Cuando ocurren delitos de alto impacto, se suelen desatar peticiones de aumento en las penalidades. Esto está ocurriendo después del asesinato de Fátima, la pequeña de siete años que además sufrió abuso sexual, por lo que se configura el tipo penal de feminicidio.
La sociedad indignada, exige castigos ejemplares, y no sin razón, y los oportunistas entran en escena.
El Partido Verde Ecologista presentó, en la Cámara de Diputados, una iniciativa para restablecer la pena de muerte en casos como el de Fátima. Los legisladores de ese partido señalan que no se pueden tolerar conductas de ese tipo y que para sancionarlas hay que llevar a los perpetradores al patíbulo.
Ilustración: Stuart McReath
Quieren muerte para los asesinos y violadores de menores de edad y para conseguirlo se tendrán que modificar al menos cuatro artículos de la Constitución y salirse del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sería volver a un listado nada ejemplar, en compañía de Arabia Saudita, Baréin, China, Irán, Uganda, Siria, Sudán y Estados Unidos, entre otros.
También se tendrá que echar por tierra todo el avance en el sistema no jurisdiccional de protección de los Derechos Humanos y suspender los reclamos que México le hace a Estados Unidos por la ejecuciones de mexicanos condenados a la pena capital en aquel país.
Todos queremos que los asesinos paguen por lo que hacen y que en ello no existan contemplaciones, pero esto debe estar aparejado a la construcción de una sociedad de derechos.
El Estado no puede cometer un crimen para castigar un crimen, porque además de ineficaz es tenebroso. No se trata de creer que los hombres son buenos, sino de apostar por la ley, por el pacto que permite la construcción de las civilizaciones.
La propuesta del Partido Verde, que es reciclada para cuando se les ofrece, es un disparate, pero puede encontrar eco ante una situación de alta violencia y de feminicidios en los que las autoridades se encuentran rebasadas y los niveles de impunidad son superiores al 95%.
Están vendiendo que las muertes de los delincuentes pueden servir para mejorar la justicia, pero eso es falso. El único antídoto para revertir la violencia es el de hacer valer la legalidad y ejercerla.
Esto es, el Estado debe poner énfasis en su principal deber: garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus familias.
Si bien es una estrategia electoral del Partido Verde, que trata de subirse en la ola del miedo, habría que insistir en que el rechazo a semejantes iniciativas debería provenir, en primera instancia, de la propia izquierda, la que quede y en dónde esté.
