La relación binacional no empieza ni termina con Trump, la diplomacia mexicana intenta articular la calma que en otros tiempos nos faltó. Las finanzas nacionales y la política monetaria igual, observando el peso caer, pero los bomberos de Hacienda y Banxico actuarán, dicen, cuando haya fuego grande.
El Presidente Peña Nieto anuncia reunión con Trump, antes del 20 de enero. Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador se espabilaron, ella pidiendo ser proactivos y nacionalistas; él como el líder sensato, maduro, llamando a la calma, a que no cunda el pánico. AMLO huele aromas que benefician su tercera candidatura. Jaime El Bronco Rodríguez vio el burro y se destapó. El populismo goza de cabal salud.
En el gobierno y en el PRI el amplio y poderoso grupo de Luis Videgaray gana, José Antonio Meade se fortalece, el tema económico será “El” tema, se posiciona como candidato pertinente.
En el PAN Zavala sufre por la derrota de la mujer, pero le queda la honestidad como bandera. AMLO festeja la caída del mito, se puede ser incorrecto, opaco y ganar; ideas simples se imponen. El mal humor social se traduce en votos.
Millennials famosos, senadores, influenciadores (como el charro de Huentitán), tendrán que aguantar y callarse cuando en 2018 equivalentes gringos pidan votar por AMLO, o por Zavala o Meade. Hasta camisetas se pudieran poner para la foto del Face, que aquí eso del respeto al derecho ajeno se acabó.
El efímero activismo azteca pro Clinton sirvió para #Hashtags y Trending topics, para nada más.
La trascendencia de una resolución en la SCJN. En su calidad de ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Luis María Aguilar, debe resolver definitivamente la controversia planteada entre libertad de expresión y el derecho al honor de personajes públicos que buscan acallar opiniones que no les gustan o favorecen, interponiendo demandas por un presunto daño moral.
El ministro Aguilar Morales ha sido consistente en su lucha por la transparencia y se ha manifestado para que el acceso a la información pública sea “un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia, herramienta trascendental para la rendición de cuentas”.
Sectores productivos, como el minero, han hecho llamados para que en México impere el Estado de derecho. La incertidumbre jurídica y la inseguridad pública minan la confianza en el país, erosionan el prestigio nacional e inhiben la inversión productiva.
Periodistas y organismos como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos piden que se avance en la protección de quienes informan, tanto en el aspecto físico como en el jurídico.
Preservar las condiciones profesionales mínimas que hacen posible la crítica y la opinión no puede conculcarse bajo falsas premisas de honorabilidad de personajes que lucran en lo público, sin aceptar someterse al escrutinio de nadie.
Este artículo fue publicado en La Razón el 10 de noviembre de 2016, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.
