Las crisis abren la puerta para que se clarifiquen posiciones. La tentación reeleccionista encabezada por Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y la pandilla de legisladores locales que terminan su período en 10 días, ya encontró y por fortuna, resistencias entre diversos liderazgos del propio grupo en el poder y un muy puntual repudio de toda la oposición, la academia y los expertos.
La comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado para que pongan reversa, los diputados y los ayuntamientos, a los cambios en la Constitución estatal, dejando sin efecto el decreto 112 que prolonga el periodo de la gubernatura hasta 2024.
Es difícil que resistan la presión, porque elevaría el desafío al pacto federal y los colocaría en una franca subversión. Tienen el pretexto del tiempo, porque les quedan solo unos días de funciones, pero es difícil que se escabullan y que no paguen el costo, aunque sea moral, por lo que hicieron.
Quizá tendrá que ser la próxima integración legislativa, con mayoría morenista, la que se encargue de deshacer el entuerto.
Caso aparte es el de Bonilla, el que cuenta con toda la protección y a quien no están dispuestos a tocar, aunque sea el autor intelectual de uno de los ataques más contundentes a la Constitución y al sistema electoral.
Sus aliados ya no son los mejores compañeros de ruta, porque Polevnsky está por terminar su presidencia en Morena y en donde el subsecretario Peralta, quien llegó a escribir que no había motivo de controversia porque en las boletas no se indica el periodo para el que se elige a un gobernador, desacreditó a su propia dependencia, donde los encargados de la política interna ya no controlan ni los mensajes de sus altos funcionarios.
Todo ello a pesar de las propias declaraciones de la secretaria, Olga Sánchez Cordero, dejando clara la inconstitucionalidad de la reforma, pero emitidas hasta el jueves y ya avanzado el escándalo.
Si bien la salida que están dando los diputados, y senadores y entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier, Ricardo Monreal y Martí Batres, es la adecuada, no deja de ser una pena que no se proceda para sancionar, con mayor rudeza, lo que es un fraude a la ley a la ciudadanía.
Se debe dejar claro que no se pueden tolerar conductas que burlan el acuerdo constitucional y que inoculan elementos realmente perniciosos a la vida pública y en particular al ejercicio de la política.
Pero el episodio muestra, también, la importancia de mantener a nuestro sistema electoral y a su financiamiento público.
Esto no impide la compra de voluntades, como ya se comprobó, pero sí mantiene abierta la ruta para quienes transitan por el camino correcto.
Ojalá que Baja California sea el principio y el fin de un amago que en nada favorece a nuestra democracia.
