En el ocaso de su sexenio y en la víspera de la elección presidencial, López Obrador ha enviado 20 iniciativas de reforma al Congreso, 18 de las cuales son constitucionales. Entre ellas, no podía faltar una que empodere irresponsablemente a las fuerzas armadas.
La propuesta de López Obrador, que apunta a militarizar la seguridad pública, representa un cambio drástico y peligroso en el papel del Ejército mexicano, una medida que podría tener consecuencias duraderas más allá de su administración.
La propuesta busca consolidar lo que se intentó en los últimos dos años, pero no se materializó por falta de votos suficientes en el Congreso y por la intervención de la Corte. Se pretende la ‘permanencia’ del Ejército en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, una entidad que, desde su creación y bajo la administración de López Obrador, se ha convertido de facto en una institución militar.
La militarización de la Guardia Nacional se acompaña de atribuciones adicionales, como la intervención en comunicaciones y la ejecución de operaciones encubiertas.
Al otorgarle fuero militar, la Guardia Nacional se convierte en una entidad capaz de investigar a civiles, pero que, paradójicamente, se autoinvestiga sin control externo alguno en caso de cometer delitos.
Adicionalmente, se otorga al presidente la facultad de emplear, sin controles, al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública. Esto significa que los militares podrían actuar como policías a simple solicitud del Ejecutivo. Esta medida constituye una militarización directa y explícita de la seguridad pública, alterando profundamente el principio de separación entre funciones militares y civiles en el país.
La iniciativa propone también modificar el artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz a aquellas estrictamente relacionadas con la disciplina militar. El nuevo texto permitiría que el Congreso, con mayoría simple, defina las funciones y facultades del Ejército, sin restricciones exclusivas a la seguridad.
Los defensores de esta reforma, incluidos legisladores de Morena y aliados, argumentaban inicialmente que López Obrador jamás haría mal uso del Ejército y que se podía confiar en él. Sin embargo, el verdadero peligro de esta iniciativa ya no reside en el uso que pueda hacer el actual presidente, quien está a punto de concluir su mandato, sino en el legado permanente que dejará: un Ejército con amplias facultades para intervenir en la vida civil, con la capacidad de espiar, detener y entrar a domicilios, protegido por el fuero militar.
Empoderar sin razón a las fuerzas armadas, especialmente a la cúpula militar, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, conduce a una concentración excesiva de poder en manos de una institución que, en la práctica, tiene el monopolio del uso letal de la fuerza.
El Presidente no comprende que el Ejército y la Marina son instituciones de Estado que continúan en funciones independientemente de la persona, partido o facción política en el poder. Su cortoplacismo y ego son más fuertes que su comprensión de su propio rol institucional.
La nueva iniciativa militarista de reforma constitucional no solo cambia el papel del Ejército en la sociedad mexicana, sino que también altera la esencia misma de la Constitución y del Estado de derecho en México.
De concretarse la reforma este o el siguiente sexenio, el riesgo de que llegue un presidente aún más autoritario que López Obrador, y en contubernio con la cúpula militar, utilice a las fuerzas armadas para perpetuarse en el poder, siempre estará latente.
