Por un comentario de Carmen Aristegui reparé en un detalle curioso del Grito de Independencia. El Presidente y su esposa recorrieron los salones desiertos de Palacio Nacional y ante la falta de gente se pudo oír el rechinido del piso. Fue un momento de rara gravedad, sólo superado por el de lanzar consignas a un Zócalo vacío. El Grito puso en valor una ausencia. Por obra de la epidemia, un mandatario que procura el contacto con la gente se dirigió a una nación fantasma.
Mientras el suelo crujía en Palacio, se insinuaba otro resquebrajamiento. López Obrador mandó al Senado una iniciativa para hacer una consulta popular el 6 de junio de 2021 sobre la conveniencia de que “las autoridades competentes, con apego a las leyes y los procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos” de los ex presidentes que van de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.
La propuesta, cuya validez jurídica será analizada por la Suprema Corte de Justicia, puede ser contraproducente para los objetivos del propio López Obrador, pues un asunto legal adquiere los visos de una sanción política. No es necesario votar para que se cumpla la ley. Si los ex presidentes cometieron ilícitos deben ser investigados de manera autónoma por el poder judicial.
Soy el primero en considerar que los presidentes en cuestión tuvieron pésimo desempeño. ¿Alguno se salva? Ernesto Zedillo fue respetuoso del Instituto Federal Electoral y de la voluntad popular en la elección del año 2000 que llevó a la alternancia democrática, tuvo aciertos en la protección de la ecología y en el sector educativo y fortaleció a la Suprema Corte de Justicia. Sin ser heroica, su gestión fue atípica, siendo criticada por los sectores duros del PRI. Después de las elecciones que ganó el PAN, como una posible venganza, la artista y museógrafa Lorena Zedillo, hermana del Presidente, que entonces dirigía un museo en Puebla, fue injustamente perseguida por el infausto Mario Marín, el “Góber Precioso”.
¿Es Zedillo el “rescatable” de la lista? No faltará quien piense que así expreso mi gratitud de necaxista por el oportuno comentario con que impidió que Álex Aguinaga fuera traspasado al América. Y, sin embargo, dos palabras empañan de manera definitiva su gestión: Acteal y Fobaproa. Zedillo no atendió las demandas de los pueblos originarios y en 1995 trató de convertir al subcomandante Marcos en delincuente del orden común al revelar su identidad cívica. El momento más dramático de esa política anti-indígena ocurrió el 22 de diciembre de 1997 cuando 45 personas, entre ellas niños y mujeres, fueron asesinadas en el poblado de Acteal. Zedillo no ordenó la masacre, pero fomentó un clima de hostilidad hacia el EZLN al desatender los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (firmados por sus representantes) y al permitir que grupos paramilitares amenazaran a las comunidades zapatistas.
Por otra parte, el mayor desfalco histórico del sector financiero tuvo que ser pagado por los contribuyentes a través del Fobaproa y casi toda la banca quedó en manos del capital extranjero.
En suma: ni el “menos malo” se salva. Tuvimos pésimos presidentes, pero la justificada crítica a sus políticas públicas no se debe confundir con la impartición de justicia. La votación récord obtenida por López Obrador fue un plebiscito respecto a los gobiernos anteriores. La gente estaba harta de ellos y esa sanción ya fue emitida. Si se detectan ilícitos deben seguir debido proceso.
Al pretender que la justicia derive de la opinión pública se debilita el Estado de derecho. La ley se convierte en una facultad discrecional sujeta a sondeos. Los delitos deben ser perseguidos de oficio, no por el sentir ciudadano.
Lo más grave de la consulta es que podría favorecer un uso sesgado de la justicia y además daría pie a que, aun en caso de que hubiera elementos probatorios, los presuntos culpables alegaran que no son objeto de una investigación penal sino de una persecución política y que la ley se sustituye por el linchamiento.
De manera elocuente, el constitucionalista Diego Valadés comentó en Twitter: “La investigación de los delitos no es potestativa; es obligatoria. Las consultas populares no son instrumentos para legitimar la impunidad”.
Por una ocasión estaremos atentos a lo que diga la Suprema Corte.
Este artículo fue publicado en Reforma el 18 de septiembre de 2020. Agradecemos a Juan Villoro su autorización para publicarlo en nuestra página.
