Altos funcionarios federales y estatales deben explicar qué hicieron antes, durante y después del desastre ocasionado por el huracán Otis en Acapulco y otros 46 municipios del estado de Guerrero. Me refiero a servidores públicos con las más altas responsabilidades y a otros, cuyos cargos conllevan obligaciones legales de ofrecer prevención, auxilio y recuperación en caso de desastres naturales, así como proteger la integridad física y los bienes de la población. Si bien en estos momentos lo urgente es auxiliar a los damnificados y restablecer el abasto y los servicios públicos, más temprano que tarde estos funcionarios deberán responder por las omisiones y responsabilidades en que incurrieron y que ocasionaron pérdida de vidas y graves daños patrimoniales.
Por su ubicación geográfica, México ha sufrido por sismos y huracanes a lo largo de su historia. Los movimientos telúricos son recurrentes y los fenómenos hidrometeorológicos tenderán a agravarse por el calentamiento global. Atendiendo esta condición de riesgo, se estableció una política de protección civil y prevención de desastres naturales a partir de que, por su magnitud, muchas veces exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Para afrontarlos se debe hacer una política de Gestión Integral de Riesgos que observe las siguientes etapas:
1) Antes de un desastre: identificación de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención. mitigación y preparación.
2) Durante un desastre: auxilio.
3) Después de un desastre: recuperación y reconstrucción.
Así lo establece la Ley General de Protección Civil, la que también señala que la gestión de riesgos es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, que deben establecerse dependencias especializadas en la materia y que son necesarios los ahorros estratégicos para enfrentar esta tarea.
El embate del huracán Otis evidenció graves fallas en el cumplimiento de esta función por parte de las autoridades. La responsabilidad política recae en la Presidencia de la República, con la complacencia de la mayoría artificial que lo respalda en el Poder Legislativo, pues la llamada política de austeridad castigó fuertemente el presupuesto que se destinaba, desmanteló los órganos especializados en la prevención de desastres (señaladamente el CENAPRED y los servicios meteorológicos), saqueó los ahorros estratégicos y ahora apenas da para fantasiosos planes de reconstrucción. La desgobernadora de Guerrero no atendió sus tareas en esta materia, como tampoco ha atendido casi ninguna otra de sus altas responsabilidades.
Pero quienes, en el gobierno federal y estatal tienen a cargo la protección civil, incurrieron en responsabilidades más específicas: ¿A qué se dedica Rosa Icela Rodríguez en su puesto en el gabinete presidencial, si el mando de la Guardia Nacional reside en el ejército y tiene abandonada la protección civil? ¿Por qué el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, a cargo de la coordinadora Nacional Laura Velázquez, no alertó debidamente de la entrada de Otis a la costa guerrerense y tampoco dispuso planes de resguardo y de auxilio inmediato de la población? ¿Qué hizo ante el desastre y a qué se dedica el Dr. Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno de Guerrero? (Sí, aunque usted no lo crea, hay una dependencia de tan rimbombante nombre en el desgobierno de esa sufrida entidad.
¿Responsabilidad política por graves omisiones en sus cargos? ¿Responsabilidades por faltas graves de carácter administrativo? ¿Conductas tipificadas como delito en el Código Penal? Tarde o temprano, tales cuestionamientos deberán responderse.
Cincelada: Si la rebelión de Batres y Bejarano logra su cometido y López Obrador impone a Clara Brugada, desgarrará la candidatura de Sheinbaun y dejará claro que su bastón de mando es de utilería.
