La polémica senadora morenista María Soledad Luévano Cantú—la misma que en diciembre del año pasado propuso eliminar la separación entre Iglesia y Estado—presentó una nueva iniciativa: la Ley Nacional por la Libertad de Prensa, un documento sumamente vergonzoso, tanto por su hechura tramposa como por sus intenciones autoritarias.

Y es que, para empezar, en nada garantiza la libertad de prensa. Todo lo que propone se dirige a controlar la conducta de los medios de comunicación para que, si se portan bien y se ponen bajo la bota del gobierno, puedan obtener contratos de publicidad oficial.

María Soledad Luévano Cantú

El documento fue publicado el 8 de septiembre en la Gaceta del Senado de la República. Asegura basarse en la propuesta del Colectivo #MediosLibres que en el 2018 impulsó una iniciativa de ley para regular la discrecionalidad de la publicidad oficial. Pero lo que en realidad hace Luévano es agarrar de ese documento algunos elementos sueltos y distorsionarlos, pues le sirven de pretexto para aterrizar una propuesta autoritaria y que pone en peligro la libertad de expresión.

No sólo eso: la primera parte de la iniciativa (la exposición de motivos y los fundamentos jurídicos) son un COMPLETO PLAGIO de un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es tal la ineptitud y el descaro que se copiaron hasta los superíndices de las notas al pie. Volveremos sobre esto más adelante.

De qué trata

En síntesis, recojo las propuestas más llamativas de la iniciativa de ley, casi todas ellas reprobables, ridículas o inadmisibles. Se puede leer la iniciativa completa AQUí.

1.- La conformación obligada de un Comité de Autorregulación de Prensa, integrado únicamente por periodistas, electos por votación. Esta elección deberá organizarla el INE, cada 4 años, el 3 de mayo. Los miembros no recibirán sueldo. “Las directoras y directores de las escuelas con acreditación oficial que oferten las carreras de periodismo, comunicación o afines, las y los representantes legales de los medios de comunicación y las y los periodistas tendrán derecho a ser votados y a votar de manera libre y secreta en la elección del comité de autorregulación de la prensa”. De este Comité dependerá qué medios obtienen contratos.

2.- La creación de un Registro Nacional de Medios de Comunicación y Periodistas. Si un medio no está en ese registro, no puede obtener publicidad oficial. “El comité de autorregulación creará el Registro Nacional de Medios de Comunicación y Periodistas, solamente los medios de comunicación y los periodistas inscritos podrán acceder a contratos de publicidad oficial, tendrán derecho a votar y ser votados para integrar el comité de autorregulación de la prensa y tendrán derecho a participar en las conferencias generales”, asienta. Pero no se queda ahí. La morenista no tiene límite: “El comité compartirá la información y las actualizaciones del Registro Nacional de Medios de Comunicación con la Secretaría de Gobernación para que dicha institución emita las respectivas acreditaciones”. ¿En serio? ¿Acreditaciones de prensa emitidas por Segob? Qué atrocidad. Contradictoriamente, añade: “Ningún gobierno podrá intervenir en la elección, conformación o en la toma de decisiones del Comité de Autorregulación, pues dicho comité actuará bajo el principio de que la prensa se regula con la prensa”.

3.- El INEGI elaborará dos encuestas: una de impacto y alcance de los medios y otra de “credibilidad” de los medios. “El INEGI elaborará cada año la encuesta nacional de credibilidad de los medios de comunicación, donde medirá la calidad y la imparcialidad de todos los medios que cuenten cuando menos con un año de antigüedad en el registro nacional de medios de comunicación y periodistas”. ¿Medir la imparcialidad y por encuesta? Válgame.

Los resultados de ambas encuestas serán determinantes en la asignación de publicidad. Dos criterios errados, que, por supuesto, se prestan a la corrupción, a la discrecionalidad y el tráfico de influencias, así como a la manipulación presidencial en contra o a favor de algún medio o periodista. Imaginemos nada más cómo saldría librado Carlos Loret de Mola o Reforma, luego de los interminables ataques que les ha dirigido Andrés Manuel López Obrador.

