A pesar de los desaciertos recurrentes de las encuestas electorales, serán protagonistas de primera línea en la elección de 2024. Quien paga no necesariamente manda sobre el resultado que el estudio revela, pero sí en su divulgación si le es favorable, lo que significa que el dinero sí llega a generar una percepción alterna y parcial. Pero no sólo es dinero: las encuestadoras, recientes o de vieja historia, son empresas y, como tales, en México viven no del prestigio por la calidad de los resultados, sino de su relación con el mercado, dominado por el gobierno, lo que beneficia estructuralmente a quien tiene el poder. Es una consideración que no se puede soslayar para la sobreestimación del partido o candidato oficial.
Las encuestas o sondeos de opinión son estudios muy caros, especialmente los que se realizan con estricto rigor metodológico. Las de bajo costo, digitales o telefónicas robóticas, no garantizan una muestra representativa, lo que las vuelve más que cuestionables. Así, es difícil para una campaña financiar una investigación rigurosa y con técnicas metodológicamente aceptables.
Las dirigencias de los partidos tienen a sus encuestadores de cabecera, pero casi siempre los utilizan para efectos publicitarios o sus juegos internos de poder, no tanto para la planeación política o electoral. La realidad es que, a pesar de las importantes prerrogativas que reciben, las organizaciones políticas no han establecido un órgano interno confiable para realizar investigación cualitativa o cuantitativa para sus procesos internos o para apoyar a los candidatos. El caso más cuestionable ha sido el de Morena: su equipo de investigación está sometido a las necesidades políticas de quien manda, además de carecer de transparencia en su desempeño y para el escrutinio en sus resultados.
Debe destacarse que prevalecen la falta de transparencia y, sobre todo, la simulación. Los bajos topes de campaña son una de las causas, lo que conlleva que el gasto que realizan partidos o candidatos por investigación electoral no sea registrado ante el INE. Esto, a su vez, genera una relación indebida entre la empresa y el cliente con implicaciones éticas y legales, además de las fiscales. La magnitud y variedad de los estudios publicados hacen suponer una inversión significativa, pero muy poco de eso está formalmente acreditado e informado. Además, la regulación del INE, un tanto inocua, remite a los estudios publicados, no a los realizados de manera interna por los partidos con recursos públicos.
Lo que podemos ver desde ahora, cuando todavía no han iniciado las campañas federales y locales, es que abundan los sondeos de opinión de intención de voto. Es evidente que las encuestas serán protagonistas y, para el caso concreto, quien más paga también más divulga los estudios que le favorecen. No es nuevo: ha sido la constante desde hace tiempo, con la diferencia de que ahora son los gobiernos de Morena los que invierten en ello y, por lo visto, más como instrumento de propaganda que de información para sus decisiones estratégicas.
Por ahora el reporte de Oraculus, organización que presenta resultados a partir de la suma de encuestas, difunde una clara ventaja de la candidata y del partido oficial. En la última medición de diciembre, los resultados fueron los siguientes: Morena, 55 por ciento; PAN, 19; PRI, 12; MC, 7; PVEM, 3; PRD, 2, y PT, 2. La suma por coalición era de 60 por ciento para Sigamos Haciendo Historia, 33 para el Frente Amplio por México y 7 para Movimiento Ciudadano. En cuanto a los candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum contaba con 61 por ciento, Xóchitl Gálvez con 29 y Samuel García con 10. Este declinó, lo que dejó un escenario muy complicado para su partido.
No todas las encuestas son iguales: las de mayor confiabilidad en cuanto a su financiamiento son las que realizan los medios de comunicación, especialmente las de El Financiero, Reforma y El País. Esto no significa que estén exentas de error o que sean más precisas, sino simplemente plantean una situación no lineal entre la investigación y el interés electoral en competencia. Los medios saben que las encuestas son noticia y muchos de ellos, como es tradición en el mundo, hacen de su divulgación parte importante de su proyecto editorial en el contexto de los comicios. Sin embargo, también hay que precisar que las fallas y la imprecisión las ha acompañado, situación que alude a un problema vinculado con la crisis del paradigma tradicional de la investigación cuantitativa relacionada con la medición de las intenciones de voto.
