La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno de México que ante los diferentes planes de desarrollo anunciados recientemente, se tome en cuenta en todo momento a la población indígena de las comunidades donde estos proyectos se llevarán a cabo.
En un pronunciamiento, el organismo consideró que para tal efecto, es pertinente llevar a cabo consultas libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas; agregó que estos ejercicios deben instrumentarse de conformidad con la legislación nacional y estándares internacionales que norman su debida ejecución. La importancia de esto, apuntó la Comisión, radica en que varios de estos proyectos impactarán áreas de gran valor ecológico y cultural.
“Destaca la región donde se pretende llevar a cabo el Tren Maya, en la que existen diversas áreas naturales protegidas, como los Parques Nacionales Palenque y Tulum, el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, las Reservas de la Biósfera Los Petenes y Sian Ka’an, así como la Reserva de la Biósfera Calakmul, área considerada como la mayor reserva de bosque tropical del país, caracterizada por albergar ecosistemas con gran riqueza biológica y por contener uno de los agrupamientos de zonas arqueológicas de la cultura maya más importantes”, detalla el documento.
Ante ello, el Consejo Consultivo de la CNDH pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador aplicar las recomendaciones contenidas en el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a fin presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión que garantice el derecho a la consulta libre a las comunidades indígenas, con los máximos estándares en la materia.
De igual manera, sugirió ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –Acuerdo de Escazú—, el cual es garante del acceso a la información ambiental y de participación ciudadana ante las decisiones de gobierno que se tomen en este ámbito.
Por otra parte, subrayó que aun antes de iniciarse, algunos de estos proyectos han motivado quejas ante la CNDH y la solicitud de la aplicación de medidas cautelares, como es el caso de la termoeléctrica en Huexca, Morelos y el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Por ello, insistió en que aunque se reconoce la importancia que pudieran tener estos proyectos en el desarrollo de las regiones, su población tienen que ser consultadas.
“El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su respeto a la decisión del Ejecutivo Federal para llevar a cabo proyectos que permiten impulsar el desarrollo de México, y exhorta a que cualquier actividad estatal de desarrollo garantice los derechos humanos de las personas y colectivos que puedan resultar impactados por esos proyectos”, concluye el documento.
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