Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (su mayoría de ministros) no quiso importunar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con su plataforma de propaganda electoral (la consulta) al hacer el malabar de cambiar la pregunta por algo que es todo y es nada, ahora se percibe también la clara voluntad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para congraciarse con AMLO emitiendo un “lo que usted diga, señor presidente”. Desde luego, el presidente asegura que nada tuvo que ver, afirmación suficiente para pensar seriamente que sí lo hizo. Pero también podría ocurrir que los magistrados adivinaran por sí mismos cuál era la voluntad presidencial, para lo cual no se requiere ser genio.
Había elementos legales suficientes para reconsiderar el registro a México Libre (en cuyo caso la oposición se hubiera fragmentado aún más en la elección de 2021), y para retirar el registro al evangélico Partido Encuentro Solidario, así como negarlo a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social. Pero todo fue demasiado burdo; no al partido enemigo del Señor Presidente, y registro inconstitucional a sus aliados.
Pero no debe haber sorpresa: este Tribunal se ha distinguido por plegarse a las necesidades del gobierno en turno. Ocurrió con el PRI de Enrique Peña Nieto, pero apenas pasadas las elecciones de 2018, lo hizo con AMLO. Repasemos sólo algunos de los casos más destacados de cómo sus resoluciones están a la medida del poder en turno.
En 2017: elecciones controvertidas en el Estado de México y Coahuila. Hubo en esa elección tarjetas regaladas por el PRI que ofrecían alguna dádiva al elector sólo en caso de que ese partido ganara, lo cual violenta el artículo 209 de la LGIPE, y así lo interpretó el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero el Tribunal, comprensivo con el PRI, no exigió el retiro de tales tarjetas. En Coahuila los resultados fueron muy cerrados entre el PRI y el PAN. Hubo muchos indicios de irregularidades cometidas por el partido oficial en esa entidad y de la subordinación de la OPLE estatal a favor del PRI. Por lo cual, en su momento, el INE determinó que se anulara la elección y se realizara otra extraordinaria, pues así lo permite la ley cuando hay un sobregasto en 5 por ciento y una distancia entre punteros menor a 5 por ciento de la votación. Pero el TEPJF echó abajo esa resolución y reafirmó el triunfo del partido oficial, faltaba más.
En 2018 el INE negó la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, por no haber conseguido el número de firmas exigido por la ley. El TEPJF consideró que “el Bronco”, pese a no cumplir, merecía aparecer en la boleta, y juzgó que el INE no le había dado las suficientes audiencias (sí las hubo, pero el Tribunal dijo que debía haber más). Es que eso convenía al gobierno para presuntamente quitar votos a AMLO en el norte del país.
Una vez que ganó López Obrador en 2018, el TEPJF dio un viraje. El INE determinó una multa al fideicomiso de Morena para ayudar a afectados del sismo de 2017, algo que legalmente no puede hacer un partido político. Hubo pruebas de que dichos recursos se repartieron bajo la marca de AMLO para que sus beneficiarios supieran a quién agradecerlo en las urnas. De nuevo, el TEPJF decidió que dicha transacción era una buena obra, nada ilegal, pese a lo estipulado con toda claridad en la ley en sentido contrario.
Así pues, este Tribunal no se ha caracterizado por decidir sus resoluciones basado en lo que dicta la ley, sino bajo criterios políticos para quedar bien con el gobierno en turno. Así iremos al 2021, en condiciones claramente favorables a Morena, pese a sus conflictos internos y los malos resultados en la crisis sanitaria, económica y de inseguridad del gobierno actual.
