular” de jueces y magistrados; idea que ni en el papel resulta lógica, democratizar el poder judicial no solo es ilógico, es absurdo, delirante.
La justicia, a diferencia de otros ámbitos del poder público, requiere un alto grado de especialización técnica. Interpretar la ley, resolver conflictos constitucionales o analizar complejos litigios mercantiles no es una tarea que pueda depender de la popularidad o del reconocimiento público de los candidatos. La función judicial exige conocimiento profundo del derecho, independencia intelectual y una sólida trayectoria profesional.
El riesgo evidente de un sistema basado en elecciones es que los jueces comiencen a responder a incentivos políticos o electorales en lugar de criterios estrictamente jurídicos. Si un juez depende del respaldo de grupos políticos o de campañas públicas para llegar al cargo, su independencia se verá inevitablemente comprometida. La justicia deja entonces de ser un espacio de aplicación imparcial de la ley y comienza a moverse dentro de la lógica de la política.
Las consecuencias de un poder judicial percibido como politizado pueden ser profundas. Una de las más inmediatas es la incertidumbre jurídica. La inversión privada, tanto nacional como extranjera, depende en gran medida de la existencia de tribunales independientes capaces de resolver disputas con imparcialidad. Cuando los inversionistas perciben que las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por intereses políticos, la confianza en el sistema legal disminuye.
La certeza jurídica es uno de los pilares de cualquier economía moderna. Sin ella, los contratos pierden fuerza, las disputas comerciales se vuelven impredecibles y el entorno económico se vuelve más riesgoso. Ningún inversionista desea operar en un país donde la resolución de conflictos dependa de la cercanía política de las partes involucradas.
Pero el problema no se limita al ámbito económico. Un poder judicial debilitado también afecta directamente a los ciudadanos. Los tribunales son, en última instancia, la última defensa frente a los abusos del poder público. Cuando los jueces pierden independencia o temen contradecir al poder político, esa función de contrapeso se debilita peligrosamente. La independencia judicial no es un lujo institucional; es una garantía fundamental para la libertad de los ciudadanos.
La justicia no puede convertirse en una extensión de la política ni en un escenario de disputas partidistas. Cuando los tribunales dejan de ser árbitros imparciales y se convierten en actores dentro del juego político, el Estado de derecho comienza a erosionarse, y cuando eso ocurre, las consecuencias rara vez se limitan al ámbito judicial; alcanzan a toda la sociedad. Y ya lo estamos viendo, la ley se ha convertido en una más de las herramientas del poder.
El problema ya está presente, y lo estamos padeciendo, el peor de los escenarios ya es una realidad por obra y gracia de la 4T. ¿Solución? Ninguna a corto plazo.
Buena suerte a todos.
