De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), durante 2020, en América Latina las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres correspondieron a Honduras (4.7 por cada 100 mil mujeres), República Dominicana (2.4) y El Salvador (2.1). En Argentina y México la tasa de feminicidios se mantuvo.
Para el año 2021, la organización México Social señalaba que la violencia en México contra las mujeres era una epidemia. En nuestro país se matan mujeres por el simple hecho de serlo. La tasa creció exponencialmente entre 2015 y 2018, y desde entonces se había mantenido en niveles históricos.
Sólo en el mes agosto de 2021 se alcanzó la cifra de 113 víctimas, mayo fue el segundo mes más violento contra las mujeres: 110 fueron asesinadas. Año fatídico que registró en total mil seis asesinatos en todo el país (la cifra más alta de la administración de López Obrador, hasta entonces). En 2015 se registraron 427 víctimas; 2020 cerró en 649 feminicidios. Enero de 2022 ya contabilizaba 76 asesinatos de mujeres, y febrero alcanzó la cifra de 80 feminicidios, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Los datos se obtienen a partir de las cifras mensuales proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de las Carpetas de Investigación reportadas por las fiscalías generales de Justicia de los estados y de la Ciudad de México. Según datos del propio Secretariado, de 2015 y hasta enero de 2022 se habían registrado 5 mil 790 víctimas de feminicidio en México. Hay que puntualizar que se trata de cifras oficiales, y que en muchos casos el delito, por diversas omisiones, no es tipificado como tal. Un buen número de mujeres alcanzan el estatus de desaparecidas.
Si los números reportados nos parecen aterradores, el detalle de estos nos revela realidades oscuras, espectros que amenazan nuestra vida, por el simple hecho de ser mujeres. Poco importa nuestra edad: nos matan por igual a niñas, adolescentes, adultas y mujeres de la tercera edad. Casi seiscientos casos de mujeres asesinadas, entre 2015 y 2022, fueron niñas y adolescentes. Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León son las entidades donde se comete el mayor número de delitos de este tipo.
Nos matan por igual con armas de fuego, punzocortantes, contundentes, estranguladas… Nos matan conocidos, en nuestros entornos, cuando recorremos el camino de la casa al trabajo o viceversa, cuando salimos a divertirnos; encontramos la muerte a bordo de un taxi, en manos de nuestro “compañero de vida”. Se nos culpa, se nos señala y pasamos de víctimas a provocadoras de nuestra propia muerte. Se nos estigmatiza, se nos juzga y se nos condena sólo por ser mujeres.
Para tener el desgraciado honor de que se nos incluya en la estadística, se nos encasilla, aun en la muerte; hay quien dice que el requisito es que muramos a manos de un varón con quien hayamos entablado una relación o un vínculo íntimo: el novio, el amante, el marido o exmarido…, aunque el catálogo sea más amplio.
Según Patricia Olamendi (Feminicidio en México, INMUJERES. 2016.), pueden distinguirse diferentes tipos de feminicidio, donde cambian las circunstancias y los modus operandi, pero la premisa “por razones de género” se mantiene. A saber: Íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico desorganizado, sexual sistémico organizado, prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista o por mutilación genital femenina.
Nos arrojan ácido a la cara, nos sepultan esperando que nuestros seres amados nos olviden y cejen en su empeño por seguir buscándonos. Nos califican. Existen leyes que se fueron construyendo a partir de nuestras exigencias, pero hoy parecen inoperantes, letra muerta. En la visión gubernamental ocupamos un lugar secundario entre sus prioridades. Muchas carpetas de investigación se abren, pero pocos casos se resuelven. No queremos imaginar que existe una complicidad social contra nosotras, no queremos pensar que las mujeres somos consideradas por nuestros gobernantes como ciudadanos de segunda.
Es en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México donde más nos desaparecen. Llegan a decir, también, que nuestro asesinato se trató de “violencia doméstica” —otra vez, una deficiente tipificación del delito—. Queremos gritar. Nos ahogamos. Sentimos la mano de la muerte que nos toma por sorpresa, de manera cobarde y artera. Miramos la complacencia de nuestras autoridades con nuestros asesinos. Nos miran vivas y somos un peligro, nos miran muertas y somos una estadística. Está visto que, si nosotras no hacemos algo por cambiar nuestra situación, seguiremos al margen de las prioridades del gobierno. En tanto, gritemos fuerte para seguir haciéndonos escuchar, para romper la espesa capa de tierra que quieren echarnos encima estando vivas. Nos olvidan en las cárceles, nada importa que seamos madres, hijas, sobrinas, tías, abuelas. En marzo se registraron 73 feminicidios y la cifra crece. ¡¡Nos están matando!!, y a pocos importa. Es la realidad.
