El más reciente ataque a la democracia es la CURP con foto. Así se llama el nuevo intento del gobierno para apoderarse del padrón electoral. Se recordará que AMLO y los suyos lo intentaron con los planes A y B de la inconstitucional contrarreforma electoral, además del control gubernamental de las elecciones y la supresión del INE. La propuesta de nueva Ley General de Población pretende que la CURP con foto desplace como identificación oficial a la credencial expedida por el INE y que, en adelante, la base de datos de la Secretaría de Gobernación determine los registros electorales.
Con fecha 30 de marzo de 2023, las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Población y se expide una nueva. El dictamen que incluye este nuevo intento se publicó en la Gaceta del Senado el 26 de septiembre y se turnó al pleno para su votación. El 10 de octubre fue devuelto a comisiones sin discusión y sin que se hubieran expuesto las razones de la devolución. Queda vigente, sin embargo, la voluntad de la mayoría de Morena y sus rémoras en el sentido de aprobar este nuevo ataque a la democracia.
Sin que la Secretaría de Gobernación tenga atribuciones constitucionales para ello, los artículos 68, 75 y 76 de la nueva Ley facultan a esa dependencia para expedir la CURP con foto como documento de identificación oficial, desconociendo la credencial que nos expide el INE.
Otro artículo contenido en el dictamen, el 83, se sobrepone a la atribución exclusiva que el INE tiene asignada para la elaboración del padrón electoral, pues establece que, “para la integración de los instrumentos electorales”, la Secretaría de Gobernación proporcionará la información del Registro Nacional de Ciudadanos a la autoridad electoral.
Por otro lado, el artículo 65 de la nueva Ley obliga a todas las autoridades de la Federación a auxiliar a la SEGOB en materia de registro de población, obligación impuesta que va dirigida especialmente al INE, antes que a cualquier otro organismo. Dado que en los transitorios del dictamen no se prevén recursos presupuestales para la elaboración del nuevo registro ni para la expedición de la CURP con foto, la intención manifiesta es, otra vez, el arrebato gubernamental de la base de datos del INE, elaborada, depurada y actualizada tras décadas de trabajo profesional, protegido por la autonomía constitucional y bajo la vigilancia de los partidos políticos.
De aprobarse y promulgarse en estos términos, la nueva Ley General de Población implicará un retroceso de tres décadas en la lucha por la autenticidad de las elecciones en México, ya que restablecerá el control gubernamental del padrón electoral, su uso sesgado y discrecional, así como la invasión inconstitucional de una facultad expresa del Instituto Nacional Electoral. Pondrá en riesgo, además, la seguridad de los datos personales y los biométricos que la ciudadanía ha puesto bajo resguardo del INE.
Es momento de que los legisladores de oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cierren filas para evitar este nuevo atraco y lo hagan sin concesiones. La ciudadanía, que con las grandes manifestaciones del 13 de noviembre y 26 de febrero derrotó políticamente los planes A y B de AMLO, tiene ante sí una nueva afrenta: la defensa del padrón electoral y de la credencial del INE, que son instrumentos confiables en los que se basan la autenticidad de las elecciones y el voto universal, directo y secreto y que, a la vez, dotan de identidad y seguridad jurídica a las y los ciudadanos mexicanos.
Cincelada: “Muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal”, dijo AMLO del h. general Cienfuegos cuando fue detenido por narcotráfico. Luego lo liberó, lo exoneró y ahora lo condecora.
