Los problemas de la salud y su manejo son algo que compete básicamente al enfermo y al profesional de la medicina que lo atiende, en eso no hay discusión. Para normar y guardar la relación entre ambos existe lo que se ha llamado secreto profesional médico, que consiste en que el médico debe respetar la privacidad del paciente y tomar todas las medidas necesarias para evitar la divulgación de toda información que haya obtenido en el ejercicio de su profesión. Esto no nada más es un principio ético, sino que está recogido en la mayoría de las legislaciones del mundo, cuya violación puede acarrear consecuencias legales.
Lo anterior se entiende fácilmente: al ser la enfermedad un evento de naturaleza íntima y muy personal, imagino que a nadie le resultaría agradable saber que su historial médico pueda ser conocido por medio mundo. Nadie tiene por qué enterarse de que el gerente “X” padece hemorroides, o que la jefa de departamento “Z” tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo y debe usar pañal. Mucho menos deben ventilarse públicamente enfermedades que tienen una carga negativa como sería una enfermedad venérea o si se padece el altamente estigmatizante sida.
Pero como todo en esta vida, encontramos que casi cualquier tema que analicemos tiene varias aristas. Resulta que los humanos no vivimos solos, sino que interactuamos en una sociedad con alta movilidad. Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer afectará a un determinado grupo de gente. Es dentro de esta línea de razonamiento que desde hace tiempo ha surgido la inquietud por legislar algo que de entrada suena incómodo: conocer a fondo el estado de salud de un político que aspire a mandar en un país. El soporte histórico para esta petición existe. Hay ejemplos de situaciones médicas que afectaron el destino de países al no conocerse el grado de enfermedad de un candidato o un presidente en funciones. Recordemos algunos: el cáncer prostático de Miterrand, diagnosticado en 1981, al inicio de su primer periodo, fue ocultado hasta 1991, cuando estaba a la mitad de su segundo periodo y ya para entonces las condiciones de salud del mandatario eran francamente malas.
Entre otros casos relevantes tuvimos, en 1982, la muerte del líder soviético Leonid Brezhnev, que permitió la llegada al poder de Yuri Andropov, quien a sólo tres meses de asumir funciones tuvo que someterse a una operación urológica, por lo que pasó en el hospital la mitad de los 15 meses que estuvo en el poder. A su muerte en febrero de 1984, le sucedió Konstantin Chernenko, que fue electo a pesar del consejo médico, y quien duró en el cargo sólo un año y un mes, lo que permitió el arribo al poder del reformista Mijail Gorbachov, con las consecuencias históricas que ya conocemos.
En Latinoamérica tenemos el caso del ecuatoriano Abdalá Bucaram, apodado el Loco, depuesto de la presidencia en febrero de 1997. Había asumido apenas seis meses antes, pero una resolución del Congreso de su país lo declaró “incapacitado mentalmente para gobernar”.
En México, durante el sexenio de Vicente Fox la entonces senadora Dulce María Sauri, a nombre de ella y otros senadores del PRI, presentó una iniciativa de reformas a la ley para poder conocer el estado de salud de diversos personajes de la vida pública, concretamente el presidente de la República y todos aquellos que tengan mando en estructuras unipersonales.
Esta iniciativa tenía destinatario por las sospechas del uso de un popular antidepresivo por parte del presidente Vicente Fox, pero también previendo un eventual triunfo del señor López Obrador, personaje que ya desde entonces era señalado como alguien que padece un peligroso trastorno de la personalidad.
El escenario se complicó con la llegada a la presidencia del señor López Obrador: con su triunfo se destaparon las características más negativas de su personalidad, como autoritarismo, obstinación, incapacidad para reconocer errores y, sobre todo, un marcado afán vindicativo, aspectos que se ven agravados por su escasa cultura, su pobre comprensión de la dinámica económica y una visión de los problemas nacionales que correspondería a la de un niño de primaria.
Es público y conocido que el C. Presidente cursa con una cardiopatía hipertensiva de larga data y una coronariopatia que ya lo ha mandado de urgencia a un hospital en cuando menos un par de ocasiones, una de ellas con diagnóstico admitido de infarto miocárdico. Por si faltara algo, se agrega la sospecha de daño vascular neurológico, evidenciado por su pensamiento lento, fantasioso, que no se modifica por ningún razonamiento y se acompaña de fallas en la dicción.
La petición de conocer el estado de salud de López Obrador no es nueva y viene de múltiples lados. Es imperativo conocer el estado de salud física y mental del ciudadano presidente.
Por el bien de todos.
