Durante años, Proceso denunció el derroche y la discrecionalidad con la que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto asignaban la publicidad oficial e incluso, en el sexenio calderonista promovió un amparo e interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que consideró un boicot en su contra en castigo por su línea editorial.
Si bien Proceso fue de los medios impresos que menos publicidad facturó en los dos últimos sexenios, no así en el de Vicente Fox, hoy la suerte parece haber cambiado para el semanario con el gobierno de la llamada “cuarta transformación”. En los ejemplares de los tres últimos meses, abundan las inserciones de prensa de diferentes dependencias del Gobierno Federal.
Sin embargo, por el momento no es posible conocer cuánto dinero ha recibido Proceso por esas pautas publicitarias porque, contrario a su compromiso de transparencia total, el gobierno lopezobradorista no ha publicado toda la información sobre el gasto en comunicación social en el sitio que para tal efecto está dispuesto en la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Palabra no cumplida
Según el acuerdo que establece la Política de Comunicación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 abril de 2019, se asegura que: “El combate a la corrupción en la materia que nos ocupa, se logrará a través de la transparencia para informar el destino de los recursos asignados para la contratación de medios de comunicación a través de las vías que se estimen pertinentes para ello”.
Asimismo, en su Artículo 20 estipula que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán publicar en sus portales de transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social, misma que deberá contemplar la información por campaña, proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia y estar disponible en formatos abiertos. Ello, independientemente de la información que deberán capturar en el Sistema Público, de conformidad con la Ley General de Comunicación Social.
Ahora bien, de acuerdo con el Artículo 33 de esta última normativa, las dependencias del gobierno federal deben registrar en el Sistema Público a cargo de la Secretaría de la Función Pública, dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes, la información de las erogaciones referidas a gasto de Comunicación Social.
Al presentar la Política de Comunicación Social el 17 de abril, el portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas aseguró: “Se publicará en los portales de transparencia la información relativa al gasto de campaña de Comunicación Social de las dependencias como a nivel de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia. Todo esto va a ser en tiempo real; conforme se va ejerciendo el gasto, se va a transparentar a los medios y los montos como se están haciendo”. Pero en los hechos esto no sucede.
En el sitio Transparencia Focalizada de la Secretaría de la Función Pública, el más reciente reporte publicado en el rubro Gastos de Comunicación Social, corresponde al periodo comprendido entre enero y agosto de 2019. Según los datos disponibles, las únicas facturaciones a favor de Proceso son dos inserciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora: una en mayo y otra en agosto, por las cuales se erogaron 72 mil 36 pesos. También se reportan una inserción de la Secretaría de Marina en la edición impresa y dos banners en internet. El monto es de 455 mil 550. 79 pesos. Nada más lejos de la verdad.
Únicamente en el número 2230, correspondiente al 28 de julio, aparecen un total de 20 inserciones de publicidad. De éstas, ocho son de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promocionar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; cinco del Gobierno de México sobre la campaña contra las adicciones Juntos por la Paz; seis de la Secretaría de Educación alusivas al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y una de la campaña Respira y deja huella, de la CONADE. Ninguna de estas pautas está en el sitio de transparencia de la SFP.
De la SEP, del Gobierno de México y la CONADE no hay registrada información alguna, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, únicamente reporta gastos por 231 mil 560 pesos correspondientes a junio por inserciones en los diarios El Universal y La Jornada.
Al buscar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia la información de publicidad oficial actualizada hasta el tercer trimestre del año en los portales de las dependencias, aparece que no hay registros.
Lo mismo sucede en el portal de Datos Abiertos. Esto es, no hay manera de conocer cuánto se ha erogado por estas 20 inserciones y el gasto real que en materia de comunicación social ha hecho el Gobierno de México.
El día de la presentación de la Política de Comunicación Social, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró lo siguiente respecto a la asignación de publicidad: “Vamos a que haya equidad, que se distribuya este gasto, esta inversión de manera horizontal, que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad. Nada oculto. Y desde luego no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio”. El mandatario ha faltado a su palabra.
*La memoria extraviada*
La más reciente referencia crítica de Proceso respecto al asunto de la publicidad oficial en lo que va del actual gobierno, data del 6 de marzo de 2019. En dicha fecha, mencionó que se trata de un tema “espinoso” pues hasta ahora, ninguna administración ha aceptado una regulación que establezca criterios claros de asignación, pese a que ha sido el instrumento histórico de control de medios, así como de castigo a los medios que resultan incómodos al poder.
