viernes 24 mayo 2024

La marea rosa ¿traicionada?

por Mariana Moguel Robles

Estamos celebrando la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de anular la segunda parte del Plan B. Era inaceptable -para quienes tienen la facultad del control constitucional- avalar un proceso legislativo completamente desaseado. De esos que tanto criticaban los que hoy nos gobiernan cuando eran oposición. Se ha dicho muchas veces pero vale la pena repetirlo: los diputados sólo tuvieron cuatro horas y media para analizar más de 500 artículos de diversas leyes lo que es humanamente imposible; no se argumentaron las razones por las cuales se dispensaban los trámites del proyecto; se modificaron artículos que ya habían sido aprobados por ambas cámaras, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta no aprobó por mayoría la reforma y sin embargo se turnó al pleno, y no hubo consulta a comunidades afectadas. Muchos de los partidarios del oficialismo no entienden las razones de la Corte. Aquellos que fueron víctimas de los albazos y madruguetes legislativos, hoy los defienden argumentando las supuestas bondades de su reforma, que en los hechos era totalmente regresiva. No comprenden que la democracia representativa tiene que respetar sus propias reglas pues lejos de ser asuntos meramente formales constituyen parte de un proceso democrático de deliberación, de participación, de debate informado, en el que se puede llegar a consensos, o ejercer legítimamente la mayoría (que en este caso debemos recordar esta mañosamente subrepresentada). Pero se tiene que respetar este procedimiento porque violentarlo (y sobre todo de la manera en que se hizo) se convierte en un triunfo pírrico celebrado por la bancada morenista en la vieja casona de Xicoténcatl, en medio de la oscuridad, que les duró muy poco porque nuestra máxima autoridad en material constitucional simplemente ejerció su calidad de contrapeso, de equilibrio y de respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.

La Corte sabe que enfrentará una campaña grosera y artera en estos días alentada desde Palacio, pero eso la engrandece más frente a la pequeñez y la miseria de quienes creen que en el México del siglo XXI se puede proceder de esa manera. Para eso tenemos un valladar, una barrera que hasta ahora ha sido infranqueable cuando de defender la Carta Magna se trata. Y hemos hecho bien en celebrar los que salimos a la calle a defender a nuestro INE, a decir que no se toca, porque es el que nos ha dado certidumbre en los procesos electorales y la garantía de que nuestros votos serán respetados. Las y los ciudadanos obligamos incluso a los partidos de oposición a mantenerse firmes, a entender que no hay negociación posible cómo la que se quería hacer con el Tribunal Electoral, porque ahí estamos vigilantes y no vamos a permitir ningún retroceso. Por eso, inquieta, por decir lo menos, el silencio o la complacencia de estas dos instituciones frente a lo que es a todas luces una vulgar campaña en la carrera presidencial y a la que no se le ha puesto freno.

Ya la elección del Estado de México fue una prueba de estas omisiones que llegaron al grado de permitir la intromisión abierta del Presidente desde las mañaneras apoyando a su candidata y partido, amagando a las y los ciudadanos al decir que pensaran bien su voto si querían conservar los programas sociales, permitiendo el uso hasta unos tres o cuatro días antes de encuestas amañadas, (a esas encuestadoras se les debería vetar por prestarse a ese juego) para hacerle sentir a la gente que la elección estaba decidida y desalentar su participación, y sólo se tomaron algunas medidas cuando ya era demasiado tarde tanto por el instituto electoral local como el federal. De la misma manera, cerraron los ojos a la abierta campaña emprendida sobre todo por la ex jefa de gobierno a lo largo y ancho del país con espectaculares, bardas, visitas, sin que hubiera el menor ánimo para fiscalizar y detener este atropello incluso frente a sus propios compañeros contrincantes.
Pero lo más grave son sus medidas tan débiles, temerosas, que no le hacen, para citar al clásico, lo que el viento a Juárez a quienes hoy desde Morena y sus aliados hacen una abierta precampaña para elegir candidata o candidato presidencial. Lo pueden disfrazar de lo que quieran, pero todos sabemos que de eso se trata. Los comentaristas, los columnistas, en los noticieros, todos los días nos dan cuenta de lo que hacen los precandidatos presidenciales de Morena, de sus actividades, sin que éstos tengan que rendir cuentas sobre gastos, ser fiscalizados y sobre todo sancionados por esta campaña anticipada, fuera de los tiempos de la ley, que viola los principios de una contienda electoral democrática, y que deja ya en clara desventaja a quienes desde la oposición sean las o los candidatos (uno o varios).

El INE no puede aceptar esta simulación. No puede pretender engañarnos a los que lo defendimos porque confiamos en esa institución. No puede hacerlo porque las y los mexicanos no nos lo merecemos. Pero parece que con las medidas tomadas hasta ahora han dado un cheque en blanco para que se viole la ley y, lo más grave, incitan a los demás a no acatarla porque sienten legítimamente que les están comiendo el mandado. Lo correcto, lo legal, es que cesen esas precampañas, que si van a elegir un coordinador o coordinadora de su supuesta transformación que lo hagan sin la presencia mediática que hoy tienen y haciendo propuestas que le corresponden a un candidato presidencial.

Nuestra democracia entonces sigue en riesgo. Por eso valoro y suscribo plenamente el llamado del Frente Cívico Nacional del que soy parte para que haya un diálogo franco y abierto con el INE sobre lo que está sucediendo. No podemos hacer como si no pasara nada. Nuestra voz tiene que ser oída, la marea rosa debe hacerse sentir otra vez, porque si el INE no defiende la equidad, el piso parejo en la contienda presidencial, no está salvaguardando nuestro voto, no nos da garantías, estamos desamparados. Poque su obligación no sólo es instalar casillas, o tener un ejército para realizar la elección. Su tarea primordial es la vigencia de los cinco principios rectores que hemos conquistado a golpe de luchas: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, establecidos en nuestra Constitución. Hasta ahora no ha estado a la altura y frenado definitivamente esta ilegalidad. No ha correspondido con lo único que se le pide: que se aplique la ley.

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