4.- La obligatoriedad de que los tres niveles de gobierno ofrezcan conferencias de prensa. La senadora incluso señala cada cuándo y cuánto deben durar. Es más: hasta dicta cuántas preguntas tienen derecho a hacer los reporteros por conferencia: máximo 30. Es increíble que una Ley Nacional se preocupe por minucias como la dinámica concreta de una conferencia de prensa.

5.- La obligación de los medios de dar a sus empleados un “bono” por publicidad oficial. Ello, lo sabemos, llevaría a la quiebra a muchos medios. Además de que, claro está, es un chantaje disfrazado: un periodista que “ayuda” a que su medio gane contratos de publicidad oficial al escribir contenidos agradables a un gobierno vería incrementados sus ingresos. No sería más que un chayote institucionalizado.

6.- La prohibición de que los medios que no den seguridad social a sus trabajadores accedan a publicidad oficial. Muchísimos medios pequeños (de dos o tres personas) funcionan de manera precaria y tal medida los pondría fuera del alcance de uno que otro contrato de publicidad oficial de un municipio o gobierno estatal. Contratos que representan para muchos la diferencia entre seguir funcionando o cerrar definitivamente.

7.- “Cuando los medios de comunicación difundan información cuya fuente sea en cuando menos un 50% de un comunicado oficial, deberán incluir una leyenda que informe a sus audiencias que se trata de información gubernamental”. Y otra por el estilo: “Los medios de comunicación tienen derecho a manifestar opiniones editoriales, pero deberán informar con toda claridad a sus lectores que dichas opiniones únicamente reflejan la percepción del autor o del medio de comunicación que la emite, para ello, deberán colocar cintillos visibles con dicha aclaración”. Gracias por darnos “el derecho a manifestar opiniones editoriales”.

8.- “Los medios de comunicación podrán ofertar sus espacios publicitarios únicamente en los municipios o estados donde tengan impacto según la encuesta nacional de medios de comunicación, aquellos medios de comunicación que tengan impacto en más de 16 entidades de la república podrán acceder a contratos nacionales”. Este punto deriva claramente de la propuesta de #MediosLibres. (Puede leerse AQUÍ) Fue de los rubros que más polémica causó, ya que se consideró un criterio meramente funcional y mercadológico que no prioriza la labor social de la prensa. Estoy en contra de dicho criterio, pues es anacrónico. Todos los medios tienen la posibilidad de tener impacto nacional gracias a Internet y las redes sociales, sobre todo si cuentan con suficientes recursos para difundir sus contenidos.

9.- Señala criterios para poner topes de gasto a la publicidad oficial y asigna porcentajes de gasto según los niveles de gobierno, pero no justifica la elección de dichos porcentajes con ningún parámetro técnico. (De hecho, toda la ley adolece de justificaciones y definiciones suficientes).

10.- Regaños a periodistas: “En ningún caso podrá omitirse la respuesta (de un funcionario a una pregunta) ni podrá vetarse a ningún periodista, en caso de que algún representante de los medios de comunicación incurra en actos que vulneren el respeto mutuo que debe existir entre los servidores públicos y los periodistas, el afectado deberá presentar una queja ante el Comité de Autorregulación y Prensa y en caso de que resulte procedente, el comité deberá hacer un llamado público al periodista para comportarse con ética en el ejercicio de su profesión”.

11.- Este punto es rescatable, en principio “El Comité de Autorregulación podrá recomendar a los medios de comunicación que censuren alguna información cuando en ella se realicen llamados a la violencia, se incite al odio o se vulnere la integridad de personas, poniendo especial énfasis en el cuidado de los menores”.

