Vivimos una época de bonapartismos en la que cualquier mequetrefe se siente un Napoleón, aunque sea el tercero. Fue Marx en “El 18 Brumario de Luis Napoleón” quién acuñó el término “bonapartista” inspirado por el ejemplo otorgado por quien Víctor Hugo bautizó como Napoleón el Pequeño, el sobrino de su tío, el fundador del Segundo Imperio Francés, que llegó a la presidencia de la efímera II República mediante el sufragio universal y, al poco tiempo, se coronó emperador. Por eso, en rigor, el concepto de bonapartismo se utiliza para aquellos personajes electos presidentes en las urnas y quienes desde el Poder Ejecutivo van minando a las instituciones democráticas y a los contrapesos institucionales. El propio Luis Napoleón justificó su postura como una especie de “tercera vía” entre la república liberal y la monarquía, implantado en un liderazgo conservador pero con apoyo popular y “modernizante”. Un sistema pretendidamente basado en la democracia “porque el poder pertenece al conjunto de los ciudadanos”, pero dentro de un orden jerárquico dizque “para poder estimular a todas las potencialidades de la sociedad”. El poder es del pueblo, pero se lo trasfiere a un líder de forma ilimitada, no de la manera restringida como lo hace bajo los parámetros habituales de la democracia representativa.
Entre Napoleón III y los actuales populismos latinoamerixcanos hay varias coincidencias. Luis Napoleón fue elegido presidente de Francia en 1848 en unas elecciones donde consiguió alrededor del 75 por ciento de los votos con el apoyo, sobre todo, de las masas rurales que votaban por primera vez. El mítico apellido “Bonaparte” fue definitivo para vencer a rivales desconocidos para las masas. Como la Constitución de la II República establecía un período presidencial de sólo cuatro años y no contemplaba la posibilidad de la reelección, mediante sendos plebiscitos Napoleón III consiguió primero ampliar el período presidencial a diez años y, finalmente, en 1852 instaurar el II Imperio. Por su parte, América Latina es tierra fértil en autócratas y falsos “tribunos populares” adictos a la reelección presidencial y que en los tiempos modernos han ido expandiendo y afianzando su poder mediante el control de la fuerza pública, de la corrupción y de la facultad para repartir a conveniencia los recursos del Estado.
Marx señalaba que el bonapartismo consistía en un Poder Ejecutivo fuerte e independiente respecto de los otros sectores del Estado, el cual buscaba “apoyarse en distintas clases apelando a sus intereses particulares con planteos específicos para cada una, llevando adelante una política de carácter burgués, pero no necesariamente apoyada por la burguesía”. Por su lado, Gramsci prefirió hablar de “cesarismo”, teniendo como referencia histórica a Julio César y definido por el pensador italiano como “la solución arbitraria, confiada a una gran personalidad, de una situación histórica y política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas”. Gramsci distingue entre dos tipos de cesarismos, unos son “progresistas”, como los representados por Julio César y Napoleón I, y suceden cuando su intervención “ayuda a las fuerzas innovadoras a triunfar”. Otros “son regresivos”, como los de Napoleón III y Bismarck, y ocurren cuando su intervención “colabora al éxito de las fuerzas retrógradas”. Todos estos retruécanos ideológicos pretenden esclarecer la aparición de un régimen personalista y plebiscitario donde el líder, aunque convalidado por el pueblo, pasa a convertirse en la única voz válida. Esto supone que la sociedad se rinde ante el caudillo iluminado. Solo la fuerza de su carisma es la expresión de su legitimidad y, pese a la sofistica marxista, históricamente siempre ha terminado en la convalidación y defensa de los privilegios de ciertas élites.
El bonanapartismo tiene una larga historia de América Latina, región rica desde las guerras de independencia en espadones y caudillos y pobre en cuanto a la construcción de instituciones democráticas. Hoy en la región resurgen los pequeños y minúsculos Bonapartes, apuntalados en una popularidad personal directamente proporcional a la crisis de los viejos partidos. México no es la excepción, y es interesante ver a algunos “intelectuales” de la 4T tratar de justificar las pulsiones autoritarias de su líder como una suerte de “cesarismo progresista” o “bonapartismo bueno”. Pero la agenda política de AMLO está claramente alejada de una genuina línea progresista, como lo prueba el desmantelamiento de instituciones sociales y su sustitución por mecanismos prebendarios, la llamada “austeridad republicana” cuyos principales perjudicados son los trabajadores de la administración pública, la militarización de sectores cada vez más grandes del ámbito gubernamental, el pertinaz antiintelectualismo, el decrépito antifeminismo, la celebración de falaces “consultas ciudadanas” para imponer decisiones o exaltar culto a la personalidad del jefe mediante una pretendida legitimación plebiscitaria, la bárbara represión a los migrantes, la retrógrada política educativa y un largo etcétera.
Con una práctica hegemónica (muy gramsciana también, debe decirse) AMLO procura instalarse como primordial regulador de la política nacional atendiendo una lógica con evidentes rasgos bonapartistas, sobre todo por ir custodiada de una compleja operación ideológica la cual pretende instaurar al Peje como un parteaguas respecto al pasado y darle a su liderazgo una “dimensión histórica”. En todo caso, mucho más respetables que las maromas pseudoconceptuales de ciertos analistas de la “izquierda” pro obradorista vale la pena atender algunas reflexiones de analistas de verdadera orientación marxista, quienes consideran que la concentración de poder en manos del nuevo “hombre fuerte de México” solo redunda en una mejor defensa de los intereses de las élites tradicionales por ser garantía de estabilidad tras el desprestigio y desgaste de los gobiernos priistas y panistas, y quienes consideran el arribo al poder de AMLO como “la réplica desde las cúpulas a una escisión de largo aliento entre gobernantes y gobernados, con el propósito de recuperar la legitimidad del régimen restaurando la brecha con las masas y subordinarlas a nuevos mecanismos hegemónicos”.
