La miopía de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al rumbo que debería adoptar México en materia energética no sólo se ha puesto de manifiesto en los desplantes retóricos de los principales funcionarios del sector energético, encabezados por la secretaria Rocío Nahle, sino también las acciones concretas que se han reflejado en políticas, planes, acciones de los órganos reguladores del sector energético (que de autónomos ya no pueden presumir) y, por supuesto, en el presupuesto que el actual gobierno ha ejercido en este importante sector y el que propone para el ejercicio 2021, que giran en torno a la obsesión de regresar a Pemex su grandeza, que estaría coronada por el empeño en construir la refinería de Dos Bocas, a pesar de las advertencias de que no es el tipo de proyecto en el que México debería invertir sus limitados recursos presupuestales y en torno al impacto ambiental que, sin duda, alguna tendrá. Queda claro que la apuesta de esta administración, basada en principios propios de la década de los setenta, es por los combustibles fósiles, mientras que hay un desprecio absoluto en torno a una visión de un futuro para México movido por energías limpias.
Así, por ejemplo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso al Congreso de la Unión, se observa cómo para la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, se propone un gasto de 45 mil 77 millones de pesos, mientras que para la Dirección General de Energías Limpias, también de esa secretaría, sólo se prevé destinar la pomposa suma de 258 millones de pesos. Es verdad que en ambos casos hay una caída en términos reales respecto a lo que aprobó para que ejercieran como gasto para este 2020, pero mientras que en el caso de la Subsecretaria la caída es de aproximadamente 6 por ciento en términos reales, en el caso de la Dirección la caída es dramática: alrededor de 51 por ciento.
Todo esto ocurre en un contexto internacional en el que muchos países están aprovechando la coyuntura que provocó la pandemia de Covid-19 y las alteraciones en la evolución de la demanda por energía que se perfilan hacia los próximos años, sobre todo por los cambios que se anticipan, por ejemplo, en la movilidad de las personas, para impulsar con mayor decisión lo que se conoce como “transición energética”.
Así ocurre en países como Francia, Alemania, Reino Unido y Japón, e incluso el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, que hablan de comprometer cuantiosos recursos para la inversión en proyectos basados en energías renovables, sí con el ánimo de reimpulsar sus economías pero también con una idea clara de promover la transición energética hacia un ecosistema menos dependiente de los combustibles fósiles, en consonancia con la aspiración de lograr disminuir el ritmo del calentamiento global.
Incluso algunas grandes compañías petroleras están mostrando que tienen claro que su viabilidad hacia adelante depende en gran medida de subirse al tren de las energías limpias. Así, empresas como la británica British Petroleum (BP) hablan ya de reinventarse, de pasar de ser una compañía petrolera internacional a convertirse en una compañía integrada de energía. Otras petroleras, como la francesa Total, apuntan ya también en esa dirección.
Mientras los grandes jugadores empiezan a replantearse su futuro en un mundo en el que se consumirá menos petróleo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno del presidente López Obrador siguen depositando una enorme fe en la refinería de Dos Bocas como un factor que ayudará a solucionar muchos de nuestros problemas.
Lo grave es que en esa obsesión se han lanzado de lleno a desarrollar el proyecto de construcción de la refinería sin tener toda la etapa de estudios e ingeniería realmente terminados. Tan es así que apenas el 8 de septiembre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) convocó a una licitación para contratar a una firma que le ayude a “determinar el grado de desarrollo que tiene el alcance del proyecto, identificando cada uno de los elementos críticos con el fin de determinar posibles factores de riesgo”, según lo define la convocatoria del IMP.
Sin embargo, cuando uno revisa los plazos de ejecución de los trabajos al amparo de este posible contrato, se queda uno preocupado. Primero, porque los interesados deberán presentar sus propuestas el 25 de septiembre y el fallo será anunciado el día 30. Luego, asignado el contrato, el ganador tiene tres días hábiles para presentar el plan de desarrollo del trabajo, 20 más para presentar una versión preliminar del diagnóstico solicitado para comentarios de Pemex y, basado en esos comentarios, 10 días hábiles más para entregar la versión final del diagnóstico. El IMP prevé que la vigencia del contrato finalice el 17 de noviembre. A todas luces se ve como un proceso demasiado precipitado.
Llama la atención que el IMP necesite contratar a alguien que le diga cómo va el proyecto de Dos Bocas y que le dé muy poco tiempo para tal fin. Una de dos: o estamos en la antesala de un fraude y una licitación amañada para un trabajo que no se requiere en realidad, o este es uno más de los ejemplos de la improvisación con la que el gobierno ha hecho caminar un proyecto que hoy aún está rodeado de dudas sobre la verdadera utilidad que aportará a México el día que lo lleguen a concluir —que, por cierto, no será cuando lo prometieron. Es un claro ejemplo de la miopía con la que este gobierno ve el futuro energético de México.
