Si la pomposamente denominada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa verdaderamente quisiera aproximarse a la verdad en lugar de, como ha sucedido hasta ahora, alejarse cada vez más de ella, tendría que empezar por cumplir una de las recomendaciones específicas formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando este organismo aún actuaba en forma autónoma y profesional: enviar al laboratorio de Innsbruck, para su análisis genético, los 114 restos óseos susceptibles de ser analizados que se encontraron en el basurero de Cocula y en el río San Juan entre más de 63,000 muestras que estuvieron, como esos 114 restos, sometidas al fuego
La prueba de ADN permitiría la identificación genética de personas cuyos cuerpos fueron calcinados en ese lugar. ¿Por qué ni el fiscal general de la República ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni el titular de la gubernamental Comisión para la Verdad han accedido al cumplimiento de esa recomendación específica, que podría revelar si esos restos, o al menos una parte de ellos, son de algunos de los normalistas asesinados?
Ni el doctor Alejandro Gertz Manero ni los expertos independientes ni Alejandro Encinas han dado una sola razón para negarse a remitir a Innsbruck esos restos óseos. ¿Por qué? Porque si, como es probable, el análisis genético demuestra que algunos de esos restos son de las víctimas, se tendría que reconocer lo que hasta ahora se ha negado: que la versión de que varios cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero es cierta. No se quiere esa demostración porque lo que no ha hecho la Comisión para la Verdad es buscar la verdad sin prejuicios y sustrayéndose a la mitología construida en torno al terrible crimen de Iguala y Cocula.
La credibilidad del informe de la Comisión para la Verdad se ha hecho añicos. Encinas había llamado “avalancha de testaferros” a los críticos de ese informe, los cuales, según él, lo objetaban con dolo, ignorancia y mala fe. Pero ahora, como irónicamente advierte Carlos Marín, las “investigaciones” de tal Comisión y la Fiscalía General de la República (FGR) “perfilan un desenlace de pastelazo” (Milenio, 28 de octubre).
Los pantallazos exhibidos por esa Comisión —que literalmente apantallaron incluso a analistas generalmente rigurosos en sus comentarios— no fueron sometidos a peritaje forense ni se conoce su origen digital y físico. El mismo Encinas, que no se consideraría a sí mismo integrante de lo que denominó avalancha de testaferros, ha reconocido en entrevista con The New York Times que de las pruebas en que se basó su informe “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”. Como observa Sergio Sarmiento, muchas de esas pruebas “se antojaban inverosímiles desde un principio” (Reforma, 27 de octubre). Ahora está demostrado que los mensajes de los pantallazos son falsos.
Se trataba de desacreditar la versión ofrecida por Jesús Murillo Karam, quien está en prisión, delicado de salud, objeto de acusaciones grotescas, porque su versión no es del agrado del actual gobierno. “Fue el Estado”, gritaban los partidarios del actual Presidente y lo mismo ha reiterado Encinas, pero López Obrador, ya en la silla presidencial, ha dicho que no fue el Ejército sino tan sólo cinco militares (seguramente quiso decir cuatro, los que están en prisión, contra los cuales no hay pruebas consistentes). Se utilizó la tragedia como parte de la estrategia para llegar al poder.
La hipótesis de Murillo Karam no ha sido echada abajo. Su Procuraduría General de la República (PGR) tal vez no descubrió todo lo que pasó con todos los normalistas asesinados o desaparecidos, pero lo esencial de su relato —cómo se les asesinó o desapareció, quiénes lo hicieron, quiénes colaboraron— no ha sido desmentido… aunque no guste al gobierno actual. Exhibida la impostura del informe de la Comisión gubernamental, se pregunta Leo Zuckermann: “¿Van a meter a la cárcel a Encinas por la misma razón que tienen ahí a Murillo Karam?” (Excélsior, 27 de octubre).
En materia forense, la verdad se erige con pruebas, no con prejuicios ni con dogmas ideológicos, no con propósito de sacar rédito político, no bajo la guía de obsesiones, resentimiento u otras bajas pasiones.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 03 de noviembre de 2022. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