Existen medios que divulgan de manera preferente encuestas de empresas independientes, como ocurre con El Universal y El Economista. En estos casos las casas encuestadoras mantienen independencia de la organización, pero no queda claro el financiamiento de los estudios, aunque el medio los presenta como si fueran propios. Es interesante el caso del programa Por la mañana, de Radio Fórmula y conducido por Ciro Gómez Leyva, un periodista solvente que ha sido uno de los más entusiastas divulgadores de encuestas. Después del tropiezo de Milenio en la elección de 2018, el comunicador ha difundido resultados de varias empresas, pero sin que el medio o él avalen la metodología o presenten vinculación contractual; simplemente presenta datos conforme los generan otros medios y casas encuestadoras.
SDP Noticias, al igual que El Economista, presenta un tracking periódico de intenciones de voto mediante encuestas digitales, las que han ido ganando presencia por sus bajos costos. Llama la atención que universidades e instituciones académicas no realicen investigación en la materia, aunque en algún momento sí lo hicieron las universidades de Guadalajara y las autónomas de Puebla e Hidalgo. Sin embargo, el reporte de Oraculus revela que en las investigaciones de 2023 no hay una sola empresa o entidad asociada a este tipo de instituciones.
Las encuestas no sólo son imprecisas, sino también erráticas. Este es un problema de los últimos años que ha generado un debate sobre la probidad y el rigor metodológico de las empresas que las realizan. Es una cuestión que se presenta en muchos países y que da lugar a un recurrente debate, tanto que una de las empresas pioneras y más prestigiosas en el mundo, Gallup, decidió no hacer encuestas de intención de voto a partir de la elección norteamericana de 2016. En México ha sido frecuente una considerable distancia entre el pronóstico y el resultado de la elección, como ha ocurrido en elecciones presidenciales, intermedias y de gobernador. Pero el mercado no sanciona: el balance poselectoral no ha significado premio o castigo a quien falla o acierta. Esto significa que no existe en la industria ni en el mercado una urgencia o presión pública para mejorar los resultados.
Las encuestas no tienen poder predictivo, pero tampoco son un invento. Hay una realidad que afecta un aspecto central en la calidad de las respuestas de los encuestados: la confianza. Son tres los aspectos que mayormente contribuyen al rechazo a participar en las encuestas o hacerlo con veracidad: el primero es de larga historia, que es el miedo de los encuestados a que sus respuestas puedan significarle una afectación en los beneficios que obtienen de las autoridades, lo que quiere decir que habrá un sesgo favorable al oficialismo. El segundo, más reciente, es la seguridad: los encuestadores enfrentan dificultades para cubrir la muestra por lo inaccesible de las residencias o por la resistencia de los respondientes a participar en el ejercicio, lo que afecta por igual a la encuesta en vivienda que a la telefónica residencial. El tercero remite a la percepción creciente en la población de que los entrevistadores son parte interesada de la competencia y, por lo mismo, el encuestado se resiste a participar o a responder con veracidad. En casi todos los casos el sesgo de la no respuesta o del engaño beneficia al oficialismo.
Hay otros temas asociados con la confiabilidad de los levantamientos, especialmente la dificultad para identificar a quienes realmente van a votar, ya que la encuesta se realiza a la totalidad de la población y la respuesta sobre si participarán está sobreestimada. En la elección de 2012, en el marco de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto hubo una discusión interna en su cuarto de guerra sobre el tema. Prevaleció la tesis de que la no respuesta era neutral, es decir, de abstencionistas o de personas que votarían igual que aquellos que declaraban su intención de voto. La consecuencia fue la sobreestimación del aspirante priista; hay de recordarse que buena parte de los encuestadores le dieron entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO).La diferencia fue de poco más de 6 puntos porcentuales, situación semejante a la que ocurrió recientemente en la elección de gobernadora en el Estado de México.
Hay alternativas para mejorar los estudios del mercado electoral. Recientemente apareció el libro Switchers S2® El segmento de la orfandad: entre el resentimiento y salir adelante, del reconocido experto Gabriel González-Molina. El estudio es muy sugerente al optar por una fórmula convincente de segmentación del electorado. Su planteamiento enfrenta la superficialidad con la que se ha realizado buena parte de la investigación demoscópica que divulga una ventaja significativa de la candidata oficialista. Lo más relevante es que el estudio no remite a la predicción, sino a la comprensión del votante, de la volatilidad y del potencial de las campañas para modificar escenarios aparentemente ya definidos.
Otros estudios se refieren a la necesidad de asociar los reactivos de intención de voto con los de humor social y evaluación de autoridades. De esa manera se puede tener una mejor medición del sentimiento más poderoso en la actualidad en la definición de la conducta electoral: el descontento. Idealmente este género de estudios debe ser complementado con investigación cualitativa y regionalización. Al igual que el trabajo de González-Molina, su eje es una nueva segmentación del electorado, su objetivo refiere más a la comunicación estratégica y, más que predicción, es una guía para mejorar las campañas. Esta metodología es consecuente con la tesis de que el nuevo elector se caracteriza por una mayor carga emocional, por la que es indispensable una aproximación a este tema. Este nuevo perfil del elector es el que ha puesto en entredicho a la investigación convencional y explica lo errático de las encuestas en México y en el mundo.
