La captura de Nicolás Maduro ha desatado un debate sobre cuál de dos principios es más importante; ¿la soberanía del pueblo o la soberanía nacional?
Desde luego que las dos son esenciales, pero al haber en algunos casos cierta contradicción se han formado dos bandos, cada uno de los cuales privilegia una de estas soberanías.
No debe asumirse este debate de manera maniquea, ni tampoco simplificar cada uno de estos principios del derecho, pues se entremezclan y, desafortunadamente, a veces se contradicen.
Así, la tendencia polarizada es que los defensores de Maduro (es decir, de la dictadura) privilegian la soberanía nacional sin mencionar la violación a la soberanía del pueblo que Maduro ha cometido por años. Es el caso de nuestro gobierno y sus propagandistas.
Del otro lado, los defensores de la democracia y los derechos humanos justifican (al menos en alguna medida) la injerencia norteamericana para tirar al dictador (aunque todavía no a la dictadura). También debe haber matices.
Y es que elegir entre ambas soberanías es un dilema de difícil solución.
Desde mi perspectiva, la captura de Maduro no fue un ataque a la soberanía de los venezolanos, sino a la soberanía del dictador que, repito, violentó por años los derechos y libertades de su pueblo.
Trump no violentó por eso la soberanía de los venezolanos, sino la del dictador.
Pero ¿tiene derecho un país (o grupo de países) intervenir en otro para derrocar a un dictador?
En la interpretación plana de la soberanía nacional, no.
Pero ¿cabe entonces dejar manos libres a un dictador que permanentemente viola la soberanía popular – derechos y libertades- de sus ciudadanos?
Desde luego, muchos dirán ante ello, de manera simplista (como lo hizo el sumiso rector de la UNAM), que es asunto de los venezolanos y toca a ellos arreglarlo.
Sin embargo, cabe recordar que también en el derecho y convenciones internacionales están contempladas las libertades individuales y los derechos humanos de los ciudadanos de los países (al menos de los miembros y los firmantes de esos organismos y tratados).
Si esos derechos son violados por sus gobernantes, ¿no toca a la comunidad internacional, o parte de ella, hacer algo al respecto?
¿Le corresponde a esos países sólo declarar que es un asunto interno y que los ciudadanos reprimidos deben defenderse con sus propias uñas?
De ser así, entonces ¿qué sentido tiene, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, o muchos otros tratados internacionales defensores de las libertades de los individuos?
Sobre todo si esos ciudadanos reprimidos no tienen elementos para remover su dictadura, y por lo mismo, sus esfuerzos legales y pacifistas no tienen – casi nunca – efecto alguno.
Lo ideal sería que una comunidad internacional tuviera mecanismos eficaces para obligar a tales dictaduras a preservar los derechos en su país, o a dimitir.
En tal caso, ¿se justificarían medidas más drásticas? Desde mi punto de vista, sí.
Pongamos un ejemplo; supongamos que en una vecindad un esposo golpea a su mujer e hijos, que se muestran indefensos frente al salvaje.
Los vecinos se enteran pero dicen que el golpeador tiene derecho a eso pues es su familia, y es un asunto privado.
Eso, pese a que las leyes nacionales considerasen un delito la violencia intra-familiar.
Habrá algunos vecinos insensibles que digan que es asunto de la mujer y sus hijos, que ellos lo resuelvan a sabiendas de que no tienen con qué (y suponiendo que no puede ir a ningún otro lado pues no tienen a dónde).
Entonces el derecho del golpeador a hacer lo que le venga en gana, y la “privacidad familiar”, permitirán que dicha situación se prolongue indefinidamente.
¿No se justificaría en tal caso que el Estado, que es un actor externo, interviniera para terminar dicha violencia en defensa de la mujer y los hijos?
Y de no hacer nada el Estado – o simplemente si no funciona -, ¿no debería el conjunto de vecinos hacer algo al respecto? ¿No se justificaría su intervención a favor de las personas golpeadas?
Desde luego, en el caso concreto de Trump es criticable que su injerencia se traduzca en su manejo directo de lo que queda de la dictadura, sin sustituirla por la democracia que devolvería los derechos básicos a los venezolanos, con el objetivo de controlar su petróleo.
En tal caso sí habría una violación flagrante e injustificable de la soberanía, no sólo de Maduro, sino del país completo.
Pero habrá que ver qué sigue en adelante, pues no se descarta que se esté preparando un escenario estable para remover la dictadura y dar paso a la democracia, aunque muchos lo dudan o dan eso por descartado. Ya lo veremos.