Los motivos de la ley

Luévano señala que “la presente ley es de orden general y tiene por objeto promover y garantizar la plena libertad de prensa en la República Mexicana”. En realidad, el eje de su propuesta se encuentra en la regulación de la publicidad oficial y en crear múltiples obligaciones para los medios e instrumentos de vigilancia de la conducta de medios y periodistas, bajo la promesa y la amenaza, tanto velada como explícita, de ganar o perder ingresos. Obligaciones todas que se traducirían en un freno a la libertad de prensa, sobre todo por motivos económicos.

Es cierto que señala que es necesario impedir que la publicidad oficial “sea utilizada como mecanismo de censura indirecta por parte de las instituciones del Estado, propiciando redes de corrupción y control de las líneas editoriales de los medios de comunicación que dependen económicamente de la publicidad oficial, esto compromete el derecho a la información y a la libertad de expresión, es por esto la urgencia de esta Ley Nacional por la Libertad de Prensa”.

Asimismo, establece que los trabajadores de los medios tienen derecho a ser tratados con respeto por parte de las autoridades y recibir protección del Estado cuando su vida corra peligro. Esto es adecuado, así como el señalar que “los ciudadanos tienen derecho a recibir información confiable, transparente y precisa, al mismo tiempo, tienen derecho a conocer las acciones de Gobierno con pleno conocimiento de que se trata de propaganda gubernamental”. En diversos momentos señala que los periodistas no podrán ser perseguidos por sus ideas ni ser censurados, así como que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión.

Pero, al contrario de lo que hace al abundar en la regulación a la conducta de los medios, no propone un solo mecanismo para impedir que el Estado tome control de las líneas editoriales, o no prefiera darle un contrato a un medio y no a otro. La práctica totalidad de esta propuesta de ley restringe el actuar de los medios de comunicación y sólo lanza generalidades con respecto a los deberes del Estado.

Esta ley pone a concursar dolorosamente a los medios de comunicación para que demuestren quién se porta mejor. Potencia la discrecionalidad en la asignación de las pautas. La única regulación que se pone al Estado es la relativa a los recursos que puede destinar a publicidad oficial y la prohibición de realizar propaganda personalizada, medida que para nada es nueva.

Plagio descarado

El primer apartado, titulado “Exposición de motivos”, nos receta esta definición de libertad de expresión:

“La libertad de expresión es el derecho que se tiene a pensar y compartir con otras personas las ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco”. ¿Por qué se habla en primera persona? Terrible trabajo legislativo.

Sigue diciendo lo que incluye la libertad de expresión—acceder a información gubernamental, entre otras cosas—y luego enlista una serie de antecedentes en el tema y para ello, incurre en un plagio descarado de la Recomendación General 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 8 de febrero de 2016 que se puede leer AQUÍ.

En los apartados “Exposición de motivos” y “Situación y fundamentación jurídica” reproduce TEXTUALMENTE y sin dar crédito los puntos del 4 al 9, el 23, del 43 al 50 y del 54 al 73 de la mencionada recomendación. Un plagio descarado.

Conclusión

Es evidente que esta iniciativa no cumple con los requisitos técnicos para ser aprobada. Considero muy probable que sea rechazada en el mismo Senado.

Sin embargo, es una muestra del espíritu autoritario y profundamente conservador de Morena y la Cuarta Transformación. Muchos de los puntos de esta ley están claramente pensados para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo odio por la prensa crítica está bien documentado. López Obrador desea destruir a los medios críticos mientras que sostiene a los que se “portan bien”.

Las fallas de esta ley son técnicas, pero su espíritu es el adecuado para medrar en el actual gobierno. Bastaría corregir las deficiencias técnicas conservando el propósito. Es un signo muy preocupante.

Al igual que sus predecesores, el actual jefe del Ejecutivo es inequitativo en la asignación de publicidad oficial, ya que los medios que más le dan espacios amigables son también los que más pautas reciben. La Jornada es uno de ellos, junto con las grandes televisoras.

Sí, es cierto que reparte muchísimo menos dinero que gobiernos anteriores, pero ello se debe a su bien conocida tacañería, no a un afán de reducir la discrecionalidad.