A pesar del prejuicio generalizado, las encuestas tienen poca influencia en el resultado electoral; sin embargo, sí tienen efectos importantes en las campañas. Por una parte, inciden en un tema fundamental: el financiamiento. Un candidato percibido con pocas posibilidades de éxito tendrá mayores dificultades para el fondeo de su proselitismo. Cierto es que el patrocinio privado está prácticamente prohibido en México, pero la realidad es que, según los estudiosos del tema, 80 por ciento de lo que se gasta viene de fuentes no declaradas. De acuerdo con Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar en su trabajo Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, “en aproximaciones conservadoras se estima que, en promedio, ¡por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad!”.
El proceso de 2024 se enmarca en una elección de Estado. Esto no es una expresión retórica, sino una descripción de lo que ocurre ante la complacencia de la autoridad electoral y una sociedad indiferente. El presidente interviene de manera recurrente y ha impuesto agenda a su candidata, además de utilizar los recursos del Estado, como el acceso a información fiscal, bancaria y de operaciones financieras, para desacreditar a adversarios o intimidar a sus potenciales adherentes. Como precandidato, Marcelo Ebrard se inconformó por el uso de los programas sociales y de su infraestructura para apuntalar a la favorita de AMLO. Que esto sea apreciado por muchos como parte del paisaje no deja de ser un enorme retroceso en la democracia electoral mexicana.
Lo anterior es relevante por el financiamiento ilegal: la suma de los recursos públicos desviados y los privados que suelen favorecer al proyecto con mayores posibilidades de éxito plantea una situación desigual en extremo. Este entorno es fundamental para entender la manera en que se ha ido construyendo a través de las encuestas la idea de una elección ya definida, además de profundizar el problema del financiamiento ilegal de las campañas electorales.
Por otra parte, las encuestas inciden en los equipos de campaña y en los adherentes que participan en su entorno. Un resultado adverso mina la confianza y, en no pocas ocasiones, genera crisis ficticias. Por esta consideración las campañas deben contar con áreas de investigación confiables y robustas como manera de contener la embestida propagandística del adversario o, en su caso, para revisar con seriedad metodológica los estudios que, sin tener una connotación interesada, plantean un resultado desfavorable.
Finalmente, un aspecto no considerado en los estudios que se han publicado es el referente al impacto que tendrán las elecciones locales concurrentes respecto a las federales. Por primera vez, la elección presidencial tendrá lugar al mismo tiempo que la renovación de prácticamente todas las autoridades de los municipios y alcaldías del país en un contexto de candidatos presidenciales no protagonistas. Esto plantea la hipótesis de que lo que ocurra en el ámbito local tendrá más influencia en lo nacional, situación contraria a la que ha ocurrido en comicios anteriores. Es preciso subrayar que hasta hoy los estudios parten de la falsa idea de una elección presidencial sin influencia de la contienda local.
Para la investigación cuantitativa esto plantea un reto mayúsculo porque en la mayoría del país persiste el voto no diferenciado por elección, aunque no se puede soslayar que las diferencias entre la votación de la elección presidencial, las de legisladores y las locales plantean escenarios sumamente complejos. Así, por ejemplo, un triunfo claro en la elección presidencial no necesariamente se replica en la de congresistas, lo que implica consecuencias de la mayor relevancia política, particularmente si el desenlace significa el retorno del gobierno dividido, característica del mapa de poder nacional de 1997 a 2018.
Las encuestas son un espacio del ejercicio del poder dominado por la propaganda en condiciones de una competencia desigual. Por lo mismo, es predecible que habrá un nuevo desencanto y, consecuentemente, es deseable fortalecer el escrutinio sobre la industria de las encuestas. El INE no es la instancia válida para evaluar sino, si acaso, para opinar. Esta tarea corresponde a la sociedad, a la academia, a los expertos y a la sociedad civil. Son muchas décadas de impunidad y venalidad en el medio. Además, la situación se agrava conforme el encuestador se vuelve sujeto protagónico en la contienda, particularmente por su empleo como articulador voluntario o involuntario de la propaganda política.
Federico Berrueto es Director General del Gabinete de Comunicación Estratégica
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