Subrayó asimismo que el arranque de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido poco claro al respecto y hasta aquel momento no se contaba con información de asignación de contratos por publicidad, pues de acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas por el semanario, estos podrían iniciar una vez que se presente el Plan Nacional de Desarrollo.
Ciertamente, en una revisión aleatoria de ejemplares de Proceso del presente año, hasta abril no había inserciones del gobierno federal, a partir de mayo aparecieron las primeras y durante ese mes y el siguiente la presencia de pautas publicitarias fue discreta. Fue desde julio cuando el crecimiento fue exponencial y desde entonces, en las páginas del semanario aparecen numerosas inserciones de plana completa, media plana, ¼ de plana, así como en forros, robaplanas y contraportadas. Junto con ello, el semanario ha callado en torno a la discrecionalidad con que se asigna la publicidad. De esta forma, ha ido en contra de su propia historia, pues en los últimos sexenios era un asunto central de su agenda. Recordemos algunos momentos:
9 de mayo de 2009. Proceso dio detalles sobre la queja que un mes atrás interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobierno de Felipe Calderón por considerar que con la reducción de inserciones publicitarias, violaba los derechos fundamentales de los periodistas que integran el semanario. En la querella se adujo que la asignación discriminatoria de la publicidad “puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura” por la línea editorial crítica de la revista.
4 de octubre de 2009. El semanario hizo eco de la denuncia, previamente hecha por etcétera, de la decisión unilateral que el gobierno calderonista tomó para no contratar publicidad en revistas impresas, a partir de esa fecha. “Sin justificación alguna, como un simple acto de autoridad, el gobierno de Felipe Calderón emitió la orden de suspender los anuncios oficiales en las revistas de circulación nacional, como Proceso, a partir de octubre. La decisión no ha sido comunicada oficialmente, y difícilmente lo será, debido a la discrecionalidad del Ejecutivo para disponer de los recursos federales en esta materia, pero directores de comunicación social del gobierno federal y de grupos editoriales lo dan como un hecho”, escribió entonces, retomando lo reportado por etcétera.
2 de abril de 2011. Al dar a conocer la resolución de un juez a favor de un amparo promovido contra lo que llamó un boicot publicitario en su contra, Proceso publicó: “Entrampado en su arbitrariedad, el gobierno de Felipe Calderón fue emplazado por el Poder Judicial para que explique con precisión los criterios legales a partir de los cuales distribuye la publicidad oficial, rubro al que ha canalizado casi 19 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. Por primera vez una resolución judicial conmina a la autoridad federal a esclarecer la forma en que distribuye los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, considerada por los principios internacionales como información gubernamental y no como una concesión de las autoridades en turno”.
22 de septiembre de 2012. El semanario dio a conocer la recomendación de la CNDH a partir de la queja interpuesta en 2009. Al respecto, señaló: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a Proceso por su línea editorial al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial, con el propósito de causarle daño económico. Así lo estableció en la recomendación 35/2012 que emitió el pasado 1 de agosto ante la queja interpuesta por esta casa editorial en abril de 2009 en contra del gobierno de Calderón por violar el derecho fundamental de libertad de expresión, amparado por la Constitución Política e instrumentos internacionales reconocidos por México”.
31 de octubre de 2012. En entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS, el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se dijo escéptico ante el compromiso que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, hizo para regular la publicidad oficial. Argumentó que el semanario ha sido objeto del trato autoritario de gobiernos panistas y priistas, incluyendo el de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. “Yo creo que si hay un ejemplo de prensa ‘venal y comprada’ es la prensa en el Estado de México, que vivió de ser complaciente con el gobierno”, dijo entonces. Agregó que si bien Proceso concede el beneficio de la duda al equipo de Peña Nieto, “por el momento no les creemos…No puede haber peras de un olmo”, aseveró.
4 de diciembre de 2012. Proceso reportó que en el último año de su sexenio, Felipe Calderón gastó en publicidad gubernamental casi 7 mil millones de pesos, equivalentes a lo que entrega bimestralmente el programa Oportunidades a 6.5 millones de familias en extrema pobreza y el doble de lo que gastarán los siete partidos políticos en 2013. “Según los datos de la Secretaría de Gobernación enviados a la Cámara de Diputados, Calderón gastó en su sexenio 32 mil millones 867 mil pesos en sus campañas de publicidad gubernamental, exactamente el doble de lo que Vicente Fox erogó en su administración: un total de 16 mil millones 324 mil de pesos”, apuntó.
