México es el país de menor recaudación fiscal entre los países de la OCDE y, por su debilidad fiscal, ocupa los últimos lugares en América Latina. En vez de afrontar este problema con una visión de corto, mediano y largo plazo, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador dilapidó los ahorros públicos (los fondos y fideicomisos fueron saqueados), aplicó un abusivo austericidio en detrimento de los servicios públicos esenciales (salud, agua, seguridad pública, mantenimiento carretero, etc.) y endeudó al país a niveles lopezportillistas. La corcholata designada como sucesora por el dedazo presidencial promete más de los mismo, en un segundo piso de tan descabellado proyecto.
Contra el continuismo en esta materia, México necesita de una reforma fiscal progresiva para que el Estado tenga los recursos suficientes para cumplir con sus fines, particularmente en materia de crecimiento económico e igualdad social. Es imprescindible para garantizar la seguridad pública en todo el territorio, el acceso universal a servicios de salud, ofrecer una educación de calidad y el mantenimiento y ampliación de la política de desarrollo social. La reforma tributaria se requiere para que haya inversión en infraestructura, en ciencia, innovación y para que nuestro país transite a la reconversión con las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la inteligencia artificial. Junto a ello, se deben reformar también las reglas presupuestarias para que el gasto público sea transparente, sujeto a evaluación y a resultados, eliminando la discrecionalidad que el presidencialismo ha ampliado para encubrir la danza de los millones y tapar las trapacerías de los altos funcionarios.
Muchos especialistas en finanzas públicas han planteado estos imperativos y, recientemente, se formó la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), que es una coalición integrada por los organismos no gubernamentales Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Fundación Friedrich Ebert, Fundar. Centro de análisis e Investigación, Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED), de la UNAM.
En su comunicado del 19 de marzo de 2024, la AJF afirma que “no es posible abordar (el) futuro sin una expansión significativa de las capacidades del Estado” y que se debe abandonar la “tendencia histórica de finanzas públicas precarias que ha dado como resultado una educación pública deficiente, una atención médica con fondos insuficientes y fuerzas policiales locales sobrecargadas e incapaces de brindar seguridad”.
La reforma fiscal que propone la Alianza se concentra en el incremento de las tasas impositivas que deben pagar los sectores de más altos ingresos (multimillonarios y grandes empresas), incluyendo el pago de un impuesto por grandes herencias (que no afectaría a las clases medias, trabajadores ni a la población de menores ingresos). También se propone fortalecer las finanzas de los municipios y el establecimiento de impuestos ambientales (que pague más impuestos quien contamine más).
Entre las reformas al gasto público se propone erradicar la manga ancha que tiene el Presidente para modificar el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados (actualmente lo modifica unilateralmente hasta más del 15% y sin rendir cuentas) y que todo lo presupuestado quede sujeto a evaluación de sus resultados. Además, se propone que ninguna reforma legal o política pública podrá aprobarse sin el estudio del impacto presupuestal que ocasione su puesta en práctica.
Adicional a lo planteado por la AJF, convendría promover el encausamiento voluntario de quienes sobreviven en la economía informal (alrededor del 50% de los trabajadores), mediante el ofrecimiento de contraprestaciones garantizadas, tales como el acceso a la proveeduría de las dependencias públicas, servicios gratuitos de salud pública, educación y cultura, y programas de vivienda de interés social.
La campaña opositora debiera retomar y alimentarse de propuestas como la de la Alianza y otros especialistas. Los compromisos ya adoptados (el mantenimiento y ampliación de los programas sociales, el servicio de salud universal y gratuito, la educación de calidad y la inversión en ciencia, tecnología e innovación, entre otros), se reforzarán cuando se explique cómo es que tales proyectos serán financiados con el fortalecimiento de las finanzas públicas.
Cincelada: El voto parejo PAN-PRI-PRD en la CDMX comienza por Santiago Taboada, pero incluye también a la segunda fórmula para el Senado: voten por Vero Juárez, no por la impresentable Godoy.
