Para nadie es nuevo que durante las décadas de los años 60, 70 y 80 en México uno de los estandartes de los partidos opositores al PRI era la libertad de expresión.
Tampoco es novedad recordar que los gobiernos del "partido único" imponían restricciones a la libre expresión, lo que ganó el mote de "prensa vendida" a no pocos medios.
Pero 30, 40 o 50 años después de aquellos años —ya en democracia y en pluralidad—, el de la "censura" se convirtió en tema dogma —verdadero acto de fe— para cierta prensa, ciertos medios y ciertos periodistas.
Y el dogma de la censura llegó a extremos tales —con una delirante carga de fanatismo— que, cuando un periodista es despedido o separado por así convenir a los intereses de tal o cual empresa de medios, el despedido recurre a la victimización y al cliché de que su despido o separación fue producto de una perversa conspiración contra la libertad de expresión.
Según esa lógica, las perversidades del Estado y la libre empresa se confabulan para callar tal o cual voz periodística y para —con ello— coartar la libertad ciudadana de escuchar esa voz única. Sostener ese argumento es lo más parecido al "necesariato", al pensamiento único, dictatorial y, sobre todo, negar la esencia democrática, negar la pluralidad de foros, voces e ideas. En democracia todas las voces son necesarias, pero ninguna indispensable.
Sin embargo —y debido a que resulta políticamente incorrecto—, pocos dicen que en tanto entidades privadas de producción —los medios producen certeza en las noticias y opiniones parciales— las empresas de medios tienen no solo una responsabilidad social, económica y una línea editorial, sino el derecho de contratar o despedir a los periodistas que convenga a su interés empresarial.
En el otro extremo, los periodistas tienen el derecho de trabajar para tal o cual empresa, permanecer o separarse, según el interés personal, periodístico o editorial del propio periodista. Y es que, en tanto entidades privadas y en tanto profesionales, nada obliga a una empresa de medios a contratar a tal o cual periodista y ningún periodista está obligado a permanecer en tal o cual empresa.
Lo anterior —para calmar los ánimos exaltados— no significa que no exista censura en México. Está claro, para el que quiera conocer del tema, que gobiernos municipales y estatales de todos los partidos —y el propio gobierno federal— recurren a todas las formas imaginables para esconder información o desviar la opinión.
Pero el mejor antídoto para esa y muchas otras modalidades de censura que aplican instituciones de Estado es la pluralidad de medios y la independencia periodística. Hoy es casi imposible callar una voz, sea una voz informada o una voz difamante, sea una noticia oculta o sea noticia inventada.
Y es que la tecnología y el desempeño periodístico multiplataforma facilitan que los periodistas —y no los medios— sean dueños de su propia línea editorial.
Así, por ejemplo, en procesos electorales de Colima, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla, empresas mediáticas cancelaron la difusión del Itinerario político y la transmisión radial de La otra opinión.
¿Por qué el Diario de Colima canceló la publicación de esta columna, luego de criticar a los candidatos del PRI? ¿Por qué repetidoras de Nuevo León, Tamaulipas y Puebla bajaron del aire La otra opinión luego de acusar de pillos a los gobiernos estatales?
Porque es su derecho empresarial. Y si no gusta, podemos exigir cambio a la ley, pero no desgarrar vestiduras por la libertad de expresión.
Al tiempo.
Este artículo fue publicado en Milenio el 01 de Abril de 2016, agradecemos a Ricardo Alemán su autorización para publicarlo en nuestra página
