El artículo 11 de la Constitución dice que todas las personas tienen “derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes”. Los retenes en carreteras, incluidos los que ponen las fuerzas armadas, atentan contra la libertad de tránsito. Pero la cosa se agrava si quienes impiden, dosifican o controlan las carreteras son sicarios del crimen organizado, pues esos bloqueos son escenario de extorsiones, robos, asesinatos, secuestros, violaciones, feminicidios, desapariciones y otros delitos.
Al inquilino de Palacio Nacional esto no le preocupa. Por el contrario, como ocurrió en el talk show matutino del 31 de mayo, lo festina al estilo del chisme de barrio, presumiendo que los sicarios autorizan el tránsito a las brigadas de clientelismo electoral de los mal llamados servidores de la nación. El jurista Jacobo Dayán escribió al respecto: “Se trata de una aceptación vergonzosa para cualquier gobierno y jefe de Estado” y agregó que AMLO “Asume abiertamente que el Estado no controla el territorio nacional. No solo eso, lo que reconoce es que quienes tienen el control son grupos armados criminales” (Animal Político, 01/06/2023).
La fallida Guardia Nacional es la encargada de resguardar la seguridad en la red carretera nacional, pero las carreteras están bajo dominio permanente o eventual de las bandas del crimen organizado. En algunas regiones, su control es total y, en otras, los capos fijan los horarios del libre tránsito, a riesgo de que quienes no hagan caso de sus disposiciones sean atacados a balazos. En la región norte del país se destaca la llamada “autopista del terror”, que va de Monterrey a Nuevo Laredo. En Baja California y Sonora las bandas del narcotráfico dominan la Transpeninsular, las carreteras federales Agua Prieta-Mexicali, Hermosillo-Nogales, Puerto Peñasco-Sonoyta, Hermosillo-Agua Prieta y las estatales Miguel Alemán-Puerto Libertad y Puerto Peñasco-San Luis Río Colorado. En Tamaulipas, los narcos determinan los días y horarios en que se puede transitar. Pero situaciones similares ocurren en carreteras de Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Incluso vías cercanas a la capital del país, como la Autopista y la Carretera libre México-Cuernavaca, así como las de los estados de Puebla y el Estado de México, se han visto sujetas al control de las bandas criminales que se dedican a robar al autotransporte de mercancías y a asaltar a los pasajeros de los autobuses. La ruta México-Puebla-Veracruz es conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos y a la cantidad de robos, secuestros y asesinatos.
Además de violar la libertad de tránsito y dañar la seguridad pública, estas circunstancias impactan a la economía del país, pues el autotransporte carretero de mercancías abarca al 82% de la carga total vía terrestre y aporta un significativo porcentaje del PIB nacional. El autotransporte de personas, por otro lado, es el medio más importante del país, pues cerca del 80% de los pasajeros se trasladan de ciudad a ciudad por medio de autobuses en sus viajes de trabajo, turísticos o de índole familiar. Los retenes ilegales convierten en motivo de riesgo estas actividades, dañando no solo la vida de las personas, sino afectando también la economía familiar, regional y nacional.
La gracejada que López Obrador dijo respecto a este problema es un reconocimiento al control territorial del crimen organizado, una abdicación del imperio del Estado en extensas partes del territorio nacional, así como una burla a las incontables víctimas de delitos en los retenes del narco.
Cincelada: Por difundir infundios contra legisladoras federales, Layda Sansores logró su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.
