Aunque dos flamantes consejeros se comportaron como representantes de Morena y lograron sin argumentos el rechazo a las medidas cautelares propuestas por una unidad especializada del INE, la ilegalidad de las campañas anticipadas de las corcholatas del partido oficial sigue dejando rastros y pruebas irrefutables en los expedientes de las autoridades electorales.
El 28 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE conoció y discutió la investigación que realizó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de dicho instituto, a partir de las quejas interpuestas por el PRD y por Jorge Álvarez Máynez en contra de los actos anticipados de campaña de Morena y sus aspirantes. En esta ocasión, la primera denuncia fue la del PRD, por lo que las interpuestas por el diputado Álvarez Máynez los días 23 y 27 de junio se acumularon al expediente iniciado por el sol azteca, al versar esencialmente sobre los mismos hechos denunciados y por existir lo que los abogados denominan conexidad en la causa.
La investigación que hizo la UTCE no tiene desperdicio, es profesional, completa y documenta los actos realizados por Claudia Sheinbaun, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velazco y Gerardo Fernández Noroña en distintos lugares del país, en donde hicieron mítines y recorridos (disfrazados de “asambleas informativas”), un abierto proselitismo para alcanzar la Presidencia de la República (disfrazado de una competencia por una coordinación inexistente). También difundieron propaganda electoral (mediante espectaculares, bardas, volantes y lonas) y distribuyeron productos utilitarios (desde camisetas, cachuchas, pepcilindros, encendedores y hasta muñecos de tela).
En la acuciosa investigación constan 34 actas circunstanciadas y constancias levantadas in situ por las autoridades electorales, lo que les da la solidez de pruebas plenas. Corresponden a sucesos acaecidos solo durante una semana y demuestran que los aludidos son presentados en sus eventos como candidata y candidatos a la Presidencia de la República, que el objetivo de los aspirantes es precisamente la candidatura presidencial del partido oficial, que en los actos se promueve el voto en favor de Morena, se presumen los “logros” del gobierno y hasta se condicionan servicios públicos esenciales a que el partido color sangre triunfe en las elecciones de 2024.
En las actas y constancias se detalla que el contenido de la gira de las corcholatas se refiere adelantadamente a las elecciones federales del año entrante, pues se defienden ahí los programas del gobierno actual, se argumenta en favor de la continuidad de su proyecto, se hacen promesas de campaña (como la construcción de hospitales y acuaféricos), se ataca a los partidos de oposición (bajo el mote de “derecha derrotada”) y se solicita el voto para ganar la mayoría calificada en el Congreso.
Las documentales públicas demuestran que las “asambleas informativas” no son eventos partidistas limitados a su militancia ni acotados a temas de la vida interna del partido Morena, sino que tienen “una naturaleza proselitista con la finalidad de posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía, de cara al próximo proceso electoral federal”.
La UTCE concluye que tales actos “no tienen cobertura legal, porque aún no inicia el proceso electoral federal” y que “no se trata de eventos aislados, sino que su reiteración deja ver que son actos orquestados con el propósito de posicionarse de manera anticipada a los comicios en perjuicio de la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Es por todo ello que se propuso ordenar a Morena y sus aspirantes que “suspendan todos y cada uno de los actos públicos abiertos referidos como recorridos o asambleas informativas”.
En un espectáculo bochornoso, los consejeros Rita Bell y Jorge Montaño arguyeron, a despecho de que los hechos denunciados se demostraron plenamente, que eran de “incierta realización”. Se exhibieron sin decoro como comprometidos representantes de Morena y, con sus dos votos, lograron que el proyecto se rechazara. Pese a ello, las irrefutables pruebas quedan ahí, constan en el expediente manteniendo a plenitud su vigor, lo que seguramente será alegado ante el Tribunal Electoral federal. Éste, que tendrá qué hacer valer la ley y valorar la fuerza de los hechos, deberá ordenar la suspensión de las campañas anticipadas de las corcholatas morenistas.
Cincelada: Xóchitl Gálvez, la senadora panista de origen indígena, irrumpió para oxigenar la escena política nacional, descolocando al dedazo presidencial y a su farsa del corcholataje.
