Los mal llamados “servidores de la nación” dejaron huella en la elección de gobernador de Tamaulipas del pasado 5 de junio, al grado de que actuaron como representantes de Morena en las casillas para apoyar ilegalmente la campaña de Américo Villarreal, el candidato de ese partido, y desde ahí forzar a los beneficiarios de los programas sociales para que votaran en su favor.
Así está documentado, con el soporte de pruebas irrebatibles, en el recurso de inconformidad que presentó la coalición Va por Tamaulipas, elaborado bajo la dirección jurídica del exconsejero Marco Antonio Baños. El estudio mediante el cual se formuló el agravio que comprueba la intromisión del gobierno federal en los comicios tamaulipecos contó con la colaboración de un equipo de cuadros electorales del PRD y del autor de esta columna. Como es sabido, desde el año 2019 el PRD denunció la operación de la burocracia dorada de la 4T que se dedica al clientelismo electoral a gran escala, lo que ya redundó en sentencias definitivas e inatacables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se acreditó la violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución mexicana.
En dichas sentencias consta que la mencionada estructura, con más de 20 mil burócratas, es dirigida desde Palacio Nacional por el propio presidente de la República a través de un coordinador general, los superdelegados que nombró para los estados y coordinadores regionales en cada distrito electoral del país. Comisionados para integrar el padrón de los programas sociales del gobierno federal y entregar los apoyos a los beneficiarios, quedó acreditado que hacen promoción personalizada de López Obrador.
Los días previos a las elecciones locales recientes se conocieron videos grabados en Aguascalientes, en los que los “vividores” amenazaron a adultos mayores con que perderían su apoyo bimestral si no votaban por la candidata oficial a gobernadora. Pero ahora también se sabe que en Tamaulipas llevaron la coacción del voto hasta las mismísimas casillas electorales, pues se comprobó que Morena, el PT y PVEM (que conformaban la coalición oficialista) acreditaron al menos a 38 “vividores de la nación” como sus representantes en casillas ubicadas en 19 de los 22 distritos electorales locales, además de que otros 10 portaron nombramiento de representantes generales, cuya actuación abarcó todas las casillas de los distritos en que fueron acreditados.
Estas conductas se hicieron bajo el mando de Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien a partir de enero del año 2022 ocupa el cargo de superdelegado en aquella entidad. El funcionario federal tiene como subordinados directos a ocho coordinadores regionales, quienes, a su vez, coordinan a grupos de brigadistas que en total suman 400 elementos desplegados en todos los distritos. Esta estructura burocrática es pagada con recursos públicos y cuesta 70 millones de pesos anuales sólo en gastos de nómina y prestaciones, cantidad a la que se deben añadir cuantiosos gastos de operación, sin considerar que también manejan miles de millones de pesos en apoyos que se entregan a 755 mil beneficiarios tamaulipecos.
Junto a los alegatos por la intervención del crimen organizado a favor del candidato de Morena y la ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales, particularmente en los municipios dominados por el grupo “Columna Armada Pedro J. Méndez”, la demostrada intromisión de los “servidores de la nación” en las casillas electorales de aquél estado contraviene los principios de imparcialidad de la administración pública, de equidad en la contienda entre partidos y el de legalidad, puesto que implica el uso indebido de recursos públicos. Tales casillas y la elección toda deben ser anuladas por los tribunales y los magistrados deberán turnar el caso de los implicados para que sean sancionados de manera ejemplar.
Cincelada: el gobierno subsidia las gasolinas para que la inflación no estalle, aunque esta no baja de 8 por ciento. Pero la duda es: ¿cuánto resistirán las menguadas finanzas públicas?
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