México era un país que sabía encarar sus emergencias. Había desarrollado un sistema completo para atender las desgracias que provocan huracanes o terremotos, asistir a los damnificados con rapidez, remover escombros y retirar los factores de riesgo (sanitarios o estructurales) que las catástrofes siempre dejan a su paso. Aún existen protocolos, manuales, planes de rescate, atlas de riesgos, reportes para conocer las necesidades reales y mesas de coordinación para evitar duplicación de esfuerzos y para que cada quien (cada institución) haga lo que sabe.
Pues bien: esto dejó de funcionar en Acapulco.
El Sistema Nacional de Protección Civil -un complejo especializado, catalogado como ejemplar por otros países- fue disminuido y desplazado por una Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que, a su vez, fue extraída de la Secretaría de Gobernación y ubicada en un rincón de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, por debajo de una subsecretaría. Siguiendo el evagelio de la austeridad su presupuesto disminuyó casi 50 por ciento entre 2018 y 2023 para ubicarlo en 161 millones de pesos. En otras palabras: la protección civil, la seguridad humana, descendió al tercer nivel en las prioridades de gobierno.
En estos días aciagos ¿quién hace las tareas que le correspondían a ese Sistema? Por decisión presidencial, regresa a la Secretaria de Gobernación (no la de SSPC como mandaría el organigrama), pero en realidad a más de una semana del huracán, Acapulco sigue siendo gestionado por las fuerzas armadas, entidad que no es muy diestra en coordinar los esfuerzos de respuesta de todas las dependencias de la federación, sumar a los sectores privado, social y organizar la actuación de los gobiernos estatales y municipales. Más bien, el ejército hace lo contrario. “Una cosa es que las fuerzas armadas coordinen la entrega de ayuda humanitaria y otra muy distinta, que coordinen la respuesta de atención a la crisis” como anota la especialista Ana Lucía Hill, pero en esas estamos.
En materia de atención a desastres, México sí contaba con una construcción institucional de décadas, cuyo arranque calamitoso fue el sismo del 19 de septiembre de 1985. Desde entonces se organizó paulatinamente una plataforma de protección civil, con base legislativa, organizativa y financiera; se creó un centro de investigación especializado; se realizaron estudios de riesgos sistemáticos; se formularon programas y diversos medios para la prevención y atención de los desastres. Había una formación continua de funcionarios, expertos en prevención, atención y rescate. Fuerzas de tarea, como las brigadas de salubridad, que acudían al sitio antes de ocurrido el desastre para una respuesta inmediata y, como cereza de ese sistema, se creó un fideicomiso (FONDEN) que permitía dos cosas: contar oportunamente con recursos expeditos para atajar las consecuencias de una catástrofe y no alterar la estructura presupuestal del resto de las instituciones y organismos del Estado. Y esto, como sabemos, también fue destruido durante el presente sexenio.
Resulta penoso ver como el presidente de la república pide al poder judicial que disponga sus fideicomisos para Acapulco; o que reordene la propuesta del presupuesto 2024 reduciendo los recursos a los organismos autónomos, pepenando de aquí y de allá un financiamiento que el país ya había acumulado y que fue dilapidado por la nunca justificada “extinción” de cien fideicomisos.
Hay que concluir, acotando: México sabía enfrentar sus emergencias, pero no sabía prevenirlas y tampoco sabe como reconstruir pasado el desastre. A pesar de la discusión mundial (auspiciada por Naciones Unidas al menos desde 1989) y de los durísimos aprendizajes que México ha desarrollado a lo largo de tres décadas, la respuesta de los gobiernos seguía estando centrada en la gestión de la emergencia y no en la reducción sistemática de riesgos, mucho menos en la organización social y económica para una recuperación mejorada.
Teníamos una visión “emergencista” de los desastres, es cierto, pero fue edificada durante treinta años y era una capacidad real del Estado mexicano. Eso también la hemos perdido.
