Dicen que lo perfecto es enemigo de lo posible y en aspectos de política pública aplica a la letra. Son tantos los intereses que hay que conciliar para lograr la publicación de una reforma legal en cualquier tema que toque aspectos relevantes de interés público, que año tras año vemos postergar reformas estructurales que todos los actores ven necesarias, pero que ellos mismos sabotean en cuanto se percatan que su agenda será desatendida o tan siquiera modificada.
Así están detenidas las reformas que necesita el país en materia fiscal, laboral y energética, y aquellas relativas a los medios y las telecomunicaciones no son la excepción.
Las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones fueron reformadas por última vez en 2006, con un intenso apoyo de la industria de la radio y la televisión, y a ello siguió una controversia constitucional promovida por senadores integrantes de la LIX legislatura, que derivó en la improcedencia, por inconstitucionales, de varios de los artículos modificados, dejando un vacío en materia de refrendos de concesiones de radio y televisión, así como una agenda de pendientes -combos, digitalización de la radio, nuevas licitaciones, etcétera- que, paradójicamente, hoy obstaculizan el avance de la convergencia, la competencia y la cobertura en el sector de los medios y las telecomunicaciones.
La razón fue, una vez más, que aun y cuando se conjuntaron las voluntades para lograr dicha reforma (coloquialmente conocida como Ley Televisa), ésta se dio en un periodo eminentemente electoral en el año 2006 y con una votación de carro completo en la Cámara de Diputados y una timorata votación en la Cámara de Senadores.
Lo que siguió es historia por todos conocida. El esfuerzo, aunque exitoso en principio, resultó fallido por que los principios básicos y objetivos del para qué reformar se alejaron del estricto interés público, es decir, la reforma perdió credibilidad y legitimidad. Sólo si todos los actores involucrados (poderes Ejecutivo y Legislativo e industria de medios y telecomunicaciones) anteponen de manera realista el interés público y reconocen que la reforma deberá ser incluyente, podrá concretarse un cambio trascendente en este sector.
Así las cosas, podemos concebir principios básicos que pueden iluminar para qué se requiere una reforma de la legislación en materia de radio y televisión. De ser acordados por los actores involucrados, facilitarían su aprobación al momento de los diferendos:
1. Que anteponga el interés público: la reforma debe tener un sólido fundamento soportado en el beneficio de la sociedad mexicana por encima de los intereses privados y de grupo, haciendo eco a aquella frase que reza: “la reina no sólo debe ser casta, sino parecerlo”.
2. Que promueva la convergencia: debe mostrar clara vocación de presente y futuro, reconociendo que la tecnología cambia y que las bandas de radio y televisión pueden dar nuevos servicios. Por ello debe ser agnóstica, tanto a la tecnología como a los servicios, y resolver de antemano aprovechamientos y derechos a ser cubiertos por quienes exploten las bandas para cualquier servicio conocido o por conocer.
3. Que promueva la competencia: en los hechos y no en los dichos, debe reconocer que no es administrando grupos enanos y pulverizando a los operadores como se logrará una real competencia en beneficio de los consumidores. Se debe apoyar la existencia de más y mejores operadores que deseen inver t i r , así como acotar aquellas prácticas anticompetitivas cuando se presenten en la realidad y no sólo en los conceptos.
4. Que promueva la cobertura: en un país con tantas necesidades de desarrollo, deben exigirse compromisos de cobertura a los operadores de las bandas de radio y televisión en cualquier servicio que provean.
5. Que dé certidumbre jurídica a los inversionistas: en todos los negocios y actividades empresariales quien desarrolla tiene que invertir y lo menos que se le debe garantizar es certidumbre jurídica para que pueda proyectar su desarrollo. De igual forma, en materia de refrendos o prórrogas de concesiones y permisos debe reconocerse la necesaria continuidad para quien invierte su capital y trabajo en crear un proyecto mediático.
6. Que fortalezca los medios públicos: debe reconocer la necesidad de dar viabilidad financiera a una propuesta real de medios públicos que difundan contenidos de calidad e interés para la audiencia, y al hacerlo no debe desnaturalizar su esencia no lucrativa.
7. Que permita la existencia de los medios con objetivos sociales y no lucrativos: debe reconocer el legítimo interés de grupos con objetivos de servicio a la comunidad, no comerciales, y posibilitar su operación, pero cuidando la clara diferencia entre una estación de radio o televisión de carácter comercial de una de orden social no lucrativa. El financiamiento de tipo comercial desvía de su función a las estaciones de radio y televisión de tipo social.
8. Que fortalezca la libertad de expresión: no se puede construir una democracia (en la que los medios de comunicación juegan un papel fundamental), si no se respeta de manera irrestricta la libertad de expresión, bajo la premisa de que es mil veces mejor sufrir sus excesos, que el silencio de su censura. Una reforma de la legislación en materia de radio y televisión debe emanar de principios y valores superiores. Los medios de comunicación juegan un papel demasiado importante en la construcción de la vida democrática del país, como para permitir que sean rehenes de intereses alejados de su desarrollo. Queda en manos de los poderes Legislativo y Ejecutivo el conducirla de manera incluyente; queda al sector privado el no estorbarla. Es por el bien de todos.
Con permiso
“Tienen derecho a existir las comunitarias, más aún, eso es una condición para fortalecer la democracia”. Éstas son las palabras con las que etcétera, en el editorial del número 68, definió su postura frente a este tipo de difusores de radio. Era 2006. Tres años antes, un grupo de estaciones comunitarias integradas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y etcétera demandaron que se regularizara la situación legal de esas emisoras para que continuaran con su función social. Y es que en agosto de 2002, el gobierno federal cerró Radio Jen Poj, de Oaxaca. Un año más tarde, pese a que ya existía la petición de la AMARC, fueron clausuradas La Voladora Radio, del Estado de México, y Radio Santa María, Zona Cero y Radio Grafía, de Jalisco. En noviembre de 2003, la Cámara de Diputados acordó revisar el estatus de las radios comunitarias para promover un nuevo marco jurídico, y exhortó al Ejecutivo a suspender la campaña contra este tipo de estaciones. En junio de 2004, después de intensas negociaciones, el gobierno federal comenzó la entrega de 12 permisos. Pero el marco legal que las incorpore aún no llega. etcétera
Debe reconocerse la necesaria continuidad para quien invierte
su capital y trabajo en crear un proyecto mediático