1 de agosto de 2013. Al informar sobre un foro que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana con diferentes exdirectores de Comunicación Social de la Presidencia, el reportero Arturo Rodríguez, recordó que desde sus orígenes, Proceso ha sido objeto de innumerables presiones, uno de ellos los vetos publicitarios, que se intensificaron durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. En ese contexto, preguntó al exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar, por qué se canceló la publicidad con Proceso en aquel sexenio, a lo cual le respondió que no se trató de una decisión presidencial, sino que los jefes de comunicación de cada entidad pública decidían lo que contrataban. Rodríguez García también recordó que la promesa del gobierno de Peña Nieto de reglamentar la publicidad desde el arranque de su gestión aún no se había cumplido, pese a estar incluida en la agenda del Pacto por México.
Aquí cabe apuntar que lo expresado por el reportero de Proceso respecto a la publicidad que recibió en el sexenio de Vicente Fox, no es exacto. De hecho, etcétera documentó que este semanario fue el medio donde más se anunció el gobierno en cuanto a revistas impresas se refiere. En el primer año completo facturó 7 millones 433 mil 643.31 pesos.
En 2002, recibió 2 millones 302 mil 381.32; en 2003, la facturación creció exponencialmente hasta llegar a acumular un total de 14 millones 706 mil 929.80 pesos. En 2004, obtuvo 11 millones 97 mil pesos.
Para 2005, en efecto, se produjo una reducción drástica en las pautas publicitarias para revistas impresas, no sólo Proceso, sin embargo el semanario denunció un boicot como represalia por la publicación del reportaje sobre la anulación del matrimonio religioso de Martha Sahagún. Aun así, facturó 3 millones 807 mil 228.45 en aquel año y hasta mediados de 2006, sumaba 935 mil 280 pesos. Es decir, si bien hubo una disminución discrecional, la publicidad no fue cancelada como dijo Arturo Rodríguez.
26 de agosto 2015.Con base en un análisis de Fundar y Artículo 19, Proceso reportó que el gobierno de Enrique Peña Nieto había gastado hasta aquel momento de su sexenio, más de 14 mil 663 millones de pesos, cantidad nunca antes desembolsada por un Ejecutivo federal en los dos primeros años de su gestión. “Además, alertan sobre cómo la publicidad oficial y el manejo opaco de ésta afectan directamente las libertades de expresión e información, mientras el poder público se muestra renuente a legislar para obligar al uso transparente de recursos”, expuso.
4 de abril 2018. Al informar sobre el recurso que el colectivo #MediosLibres interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año anterior para instar a la creación de un marco legal para regular la publicidad oficial, Proceso cuestionó nuevamente la discrecionalidad con que se han manejado los recursos destinados a este propósito a lo largo de los años. “Del “no pago para que me peguen” de López Portillo a las decisiones caprichosas de Videgaray en su anterior despacho de la Secretaría de Hacienda, para repartir los contratos publicitarios, hay sólo la distancia del tiempo. Tampoco hubo diferencia entre los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y el de Felipe Calderón, quienes también en su vena antidemocrática manejaron la publicidad oficial a su antojo. El principio ha sido el mismo: castigar o premiar, según se porten los dueños de los medios”, reprochó.
*2 de septiembre 2018.* Jenaro Villamil, quien aún se desempeñaba como reportero de Proceso y quien fuera uno de los más asiduos críticos de los derroches publicitarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, declaró lo siguiente en una entrevista con el medio digital Posdata: “Los periodistas también tenemos que rendir cuentas, de dónde vienen nuestros ingresos y quiénes son los que nos financian. Si a un comunicador le molesta que le digan que recibió una gran cantidad de dinero del gobierno en turno, entonces no son periodistas, son al final de cuentas: intermediarios o traficantes de la opinión pública”.
El planteamiento hecho por quien hoy funge como director del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, viene a cuento porque la transparencia de Proceso respecto a sus ingresos publicitarios nunca ha sido plena, al menos en los años recientes. Únicamente ha aludido a las escasas o nulas pautas publicitarias que recibe para denunciar represalias en su contra y centrarse en su causa particular. Pero cuando se vio favorecido en los primeros años del gobierno de Fox, guardo silencio, como lo está guardando ahora que las planas de publicidad ocupan varias de sus páginas y los banners se hacen presentes en su sitio web. Es decir, para Proceso la discrecionalidad con que se asigna la publicidad oficial solo es tema cuando le afecta directamente.
