Ayer, los presidentes de México se reunieron por tercera ocasión en Palacio Nacional, acompañados, por vez primera en la historia de las transiciones administrativas, por sus equipos, presente y futuro gabinetes. El tema: el cambio de estafeta en la administración pública federal.
La política y la administración pública caminan de la mano; la segunda se atiene a la primera, pero la administración vive de y para la métrica, es realismo puro, frío, de presupuestos finitos, de información tangible asentada en voluminosos informes auditados; mar de oficios con las firmas estampadas de todos y cada uno de los responsables jurídicos, desde secretarios hasta jefes de departamento, sobre cada decisión, contrato, gasto o inversión pública.
Universo administrativo resumido y ordenado en los llamados libros blancos, que intentan contener todos los procesos cotidianos y extraordinarios del Poder Ejecutivo. Es ahí, en el tamaño de la administración pública, donde se esconden los demonios de la corrupción que, a partir de la política, AMLO ha jurado exorcizar.
“Los acusan de ladrones, no de tarugos”, conseja popular que resume lo complejo. Una cosa es sospechar, incluso saber, y otra, demostrar y castigar. La normativa burocrática, el tamaño del gobierno, brindan refugio a pillerías de todo tamaño y erradicarlas llevará, si se consigue, décadas.
Pero a eso viene el próximo gobierno: a tomar la administración pública para gastar mejor, ahorrar mucho y ayudar más. El desafío es que la política se alimenta de ideas, de aspiraciones para construir el mejor de los mundos posibles.
Los proyectos políticos (electorales) con los cuales el Presidente electo, López Obrador, conquistó el poder, comenzaron desde ayer a confrontar el deseo contra la realidad, la voluntad con la posibilidad.
Con el inicio formal de la transición administrativa, con la entrega y recepción de libros blancos del gobierno y los trabajos para construir, en consenso, el próximo Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, la real administración pública atempera el ímpetu de la política, sus discursos y promesas libres de ataduras, de odiosas métricas.
Sano ejercicio de confrontación que debe arrojar luz sobre muchos de los proyectos de campaña y enriquecer, con sobriedad, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.
¿Hay dinero para pagar pensiones y becas al tiempo de reducir impuestos en la franja fronteriza? ¿Los recortes en salarios y prestaciones, para qué alcanzan? ¿Incorporar el EMP a la Sedena qué repercusiones tiene? ¿Trasladar desde el 1 de diciembre al secretario de Educación, que no a la SEP, a Puebla, cómo impacta en la mejora educativa de los alumnos y laboral de los maestros? ¿Cuántos empleos se perderán al recortar las plazas de confianza del gobierno? ¿La descentralización del gobierno cuánto costará? ¿Alcanza?
Una transición institucional y aterciopelada no evitará desencantos mayores, tampoco rapacidades que deban ventilarse; en síntesis, comienza el aterrizaje. Bienvenidos al mundo de la administración pública, no política.
Este artículo fue publicado en La Razón el 21 de agosto de 2018, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.
