De nueva cuenta el gobierno federal “ajusta” la cifra de personas desaparecidas en nuestro país de 120 mil a 99 mil. El lunes 18 de marzo la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina presidencial, rectificó una vez más esta cifra y lo hizo sin la presencia de Teresa Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por cierto, destacada militante de Morena.
La secretaria de gobernación explicó de manera rocambolesca que a los 110 mil 964 casos que tenían registrados en agosto del año pasado, se sumaron 9 mil 427 acaecidos de enero a marzo del 2024, por lo que la cifra es de 120 mil 391. Sin embargo, 5 mil 576 personas ya fueron localizadas, y le restan 15 mil 158 personas localizas por metodología de prueba de vida, ante lo cual, la cifra oficial desciende a 99 mil 729. Obvio, todo ello dicho como si esa reducción, dudosa de por sí, significara un gran alivio para las y los mexicanos que padecen este desgarrador flagelo.
El escenario para el anuncio no podía ser más fúnebre, toda vez que mientras al interior de Palacio Nacional se anunciaba dicha reducción, afuera, Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, llegaba para entregar al presidente la “pala de mando”, “para que haga su trabajo”, diciendo “esta pala nunca debería haber estado en mis manos”. Mientras que, en uno de sus cada vez más crueles comentarios, el presidente al final de su mañanera respondía: “¡Ah, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí!”, al tiempo que ofrecía al otro día hablar del tema, una mentira más de su parte; pues aunque Ceci Flores regresó el martes, ahora vestida de beisbolista, para ver si así la atendía el presidente, una vez más, fue ignorada.
Pero el desplante inhumano del presidente no es más que la muestra de la política que ha seguido su gobierno respecto al grave tema de las desapariciones en nuestro país, recordemos que el 23 de agosto del año pasado, la entonces encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció al puesto y aunque en ese momento nada dijo, en noviembre señaló que su salida se había dado “por diferencias sustantivas tanto de forma como por el objetivo” en el proceso para actualizar el registro nacional de personas desaparecidas.
Como era obvio, el gobierno aprovechó para “tras un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil”, nombrar a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien cuenta con poca o nula experiencia en la materia y que ha sido una nulidad en la Comisión, suele acatar los “ajustes” que, ni siquiera anuncia ella, sino la secretaria de gobernación, con la falta de empatía con las víctimas y talante defensor de la postura del presidente que siempre la ha caracterizado.
Tal fue el caso del “ajuste en la metodología” dado a conocer el 14 de diciembre de 2023, también en la mañanera por la propia Luisa María Alcalde, señalando que de un plumazo el gobierno bajaba la cifra de personas desaparecidas de 110 964 mil a sólo 12 mil 377, justificando, en ese momento, que el ajuste se debía a que había encontrado con vida o en registros de actas de defunción a 16,681 personas, menos 1,951 casos duplicados, menos 36,022 registros “sin ninguna pista”, a lo que restaron a 17,843 personas ubicadas pero sin prueba de vida, menos 26,090 personas de las que no contaban con información suficiente para saber si estaban desaparecidos o encontrados, dado lo cual, la cifra bajaba hasta 12 mil. Anuncio que como era de esperarse, desató la indignación de las organizaciones activistas y personas especialistas, por lo que ahora vuelven a la carga y reajustan la cifra.
El caso de las personas desaparecidas en México ya es tan escandaloso, que ha tenido repercusión internacional. Apenas la semana pasada el rey Felipe de España, otorgó el Premio de Derechos Humanos de España a la organización Familias Unidas por los Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), reconociendo el “coraje” de las madres buscadoras y colectivos de desaparecidos en México, “esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias”. ¿Pero cómo es posible que ante esa cada vez mayor ola de indignación y preocupación que se levanta más allá de nuestras fronteras, el gobierno de México trate con tal desaseo las cifras y lo único que le provoque sean comentarios desdeñosos hacia las madres buscadoras?, ¿Cómo es posible que un gobierno que dice ser de izquierda desprecie esta causa que lastima, justamente a las personas de más escasos recursos?
Los desplantes y groserías del presidente ya son un escándalo, son patológicos, el presidente dice que recibirá a Cecil Flores después de las elecciones, porque no quiere que el tema se use con fines electorales. Los padres y madres buscadoras de personas desaparecidas en México, han asumido la obligación que es del gobierno de buscar, investigar y hacer justicia contra este flagelo, incluso arriesgando sus propias vidas, particularmente en el actual sexenio, en el cual no solo han recibido abandono gubernamental, sino incluso violencia verbal del presidente y una total falta de empatía frente a su dolor, pero el presidente solo piensa en elecciones. En ese sentido valdrá la pena que las familias mexicanas le demos una lección al presidente y a su partido en las urnas el próximo 2 de junio, para que entienda que a las madres buscadoras se les debe no solo escuchar, si no atender y respetar.
Claudia Castello.
