Uno de los temas más relevantes para el futuro del país es la designación del Fiscal General de la República. Esto nadie lo discute, pero hasta el momento ha sido imposible nombrarlo.
Primero se cayó en la patraña del fiscal, en teoría, a modo, y se impidió que Raúl Cervantes, el entonces procurador, llegara al cargo. Se dijo que se violaría la autonomía y que significaba un pase automático. Se rompió un acuerdo político y no se avanzó demasiado.
Después, ante urgencias del momento, se pospuso la discusión hasta encontrar una mejor coyuntura, de ésas que difícilmente existen.
Pero Andrés Manuel López Obrador presentó el lunes a quienes serán su propuesta para encabezar la Fiscalía, si gana la elección.
Como en otros momentos, se impuso en la agenda y se va a discutir sobre los perfiles de Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Juan Luis Alcántara Carrancá.
Un problema, entre otros, es que la ley no le concede esa atribución al primer mandatario.
La designación del Fiscal General de la República está detallada en el Artículo 102 de la Constitución, donde se puntualiza que los senadores integrarán un listado de al menos 10 candidatos a ocupar el cargo, y que esa propuesta será enviada al Presidente de la República, para que de ahí forme una terna que será votada en el Senado.
Si esto no ocurre, el Presidente puede presentar una terna y designar Fiscal de modo provisional, en lo que se toma una determinación. Esto es, la designación es un tema del poder Legislativo, aunque con la participación del Ejecutivo.
Es un procedimiento abigarrado y tiene una alta complejidad, pero se hizo así para evitar, justamente, que el próximo titular de la Fiscalía tenga más presiones de las debidas y que no le deba el cargo a nadie en particular.
Estamos en riesgo, ahora sí, de que se desbarranque la aspiración de la autonomía constitucional.
No hay que engañarse, dotar al Fiscal de la protección y del margen de acción para hacer bien su trabajo, dependerá de que las decisiones no estén atadas al resultado electoral, cualquiera que éste sea.
Porque el desafío no es sólo de perfiles, y aunque los propuestos por López Obrador son abogados de prestigio, o es necesaria una una real autonomía, la que sólo puede provenir del procedimiento que se estipula en la ley.
Si no se toman cartas en el asunto, y los senadores pueden hacerlo, van a posponer una obligación para cuando el ciclo político ya no permita una discusión a la altura de las circunstancias. Nombrar al Fiscal de una buena vez, puede ayudar a la construcción de gobernabilidad democrática, y eso es algo que vamos a necesitar.
Este artículo fue publicado en La Razón el 31 de enero de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
