Democráticas o no, las primeras elecciones en México –lo aprendí con Luis Medina Peña- se llevaron a cabo mucho antes de la consumación de la Independencia, en 1812. El primer fraude electoral se dio en 1828-1829, con levantamiento armado incluido. Fue en el proceso para suceder al primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, y el beneficiario fue Vicente Guerrero, el perjudicado Manuel Gómez Pedraza. Con ese fraude, como dijo Manuel Rivera Cambas, “quedó rasgada la Constitución” de 1824. Desde entonces, las elecciones democráticas son excepciones a una historia autoritaria.
Todo el siglo XIX existieron en la ley el sufragio universal masculino (no universal-universal) y las elecciones indirectas. Primero indirectas en tres grados y después en dos grados para presidente y diputados. En ese siglo, y antes del maderismo, los presidentes podían reelegirse y Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada lograron sus reelecciones, en 1867 y 1876 respectivamente, “gracias a una combinación de uso de la fuerza militar federal para resolver conflictos internos de los estados, el despliegue de artes combinatorias para atraerse gobernadores fuertes en sus estados e, incluso, de la compra de votos de diputados electos” (ésta y todas las citas provienen de un artículo de Medina Peña, “Visita guiada a las elecciones”, que incluí en la revista Estudios de Política y Sociedad, BUAP, núm. 2, octubre-diciembre 2005, pp. 93-146).
Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez (www.timetoast.com)
A partir de 1884, en su segunda presidencia/primera reelección tras el periodo de Manuel González, Porfirio Díaz desarrolla el “gobierno elector”, expresión que por sí misma dice todo. Medina Peña: “lo que caracteriza al largo tramo del porfiriato es un sistema político que, al margen de la Constitución, establece una maquinaria electoral para administrar las elecciones. Esta maquinaria fue piramidal” e iba de los alcaldes a los jefes políticos a los gobernadores, todos a favor de Díaz.
Llegamos al siglo XX. Caída la dictadura porfirista, “la ley electoral que Madero expide en 1911 mantiene la elección indirecta y no prohíbe los mecanismos que permitían el ejercicio de influencia de parte de los gobernadores; lo único novedoso en ella es que pone toda la fe en la legalización y funcionamiento de los partidos”. A éstos se les permite proponer candidatos a miembros de casilla. En 1912, “para la integración de la XXVI Legislatura, Madero logra que se aprueben reformas a la ley electoral e introduce la elección directa, no del presidente de la República sino de diputados y senadores”.
Caídos Madero y el responsable de su asesinato, Victoriano Huerta, ya con Venustiano Carranza en el poder, el Congreso Constituyente de 1917 establece la elección directa de presidente y la no reelección absoluta en ese cargo. En 1918, Carranza crea una Ley para Elecciones de Poderes Federales “que eliminó el requisito de la mayoría absoluta para la elección de presidente de la República y otorgó carácter permanente al padrón electoral. Sin embargo, esta ley conservó las facultades de los gobiernos estatales y municipales para determinar, respectivamente, las divisiones distritales y seccionales y para realizar los primeros pasos en la elaboración del padrón electoral”. Mantuvo “las facultades de los presidentes municipales en materia de instalación de casillas y registro de candidatos y conservó una disposición presente en las leyes electorales del siglo XIX que resultaría nociva: el funcionario designado para el efecto instalaba la casilla electoral con los primeros cinco electores que se presentaran en el lugar designado”.
Francisco I. Madero con Venustiano Carranza, José Ma. Pino Suárez y otros, retrato | Mediateca INAH
En el periodo 1920-1940, en la última etapa revolucionaria y las primeras etapas posrevolucionarias, está vigente la ley electoral de 1918, pero las elecciones son fuentes de conflictos en vez de soluciones a los conflictos. “Se producen cuatro pronunciamientos (armados) en el seno de la nueva élite política para tratar de decidir sucesiones presidenciales, de las cuales sólo la de Obregón contra Carranza es exitosa”. Las demás, dos contra Obregón, fracasan pero cuestan nacionalmente. “Las esperanzas de Madero, Carranza y los constituyentes de establecer un sistema electoral funcional habían fracasado”.
En ese periodo también ocurren el regreso obregonista a la reelección presidencial (discontinua), el asesinato del caudillo sonorense, el “maximato” callista, la creación del PNR, la serie de reformas de centralización política de 1933, la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934, la rebelión de Saturnino Cedillo en 1939, y la elección de 1940 que enfrenta a Manuel Ávila Camacho y Juan Andrew Almazán. “La ausencia de un organismo federal encargado de llevar a cabo el proceso electoral y vigilarlo, el encono de la lucha política e ideológica entre los dos organismos políticos (el partido oficial y el partido almazanista), la proliferación de brigadas de choque por ambas partes para, de acuerdo con la ley, ser los primeros en estar presentes al instalar las casillas crearon un ambiente de tensión y de violencia, principalmente en las ciudades, que nubló el prestigio e imagen tanto de los gobiernos entrante y saliente como del sistema político en general”. De esa situación nacería, por necesidad política de Ávila Camacho y el partido oficial ahora llamado PRM, la ley electoral de 1946, relevante para mayor centralización autoritaria y la hegemonía del PRI –ley que trataré en otro artículo.
Con esa historia, determinante de una cultura política general autoritaria, se puede ver que ningún sistema electoral sin INE funcionará democráticamente. López Obrador, que ha mentido sobre fraudes electorales, no es una excepción democrática.
