La presidenta Claudia Sheinbaum construye, pieza por pieza, un nuevo andamiaje de control político-electoral. La reforma electoral que Morena pretende impulsar en el próximo periodo extraordinario representa el mecanismo para intervenir candidaturas, condicionar elecciones y concentrar poder bajo criterios ambiguos y discrecionales.
El discurso de “blindar” los procesos electorales frente al crimen organizado y la intervención extranjera suena correcto. Nadie se opondría a impedir que el narcotráfico capture gobiernos locales o a que intereses externos contaminen una elección.
El problema de la reforma es quién decidirá qué candidato es limpio y cuál no; qué constituye “injerencia extranjera”; y bajo qué criterios podría anularse una elección.
Herramienta de control
La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, una especie de filtro extraoficial capaz de aprobar o vetar aspirantes bajo criterios políticos más que jurídicos.
El riesgo evidente está en que el órgano se convierta en un tribunal político paralelo y que la supuesta defensa de la democracia termine en instrumento de control electoral.
Porque en el México de Morena pasa que las reglas cambian dependiendo de a quien se acuse.
Un ejemplo es el caso de Rubén Rocha Moya, quien, pese a investigaciones y acusaciones e inclusive tener una una Ficha Roja girada por la Interpol en su contra, resulta que es víctima de la injerencia extranjera. Pero, la gobernadora de Chihuahua por cumplir con su mandato de ley, es quemada en leña verde y se le intenta abrir juicio político.
Guerrero
Otro ejemplo es Guerrero. El senador Félix Salgado Macedonio mantiene control sobre la sucesión política en el estado: “Si no voy yo, va Eguiluz”, declaró. La diputada Jessica Alejo Eguiluz, ha sido señalada por presuntos vínculos con grupos criminales ligados a la llamada Nueva Familia Michoacana.
Desde hace años existen versiones sobre la presunta cercanía entre actores políticos y grupos criminales como Los Ardillos, que mantienen control en distintas regiones del estado. En 2017 trascendió que Salgado Macedonio habría facilitado un encuentro entre López Obrador y Celso Ortega, líder de ese grupo criminal.
Además de otros antecedentes incómodos, como la fotografía de López Obrador junto al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, preso y señalado por el caso Ayotzinapa; o la gobernadora Evelyn Salgado, que estuvo casada con el hijo de “El Abulón”, identificado como operador financiero de los Beltrán Leyva.
Aunque Salgado Macedonio perdió la candidatura en 2021 después de que el Tribunal Electoral confirmara irregularidades relacionadas con gastos de precampaña, fue posible porque el INE y el Tribunal de entonces actuaron con independencia frente al poder presidencial.
Ahora, el senador deja claro que los candidatos dependen más de acuerdos que de instituciones democráticas.
Aun así, Morena pretende convertirse en “árbitro moral” de las candidaturas, mientras mantiene en su estructura a personajes rodeados de escándalos, acusaciones y relaciones oscuras, que deciden quién va o no va a la elección.
El verdadero riesgo
Y ahí es donde la reforma electoral de Sheinbaum pierde autoridad moral. ¿Cómo puede un gobierno que ha tolerado o minimizado vínculos cuestionables dentro de su propio movimiento pretender convertirse en juez supremo de la “integridad” de las candidaturas?
¿Con qué legitimidad se plantea crear una comisión capaz de vetar opositores cuando Morena jamás ha aplicado el mismo rigor hacia sus aliados?
Pero, lo más preocupante, es la ambigüedad sobre lo que llaman “intervención extranjera”, el concepto abre la puerta para anular elecciones cuando el gobierno considere que existió influencia externa, pero sin definir puntualmente qué significa eso.
¿Una declaración de funcionarios estadounidenses? ¿Un reportaje internacional? ¿Financiamiento ilegal? ¿Observaciones de organismos internacionales? ¿Campañas digitales?
La vaguedad no parece accidental; parece diseñada para permitir interpretaciones políticas a modo.
El riesgo de la ambigüedad es enorme. Cualquier candidato, resultado o elección podría ser impugnada y anulada a través de la construcción de una narrativa oficial desde el poder.
No fortalece la democracia; fortalece la discrecionalidad presidencial.
La reforma no crea instituciones imparciales; crea instrumentos políticos con apariencia legal que no combaten realmente la infiltración criminal; simplemente redefinen quién puede ser señalado y quién gozará de protección política.
El gobierno pretende decidir quién puede competir, quién puede ganar y qué elecciones deben invalidarse.
Pero la democracia no debe ser un mecanismo administrado desde el poder, por ello, el verdadero peligro no está en la reforma misma, sino en quién tendrá el poder de aplicarla.
X: @diaz_manuel
