Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga
cuando el mundo me golpea. El calor de las
otras mujeres, de aquellas que hicieron de la
vida este rincón sensible, luchador, de piel
suave y tierno corazón guerrero.
Alejandra Pizarnik
Por Mariana Moguel Robles
Permanecer indiferente ante cualquier acto de violencia, en especial contra una mujer, es un acto de cobardía. Más cobardes son aquellos que bajo argumentos sospechosos defienden, cuidan o protegen a los agresores. Pero la vileza más cruda, más abominable, más detestable es aquella en que hombres sin escrúpulos ofenden, golpean, lastiman y matan mujeres (un delito que lamentablemente se procura ignorar y ocultar desde el poder) y que pretenden bajo el “amparo de la ley” salir impunes.
En septiembre de 2019 un desconocido entró a la casa de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, rociándole ácido en la cara y en medio cuerpo, provocándole daños permanentes; desde el hospital (donde permaneció durante cinco meses), llamó por teléfono a su presunto agresor Juan Antonio Vera Carrizal para decirle: “Has sido tú, lo sé”.
Semanas después los dos hombres atacantes fueron aprendidos y puestos en prisión preventiva oficiosa y en su declaración ministerial afirmaron que fueron contratados por Vera Carrizal, quien más tarde sería capturado y puesto a disposición de las autoridades y sometido a proceso judicial por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
“Si fue capaz de hacerme esto cuando le dije que ya no quería estar con él, ahora que todas las personas saben lo que hizo, si queda libre, puede atentar contra mí y mi familia”, dijo entonces la saxofonista. La tarde del pasado 21 de enero, el juez Teódulo Pacheco otorgó la prisión domiciliara a su agresor y estuvo a punto de dejar la prisión, por lo que Ríos compartió varias publicaciones en las que asegura que existió un “acuerdo pactado” en una “audiencia maquillada” donde se determinaría si Vera Carrizal podrá seguir su proceso en libertad o se le ordenaba prisión preventiva.
Los temores de María Elena Ríos pudiero cumplirse. Horrorizada, la saxofonista de Oaxaca, presenció la decisión del Juez Pacheco de mandar al agresor a su casa. Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y empresario, con quien la joven mantuvo una tormentosa relación, pasaría en arresto domiciliario su condena. Finalmente no fue así. “Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuémenloTodo”, publicó María Elena en sus redes.
Hoy, el miedo se ha multiplicado, los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género en 25 de los 32 Estados de México. Esa característica legal y la falta de procedimientos con perspectiva de género para juzgar esta violencia abonan la impunidad, porque las penas son menores.
Aunque se pretenda ocultar, lo cierto es que México pasa por una crisis brutal en materia de género; no podemos seguir permitiendo la vulnerabilidad en la cual las mujeres estamos sometidas en nuestro país. Nos están matando y no sólo eso. Mientras los hombres atacan impunemente y se les conceden beneficios como la prisión domiciliaría, miles de mujeres son violentadas, producto de un sistema patriarcal, que a lo largo de la historia consideró a la mujer como objeto de posesión, fetiche o de mercado.
Hace falta entonces juzgar con perspectiva de género, pues, de acuerdo con Saskia Niño de Rivera, las mujeres que cometen algún delito son castigadas hasta con penas de 6 años más que los hombres, y pagan hasta 50 por ciento más por un defensor privado.
La propia Saskia Niño de Rivera reconoció que muchos de los feminicidios se dan en México, porque “el machismo que hay en el país es real, la cultura machista es real y extrema, el patriarcado es violento y eso es lo que esta matando a las mujeres en este país”.
Muestra de ello es el aumento de estas agresiones en los últimos años, dirigidas a lastimar y a “marcar” a las mujeres. En lo que va del año, la Secretaría de Salud registra ya 47 ataques de esta clase. Los casos de Luz Raquel Padilla y una pequeña de 11 años quemada en un albergue -ambos en el Estado de Jalisco- o el testimonio de Liliana Torres, en Nuevo León, o el de la propia María Elena Ríos, en Oaxaca, son solo algunos de los que han tenido visibilidad mediática por el grado de ensañamiento hacia las víctimas. Detrás, hay un panorama todavía más complejo y difícil. Y un debate legal que contribuye a la falta de justicia. De cada caso que se hace mediático y viral hay decenas de los que nadie da cuenta.
El Código Penal Federal establece que “se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible”.
Y precisa que serán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales.
En los siete Estados en los que las lesiones con sustancias corrosivas están tipificados como agravantes, las penas pueden alcanzar hasta 14 años, como es el caso de Baja California Sur, o hasta 40 años de cárcel en Oaxaca.
En dichas entidades la legislación local permite, además, que el factor de género imponga penas más severas. Además de estas dos entidades, el delito está tipificado en Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México. Actualmente, está en discusión en la Cámara de Diputados una iniciativa para agregar esta agravante en el marco de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
A Esmeralda Millán la atacaron con una sustancia que, asegura, no solo era ácido. Lo sabe porque desde 2018, cuando ocurrió, buscó ayuda y encontró a otras mujeres víctimas y sobrevivientes de estos ataques en la Fundación Carmen Sánchez: “Hablando con algunas de ellas, compartiendo los síntomas y los efectos de nuestras heridas, comprobé que las mías habían sido distintas. No respondía a una sola sustancia, estoy segura de que mezclaron varias por cómo reaccionó mi cuerpo al contacto con el agua”, cuenta. Era el 2 de diciembre de 2018, cerca de las seis de la mañana. Esmeralda, que tenía entonces 24 años, salía de casa acompañada por su madre, en el Estado de Puebla, cuando su expareja y también padre de sus dos hijos, acompañado de otras tres personas, las interceptaron y le vaciaron encima un líquido que le quemó la cara, el cuello, el pecho y partes de los brazos y las manos. Todas resultaron quemaduras de tercer grado.
El agresor de Esmeralda permanece en la cárcel desde entonces, a la espera de que se celebre una audiencia intermedia para poder dar seguimiento y llegar a la sentencia condenatoria. Sin embargo, cada vez que se ha intentado llevar a cabo ese procedimiento, algo sucede con la defensa o la situación del presunto culpable y queda trunco. El de Esmeralda es revisado por las autoridades como un intento de feminicidio, algo que es complejo de aplicar en otros casos como este.
La fundación Carmen Sánchez lleva su propio registro ante la falta de datos oficiales sobre cuántas mujeres han sido atacadas de este modo en las últimas décadas. Ellas han iniciado su conteo en 2001: llevan 34 casos, el más reciente es del 1 de agosto, en el Estado de Puebla; de las 28 víctimas mujeres, solo 22 han logrado sobrevivir. La mayoría tenía entre 20 y 30 años de edad. En el 85% de los casos el instigador fue un hombre: cinco de ellos eran parejas y 11 exparejas sentimentales. El 90% de los ataques desfiguró el rostro de la víctima.
Hoy más que nunca es importante visibilizar estos ataques como violencia feminicida, relacionada con estereotipos y con la situación de control, poder y subordinación que son parte de la saña con la que se cometen estas lesiones.
Aprendamos a reconocer, a recordar, a exigir justicia por esas mujeres marcadas de por vida, a las que ya no están, sus historias, sueños, familias y sus esfuerzos, para de esta manera avivar la lucha por vidas libres de violencia contra las mujeres utilizando la memoria como instrumento de rebeldía, poder y justicia.
¡Por ser mujeres… nos están matando!
