El tema de la salud es una de las variables más delicadas e importantes de las tareas de gobierno. Decía Michel Rocard, el socialista francés, que las decisiones más relevantes de quien tiene el poder son las de designar y las de gastar.
En el ámbito de los nombramientos y el ejercicio del presupuesto se encuentra el éxito o el fracaso de los gobiernos y de las ideas mismas de futuro y país.
En nuestro país hemos tenido grandes secretarios de Salud, como Jesús Kumate, Guillermo Soberón, José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivski, por mencionar algunos.
Lograr un sistema atención para la población que sea eficiente, es una agenda pendiente y sobre todo en las zonas marginadas, donde no hay clínicas especializadas y en las que la responsabilidad de recibir pacientes recae en becarios de las carreras de medicina que realizan su servicio social.
El Seguro Popular se estableció como una alternativa para quienes no contaban con acceso a los servicios médicos por no estar inscritos en el IMSS o el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa o Pemex.
Hasta 2018, el Seguro Popular tenía inscritos a 53 millones de personas y se ocupaba de 65 tipos de enfermedad de modo gratuito. Faltaban, sin duda, pero el catálogo era consistente y nada despreciable.
Los padecimientos graves eran financiados por el Fondo de Gastos Catastróficos, evitando situaciones en las que las familias pierden o comprometen todo su patrimonio para poder hacer frente al costo de los tratamientos.
La mayoría de los usuarios se encuentra en los niveles de mayor pobreza. Esto es, era una herramienta de mejora social y progresiva, más allá de las fallas que sin duda existían y de los episodios de corrupción, que sin duda lastiman pero que en modo alguno la definieron.
Es falso que todo fuera un desastre y, por el contrario, se había avanzado y se podía continuar por esa ruta mejorando todo lo que se tuviera que mejorar.
Ahora se quiere establecer un nuevo modelo, el INSABI, cuya premisa premisa central es la gratuidad en los tres niveles de atención en salud.
Esto tiene sus complicaciones y va a ser difícil que se logre, como no sea reduciendo otros programas sociales o aumentando los impuestos.
En la actualidad los Institutos que dependen de la Secretaría de Salud, como Oncología o Nutrición, cobran por sus servicios, pero lo hacen bajo la premisa de que los pagos tienen que ser proporcionales a los ingresos de los pacientes y de sus familias. Esto es, no se cobra igual a un albañil que a un arquitecto, por la sencilla razón de que sería injusto y porque los más pobres serían los que subsidiarían a los más ricos.
El INSABI tiene un enorme reto y para empezar el de comunicar y explicar a quienes tenían Seguro Popular que es lo que pueden esperar y exigir a partir de ahora.
Buena parte de la molestia ciudadana tiene que ver con una autoridad que desmontó toda una red de servicios sin tener un plan para sustituirla. La compra de medicamentos, en general fallida, es un ejemplo de que entre las prioridades no se encuentra en bienestar de quienes acuden a los centros de salud.
Es muy grave lo que está ocurriendo, y lo que puede acontecer, porque se trata de la salud de los mexicanos y, para colmo, los más pobres, los que en teoría tendrían que ser sujetos de atención prioritaria y no carne de cañón para alimentar la condena al pasado, sin sustentar el trabajo en el presente.
