La constante falta de observación a la Constitución, a la ley, así como del acatamiento a las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales y administrativos, que hoy estamos presenciando, están provocando el debilitamiento del Estado de Derecho y el riesgo de su muerte.
La contumaz desobediencia a ellas, incluso de las propias autoridades, lastima la credibilidad en éste. Y cuidado, porque su falta de voluntad y rebeldía para cumplir con sus mandatos, puede incitar a su volatilidad entre la gente, y que se haga acostumbre su vulneración. En otras palabras, que termine convirtiéndose en una conducta y cultura negativa, y que el gobierno no tendría autoridad moral para frenarla y revertirla.
Si la autoridad no respeta la norma y no obedece los mandatos judiciales ni los de los órganos administrativos, pierde autoridad. Si ella no los observa, aunque obligadamente lo tendría que hacer, ¿con que autoridad moral le puede exigir al ciudadano que lo haga? Por eso es obligación de todos hacerlo; pero el gobierno debe ser el primero en cumplir; en poner el ejemplo, para no solo tener la autoridad legal, sino además tener toda la autoridad moral para pedir su cumplimiento.
El Estado de Derecho es la sublimación de la voluntad general institucionalizada y normatizada para vivir bien en libertad, seguridad, unidad, armonía y respeto en sociedad. Por eso, no solo cuidar sino cultivar el Estado de Derecho, es un deber y obligación que necesita de todos; de gobierno y de gobernados para su plena vigencia. También es por eso, que ahora en este renglón se requiere del musculo de la sociedad; del poder ciudadano para salvarlo, a fin de vivir en el sano y civilizado ambiente del imperio de la ley; término genérico en el que se engloba a toda la normativa que compone el marco legal del país.
El Estado de Derecho es una de las instituciones de avanzada más importantes en el mundo y en México, porque es un estadio superior de vida en democracia. A todos sirve y a todos beneficia, porque es lo que da una auténtica y total confianza y certidumbre en el ser y en el deber ser de cada día en sociedad, que es lo que todo mundo busca y procura encontrar y tener.
Por eso el Estado de Derecho democrático no es ni debe convertirse en la aspiración, objeto y fin de un segmento de la sociedad; esto es, solo del gobierno o solo de los gobernados. Si el Estado de Derecho se convierte en algo que solo interese e importe a unos y a otros no, va a morir. Necesita a todos y de todos para no languidecer y sucumbir.
Y es que hoy se percibe un permanente desprecio por la ley, pues se ve con meridiana claridad la desobediencia a la normativa y a las instituciones jurisdiccionales y administrativas que tienen la obligación de hacerlas valer. Hasta pareciera que todo lo que huele a normatividad y a las instituciones que le dan vida, estorban, molestan e incomodan. A veces también pareciera que se quiere o prefiere transitar sin normas ni de instituciones encargadas de su aplicación; esto es, sin que nadie ni nada se interpongan en el caminillo del derecho de la fuerza. A veces igualmente pareciera que estamos regresando a los tiempos históricos de “el Estado soy yo” y que no debe haber norma ni institución que estorben o se interpongan en mi camino. Quizá por eso conscientemente se atropella, socaba y bombardea al Estado de Derecho y a las correspondientes instituciones responsables de hacerlo valer.
La invención del moderno Estado de Derecho o Estado de leyes, se opone al primitivo Estado de fuerza; ese en el que hay más Estado y menos normas y ciudadanos; al Estado que sin freno legal alguno, solo quiere conducirse por la vía de la fuerza. Mientras en ese Estado de fuerza se identifican y recrean enteramente las dictaduras, tiranías y autocracias, el Estado de Derecho solo se incuba en el terreno fértil, bondadoso y grandioso de la sublime libertad y de la democracia.
Tener Estado de Derecho significa que el Estado respeta invariable e irrestrictamente, sin condición alguna, la Constitución y toda la normativa que de ella deriva, así como las resoluciones de los órganos judiciales y administrativos responsables de su aplicación. Es una virtuosa voluntad que nace por sí misma, de los profundos espíritus verdaderamente democráticos y que, por lo tanto, ni siquiera necesitan que se les recuerde el deber y obligación que tienen de cumplirlos.
No maten al Estado de Derecho. Hacerlo, sería volver a la barbarie; regresar a aquel lejano estadio primitivo de la sociedad, donde prevalecía el derecho de la fuerza, y no la fuerza del Derecho. Tenemos que seguir por la senda avanzada, pulida e ilustrada de la autoridad de la ley. Es deber y obligación de todos, o de lo contrario se fragmentará y va a morir. Es un imperativo de todos mantenerlo siempre vivo, sano y vigente.
Nadie en su sano juicio se puede quedar sentado; descansando cómodamente mirando pasar el quebrantamiento de la normativa, así como de los resolutivos legales, porque el Estado de Derecho es de todos y de lo más importante para la normalidad de la vida en sociedad. Y en este sentido el país es primero. De ahí que haya la necesidad de defenderlo y oponerse con energía y pasión a su destrucción, y reclamar su cumplimiento.
No podemos aceptar que se vaya degradando, y menos permitir que se haga costumbre su violación y que se vea como un lugar común; esto es, al grado que ya lo veamos como parte de la normalidad cotidiana en el país, porque esto lo altera, lo maltrata y lo hiere en su esencia, razón y misión para la que se inventó como auténtica forma y estilo de vida educada y culta. Permitir y aceptar su transgresión, propiciaría una mala forma de vida en retroceso que ya pertenece a las sociedades primitivas, lo cual se convierte en anarquía y desintegra a las sociedades. Por eso, ante la agresión que sufre el Estado de Derecho, es deber y obligación de todos contribuir decididamente a restaurarlo.
El Estado de Derecho, que es respetar la ley, debe ser el centro de atención de nuestra vida político social democrática. La alfombra tersa de confort donde podamos convivir y sentirnos mejor para nuestro apropiado desarrollo personal, familiar, comunitario, social y político.
La vigencia y fortaleza del Estado de Derecho no es solo cosa de unos y de otros no. Es un patrimonio valioso heredado de nuestros antecesores, y tenemos la obligación de cuidarlo, cultivarlo y mejorarlo para legarlo en buena salud y mejores condiciones a nuestros descendientes futuros ciudadanos de este país. La completa vigencia del Estado de Derecho necesita de todos, de gobernantes y de ciudadanos, para mantenerse vigoroso y lozanamente vivo. No lo dejemos morir. No permitamos que se nos vaya de las manos. ¿O acaso vamos a dejar morir al Estado de Derecho, que es una de nuestras mayores y sagradas instituciones?