La verdad probada

Es falsa la aseveración en la que coinciden el subsecretario Alejandro Encinas y el juez Marco Antonio Fuerte —quien vinculó a proceso al exprocurador Jesús Murillo Karam—, según la cual, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) del crimen masivo contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está basada en confesiones obtenidas bajo tortura. No digo, desde luego, que algunos de los detenidos no hayan sido torturados, lo que, por supuesto, es inadmisible.

Pero no todas las declaraciones de los inculpados fueron arrancadas mediante violencia física o coacción. De los nueve que confesaron y describieron los sucesos del vertedero de Cocula y el río San Juan, sólo está comprobada la tortura de cuatro, por lo que sus confesiones, de acuerdo, no tienen validez jurídica. Pero las otras cinco sí la tienen, no sólo porque no se comprobó que los declarantes hubiesen sido coaccionados, sino porque son compatibles con las abundantes pruebas del caso.

Tres declaraciones son incuestionables. Los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas declararon no sólo en presencia de su defensor, sino también de Ángela Buitrago y Claudia Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y de Santiago Aguirre, en aquel momento subdirector del Centro Prodh y representante de los padres y familiares de los normalistas.

Los hermanos Sotelo coinciden en que los normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos incinerados y esparcidos en el río San Juan. Estas declaraciones, rendidas con todas las garantías del debido proceso y de respeto a los derechos humanos de los procesados, tienen indudable valor probatorio: son inobjetables.

Por su parte, Miguel Pantoja Miranda manifestó ante visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —cuando aún esta institución era digna de ese nombre— que era inútil que los padres de los 43 normalistas siguieran buscándolos, pues todos habían sido asesinados en el basurero de Cocula. Evidentemente, esa manifestación se realizó espontáneamente, sin presión alguna sobre el manifestante.

Esas declaraciones son acordes con los mensajes de BlackBerry de los sicarios de Guerreros Unidos a sus jefes en Chicago, evidencia indiscutible de que los estudiantes fueron ejecutados por ese grupo criminal. Esos mensajes constatan de manera indubitable, como las tres declaraciones citadas, la versión de la PGR.

Para considerar probada la denominada verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam no se requiere tomar en cuenta ninguna de las declaraciones rendidas por los inculpados sometidos a tortura. El resto de las probanzas acreditan suficientemente que los estudiantes normalistas fueron interceptados por policías municipales y entregados al grupo Guerreros Unidos, que los asesinó.

Por otra parte, no se conocen las pruebas que sustenten la novedad ofrecida por la Comisión de la Verdad que, después de los severos señalamientos de lo decepcionante de su informe, imputó a un coronel del Ejército haber asesinado a seis de los normalistas. La imputación es muy grave. Si no está respaldada por elementos de prueba pertinentes, estaríamos ante la elección de otro chivo expiatorio.

La Comisión de la Verdad se integró claramente con el fin de alejar la verdad todo lo que se pudiera. ¿Por qué nunca se enviaron al laboratorio de Innsbruck los 114 restos encontrados en el basurero de Cocula, entre decenas de miles, como solicitó la CNDH? ¿Por qué Encinas y el juez, al asegurar que la verdad histórica se basó en torturas, soslayan que varias de las declaraciones de los inculpados fueron rendidas en condiciones en las que la tortura era imposible y confirman la versión de la PGR?

La denominada verdad histórica no se sostiene en declaraciones obtenidas mediante la tortura, sino se sustenta en pruebas inatacables. Qué bien que, como presume Encinas, la Comisión de la Verdad no haya torturado a ningún inculpado. Qué mal que haya intentado distorsionar la verdad… aunque sin éxito porque las pruebas son las pruebas.