Durante años se repitió una promesa que resultó una cruel y humillante consigna propagandística, que México tendría un sistema de salud “como el de Dinamarca”. Aquella frase, pronunciada en el contexto de la llamada Cuarta Transformación, pretendía simbolizar la construcción de un sistema universal, eficiente y gratuito. Sin embargo, la realidad cotidiana dista mucho de ese ideal. Hoy el sector salud atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, y el deterioro institucional comienza a reflejarse incluso en un indicador fundamental, la esperanza de vida.
Los síntomas de esta crisis son visibles para cualquier ciudadano que haya tenido que recurrir a los servicios públicos de salud. Hospitales saturados, servicios de urgencias rebasados, citas médicas programadas a meses de distancia y un persistente desabasto de medicamentos. En muchos casos los pacientes deben recurrir a su propio bolsillo para solventar los costos de su tratamiento.
Las cifras son irrebatibles; México cuenta con menos médicos, menos camas hospitalarias y menor inversión en salud que la mayoría de las naciones industrializadas. En otras palabras, el sistema mexicano pretende atender a una población creciente con menos personal, menos infraestructura y menor inversión.
Uno de los episodios más polémicos fue la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por nuevas estructuras institucionales. El objetivo declarado era construir un modelo más justo y universal, pero el proceso generó una disminución real en el acceso a servicios médicos. Millones de mexicanos han experimentado dificultades para obtener atención médica o han visto limitado su acceso efectivo a servicios que antes podían obtener con mayor facilidad.
El impacto de estas deficiencias no es abstracto. Se manifiesta en la vida diaria de pacientes que esperan tratamientos oncológicos que no llegan, de enfermos crónicos que no encuentran sus medicamentos o de familias que deben pagar intervenciones médicas con recursos propios. Cuando un sistema sanitario deja de funcionar de manera adecuada, las consecuencia inevitable es un incremento en mortalidad previsible.
Pero existe además otro efecto silencioso que revela la magnitud del problema; el creciente desplazamiento de pacientes hacia el sector privado. Ante la imposibilidad de obtener atención oportuna en el sistema público, un número cada vez mayor de mexicanos recurre a consultorios particulares y hospitales privados de bajo costo. Lo que debería ser una opción se ha convertido, para muchos, en una imperiosa necesidad.
Este fenómeno tiene consecuencias severas. Por un lado, genera un incremento significativo en el gasto de bolsillo de las familias, especialmente entre los sectores de ingresos medios y bajos. Por otro, produce una paradoja preocupante; mientras el sistema público se debilita, el sector privado absorbe una demanda creciente, ampliando las desigualdades en el acceso a la salud. Quien puede pagar recibe atención; quien no puede queda atrapado en las largas filas de un desastroso y funesto sistema saturado.
México registra niveles elevados de mortalidad por enfermedades que, en muchos casos, podrían prevenirse o tratarse oportunamente. Enfermedades cardiovasculares, diabetes y padecimientos respiratorios continúan siendo algunas de las principales causas de muerte en el país. La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la fragilidad del sistema sanitario. Pero la crisis actual no puede explicarse únicamente por ese episodio global. Lo que hoy se observa es la acumulación de años de decisiones administrativas erráticas, criminal demagogia, insuficiente planeación y una enorme brecha entre el discurso político y la capacidad real de implementación.
En cualquier sociedad moderna, el sistema de salud constituye uno de los pilares fundamentales del bienestar colectivo. No se trata solo de hospitales y médicos; se trata de la capacidad de un Estado para proteger la vida de sus ciudadanos. Cuando ese sistema falla, las consecuencias son catastróficas.
México enfrenta hoy una paradoja inquietante. Mientras el discurso oficial insiste en presentar reconfortantes cifras imaginarias, delirantes, la percepción ciudadana y numerosos indicadores apuntan hacia un deterioro progresivo. Recuperar la funcionalidad del sistema de salud no será tarea sencilla: requerirá inversión sostenida, reconstrucción institucional y, sobre todo, una política pública basada en evidencia y no en dogmas ideológicos.
La salud de una nación no se mide en palabras, sino en años de vida. Y esos años, en el México de hoy, están disminuyendo.
